Hace una semana la Mesa 7 de Régimen de Desarrollo de la Asamblea Nacional Constituyente aprobó el articulado referente a Política Económica. Uno de los artículos prohíbe la privatización del agua.

César Cárdenas, presidente del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, está de acuerdo con esta iniciativa y añade que la nueva Carta Magna debería garantizar un acceso mínimo de agua a los pobladores para que conozcan que toda condición de vida amerita un consumo sostenido siempre.

Cárdenas es un firme opositor de la privatización de los servicio públicos. “En este momento en Guayaquil hay 32.000 familias que tienen cortado el servicio de agua por falta de pago”, dice, y agrega que esa no es la solución para que paguen pues se coarta un derecho vital.

El también secretario general del Observatorio Latinoamericano del Agua afirma que la población debe involucrarse en las entidades de servicios básicos, “debe haber veedurías que frenen las injusticias de parte y parte, tanto de los usuarios como de las empresas públicas y privadas”.

La postura que defiende la Asamblea también fue impulsada en el IV Foro Mundial del Agua que se desarrolló en México y que estableció que “el acceso al agua limpia debe ser reconocida como un derecho fundamental”, es decir que debe estar reconocido  en los estatutos de cada nación. El dictamen fue apoyado por representantes de 140 países.

Sin embargo, la iniciativa que apoya Cárdenas y que se discute en la Asamblea desató un debate en Guayaquil, donde la administración del agua la posee Interagua.

Si la Constitución se aprueba con esta disposición, Interagua deberá abandonar Guayaquil, ciudad con la que firmó un contrato por 30 años. Para evitar esto, Ilfim Florsheim, vocera de la entidad, viajó hasta Montecristi a exponer lo hecho por la compañía en sus ochos años de trabajo.

Ella indica que cuando la empresa se hizo cargo del agua, en el Puerto Principal había 1’350.000 personas con acceso a este servicio. Hoy esa cifra está en 2’100.000.

Otro de los beneficios, indica, son los costos. “La tarifa promedio en el 2002 era de 0,51 centavos, hoy es de 0,48”, agrega. A nivel nacional, el presidente Rafael Correa, mediante decreto ejecutivo, el 15 de mayo del 2008 transformó el Consejo Nacional de Recursos Hídricos en la Secretaría Nacional del Agua.

El pasado 5 de junio, Día del Medio Ambiente, Correa posesionó a Jorge Jurado como secretario nacional del agua.

El funcionario asegura que una de sus tareas será garantizar el acceso al agua como “un derecho humano y ciudadano de los ecuatorianos”.

En ese sentido, aclaró Jurado, no se permitirán nuevas privatizaciones de agua y en las ciudades donde existen estas concesiones “se vigilará que el agua llegue a todos”.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el país hay 1’796.069 viviendas en el área urbana, de estas poco más de un millón y medio se abastecen del líquido vital a través de cañerías y el resto lo hace por medio de pozos, tanqueros o ríos.

La situación es peor en el área rural. En este sector hay  1’052.019 viviendas. Únicamente 419.404 se abastecen de agua por una red pública, las demás lo hacen por ríos, pozos o tanqueros.

Además, la Coalición Internacional para el Hábitat levantó en mayo pasado un estudio sobre la infraestructura básica de la vivienda y determinó que en el país uno de cada tres hogares no tiene acceso al agua potable.

Betty Delgado es una de las personas a quien se le vulnera ese “derecho fundamental”. Ella experimenta todos los días esta realidad en  su residencia en el Valle de los Geranios, atrás de Los Vergeles.

Allá no hay agua potable, por eso debe comprarla a tanqueros y paga ochenta centavos de dólar por un tanque. “Es bastante y la cuenta de agua mensual para mí es muy cara”, dice la moradora quien sueña con que llegue a su sector el agua en tuberías.

También existe un estudio elaborado por la Universidad de Buenos Aires sobre la situación del agua en América Latina. “En la región viven 498 millones de personas, 26 millones de ellas en el área urbana no tienen agua, otros 51 de la zona rural están en la misma condición”, denuncia el documento.