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La pesadilla de Carlos Castro inició en el 2007 cuando el Municipio de Guayaquil decidió expropiar su casa, ubicada en Sucre, entre la 14 y la 15, para realizar obras de “Regeneración Urbana”.

Su propiedad tenía 70 metros cuadrados. El Cabildo le dio a este hombre, de 50 años, 1.705 dólares. “Me indicaron que, si no firmaba, me quedaba sin nada porque la propiedad iba como donación al Municipio. Por eso accedí, ahora estoy arrepentido”.
Castro asegura que no se opone al avance de la ciudad, pero exige un precio justo por la que un día fue su casa.

Ahora alquila en Los Vergeles. “Allí, tan solo un terreno botado, donde no hay servicios básicos, cuesta 4.000 dólares” asegura Carlos, quien no pierde las esperanzas de recuperar lo perdido.

Castro dice que nunca supo qué hacer, a dónde recurrir o cómo impedir la expropiación. Pero Ricardo Cevallos sí acudió a métodos legales.

Su padre es dueño de un terreno de cuatro hectáreas en la avenida Juan Tanca Marengo, donde actualmente funciona el canchón de la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG).Cevallos asegura que cuando el Municipio realizó la expropiación se cometieron una serie de irregularidades.

“Primero se declaró el terreno de utilidad pública para realizar una estación de la Metrovía, esto nunca se hizo, y si se hubiera hecho, se expropia para darle el terreno a una fundación de derecho privado”, explica el afectado, quien cree que esta acción forma parte de un acuerdo entre la Municipalidad y la CTG, por el cual “el primero construye la estación Río Daule frente a la Terminal Terrestre, en el antiguo canchón y ellos construyen uno nuevo”.

Por el área el Cabildo ofreció unos 20 dólares por metro cuadrado, pero la familia Cevallos exigía entre 70 y 90. El desacuerdo nunca se superó en la negociación, por lo que la pelea se trasladó a los tribunales de justicia de la ciudad.

Mauricio Manzaba, asesor inmobiliario de la empresa de bienes raíces Afabir, coincide con el demandante. “En esa zona el metro cuadrado cuesta 70 dólares. Sobre el caso de Castro señala que en esa zona el metro cuadrado está avaluado en 30 dólares y no en 24 como ofreció el Cabildo.También la inmobiliaria AT&S coincidió con esos valores.

“En un primer fallo el juez dictamina a favor nuestro, acepta que el precio es injusto, el Municipio entonces pide una aclaración y el juez, en un hecho extraño e ilegal, se retracta. Apelamos eso y el caso ahora está en segunda instancia”, narra Cevallos.

Gustavo Serrano, abogado del afectado, asegura que con la expropiación se violaron preceptos constitucionales que ordenan el “pago de un precio justo”.

Además, cita que el terreno expropiado se utilizó para un fin ajeno a lo que indicaba la resolución del Concejo Cantonal. “Si la familia quisiera, se pudiera impugnar ese hecho, pero eso es un proceso que duraría más de cinco años y mis representados no quieren eso”, afirma el jurista.

Bajo la jurisdicción del Ministerio de Vivienda está la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros (Dinac), la entidad encargada de colocar los precios a los terrenos que serán expropiados. Sin embargo, Geovana Erazo, directora de la Dinac, asegura que desde 1996 los municipios tienen autonomía en ese aspecto, “por esa razón muy de repente, los Cabildos piden a la Dinac realizar avalúos”.

Pero al mismo tiempo Erazo indica que entre las funciones de la Dinac está  “hacer el avalúo de los bienes, tanto del Estado  como de los privados, pero también tienen la facultad los municipios de hacer sus propias evaluaciones”.

La subsecretaria de Ordenamiento Territorial, Mabel Almiña, coincide con Erazo sobre las autonomías municipales. Aclara que los avalúos de la Dinac sí son comerciales porque “tenemos peritos que averiguan todo, cuánto ofrece el Cabildo, la plusvalía, etc...”.

Ella indica que actualmente la Dinac trabaja en 10 zonas en todo el país en obras que ejecuta el Gobierno Nacional, “como el proyecto Carrizal Chone que afecta a 1.800 predios, otros 60, en otras 70”. Sin embargo, no hay una cifra nacional de cuántas expropiaciones en el país se realizan porque cada entidad lleva su propia cuenta.

Pero no solo los municipios realizan expropiaciones, una entidad como el Ministerio de Transporte y Obras Públicas realiza este procedimiento en tres manzanas en Durán, para construir el cuarto puente de la Unidad Nacional.

Eduardo Solís vive en la cooperativa Aire Libre y es uno de los afectados. Tiene una villa de 160 metros cuadrados donde a la vez funciona su taller mecánico. “La primera cantidad que me ofrecieron fue de 7.000, luego 9.000 y ahora 12.000 dólares, pero yo pido entre 20.000 y 25.000”, cuenta el morador.

Ante lo que consideran injusto, los vecinos se han unido y aseguran que nadie firmará “hasta que todos estén satisfechos”.

Incluso han colocado en la fachada de sus hogares letreros en los que piden valores reales y justos.

Sobre este caso, Almiña aseguró que la Dinac no ha avaluado estos terrenos “porque el Ministerio no ha solicitado nuestros servicios”.