En julio del 2006, Paco Peñafiel terminó de pagar la entrada de su casa y la constructora prometió entregársela en noviembre del mismo año. Hasta el momento, él no ha recibido lo acordado: su villa de dos plantas ubicada en Valle Alto, urbanización situada en vía a la Costa.

“Al comienzo me decían que se iba a demorar, que me espere, que tenga paciencia”, relata. Él la tuvo y, por su parte, consiguió un préstamo hipotecario con el que pagó todo su inmueble, a finales del año pasado, a la constructora. “Desde diciembre mi casa está pagada al 100%, pero no la tengo todavía”, se queja.

El caso de Paco no es ajeno a la realidad de otros ecuatorianos. El año anterior en las Defensorías del Pueblo de 21 provincias se receptaron 89 denuncias contra constructoras e inmobiliarias. Incluso 5 de estos casos son colectivos y agrupan a 140 personas.

En Guayas es donde más casos se receptan. Allí se registraron 52 denuncias en el 2007 y en lo que va del 2008 ya llevan 23. Según Pablo Neira, abogado de la entidad, el incumplimiento de los contratos es la causa más común para acusar a las constructoras.

“Les prometen una fecha de entrega y no la cumplen. Hacen esperar semanas, meses e incluso años a los que han pagado por su casa”, declara el abogado. Para él, lo que afecta a los compradores, es el tipo de contrato. Antes existían solo los de compra-venta y de entrega de obra. Ahora existen opciones de contratos que perjudican al comprador.

“No puede haber contratos en los que el proveedor no tenga una fecha de entrega del inmueble”, recalca Neira.  Carlos Zambrano, secretario de la Defensoría del Pueblo, coincide con él y agrega que esto ocurre porque muchos contratos son preelaborados y depende de la compañía y el comprador saber negociar las cláusulas para que existan acuerdos equitativos.

La ausencia de esta negociación provoca que, en su mayoría, los contratos favorezcan a los proveedores. “En el contrato hay cláusulas penales aplicables por multas en caso de que una de las partes incumpla, pero casi siempre la constructora se beneficia de ellas”, explica.

Un total de 89 denuncias por incumplimiento receptaron las defensorías de 21 provincias en el 2007.

Para aclarar su postura, Zambrano ejemplifica y dice: si un comprador pagó la entrada de su casa, luego no puede continuar con el pago y decide que quiere que le devuelvan el dinero; la constructora accede, pero solicita que le otorgue un porcentaje de ese valor por los gastos administrativos que generó el cliente. “El problema es que los valores ascienden hasta el 30% del precio total de la casa y los compradores son obligados a pagarlo”, explica.

Ana, quien prefiere ocultar su apellido por temor a represalias, fue perjudicada por una situación similar. En el 2004 comenzó a pagar las cuotas de su futura casa y completó la entrada de esta el año siguiente. Febrero del 2006 era la fecha de entrega del inmueble según el contrato, pero incumplieron y ella empezó a dudar.

“Había rumores de que la urbanización iba mal, entonces pedí que me devolvieran el dinero. Ellos ni vacilaron en aceptar el trato”, cuenta. Hace un año le entregaron un documento que confirma el compromiso de devolverle alrededor de US$ 8.000. Pero ella los sigue esperando.
 
Patricia Mendoza también dice haber sido estafada por la misma constructora que Ana. En el 2006 dio la entrada de la casa, pero tras un año de espera no hubo avances en la obra, así es que pidió la devolución de su depósito.

Hasta hoy le deben US$ 13.500, y asegura que la constructora le propuso devolverle una parte del dinero; sin embargo, ella teme que luego no le entreguen el resto y prefiere esperar a que puedan regresarle la cantidad total.

El terreno donde debió ser construida su casa, la segunda etapa de la urbanización Lagos de Daule, sigue baldío. Este diario visitó el lugar y constató que solo hay vegetación en el sitio. 

Ernesto Plaza, gerente de proyectos de la urbanización, dice que la entrega definitiva de las casas de dicha etapa, se hará el 15 de agosto. Y para quienes esperan su dinero agrega: “aspiramos a que esta semana se proceda a realizar las devoluciones”.

Pero Zambrano de la Defensoría recalca que para evitar estos hechos, los compradores deben conocer la Ley de Defensa del Consumidor para protegerse. El artículo 17 establece que entre las obligaciones del proveedor, están entregar una información veraz y completa de los bienes. “Todos estos detalles deben estar explicados en el contrato para evitar abusos”, dice.

Por su parte, Paco Peñafiel, con la ayuda del abogado Neira de la defensoría, pudo fijar un acuerdo con la constructora. “Prometieron asumir el pago de los 4 meses que llevo cancelando al préstamo hipotecario”, comenta. Pero hasta el momento la constructora también le incumple el pago.

Este diario intentó comunicarse durante 4 días con Alfredo Mancheno, gerente general de la Inmobiliaria Bella María S.A, encargada de Valle Alto, pero no respondió. 

Para que estas irregularidades por parte de las inmobiliarias no continúen, Silvia del Campo, abogada civil, aconseja a los ciudadanos ser responsables con lo que firman. Es decir, que lean el contrato detenidamente y aprendan a negociar para que los acuerdos no los perjudiquen.

Ella recalca la importancia de solicitar asesoría legal desde el comienzo. “Aquí no hay la cultura de pedir ayuda jurídica por precaución, sino que esperan a que ocurra un problema para solicitar la asistencia”, opina.