¿Hay coincidencias entre la Asamblea Constituyente y el sistema universitario, en los cambios en la educación superior?
Lo que plantea la Mesa de la Asamblea (2% del PIB para educación superior, más 1% para ciencia e investigación) no es lo que hemos planteado, que es que se mantenga el Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (Fopedeupo), con una participación del 10 por ciento de la recaudación del IVA y del impuesto a la renta; y que a eso se le sume lo que la Mesa plantea.

¿El Gobierno cumple con lo que debe entregar?
La entrega de los recursos del 10% del IVA y de la rentas se está cumpliendo y muy puntualmente; en estos últimos meses el Gobierno nos está entregando los valores adelantados.

Pero ¿qué es lo que más les preocupa?
Es que en la Ley de Equidad Tributaria estos fondos pasaron a una transitoria y en un documento jurídico; y lo que está en transitoria es algo inestable. Nos preocupa que en algún momento alguien nos diga que ya pasó la transitoriedad. Allí es donde surge el texto de la Mesa 1 que dice: el 2% del PIB y el 1% para la ciencia y la investigación. Pero queremos que haya algo definido en el texto constitucional.

A ustedes como sistema universitario también les preocupa su autonomía ¿por qué creen que esta desaparecería?
Somos el Sistema Nacional de Educación Superior. Eso está en la Ley Orgánica de Educación Superior y nos preocupa que al organismo que regule, coordine, planifique y controle el sistema de educación superior, que en este momento es el Conesup, se lo esté definiendo en términos muy generales. Queremos que haya un  organismo planificador y coordinador del sistema de educación superior, pero con una identidad y que sea autónomo del Ejecutivo y de cualquier otro poder para que las universidades tengamos libertad de acción para decidir nuestros pasos, sin que esperemos una disposición gubernamental.

También les preocupa la gratuidad de la educación superior, que es otra propuesta de la Asamblea Constituyente...
El Gobierno  tiene que saber cuánto tiene que darle a las universidades y escuelas politécnicas frente a la gratuidad de la enseñanza, porque si la gratuidad significa que el estudiante no va a contribuir para matrícula, ni para derechos para graduarse, ni para los derechos de exámenes de recuperación, eso lo tiene que asumir el Estado. Las universidades se financian con eso.