Las reformas a la Constitución promueven un sistema incluyente y con mayor rigor académico.
La primera vicepresidenta de la Asamblea, Aminta Buenaño, está complacida con las reformas que se hicieron en el articulado de educación superior. “A mí, como maestra universitaria, me encantan estos artículos porque con ellos se garantizan la gratuidad y la excelencia académica”.
Su satisfacción contrasta, en cambio, con el escepticismo de rectores universitarios y directivos del Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup). Para ellos, hay temas que no están bien definidos, como la autonomía y el mecanismo que tendrá el Estado para financiar la gratuidad de la educación superior pública.
Si la nueva Constitución es aprobada, la educación en las universidades públicas del país será gratuita hasta el tercer nivel; es decir, los cursos que corresponden a maestrías, diplomados, entre otras especialidades, sí podrán ser autofinanciados.
El presidente del Conesup, Gustavo Vega, afirma que si se da la gratuidad se tiene que compensar la autogestión en la Constitución, porque si no hay eso se corre el riesgo de que nuevamente se deteriore la universidad pública.
“Queremos que al Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (Fopedeupo), que es un porcentaje del impuesto a la renta, se lo constitucionalice”, insiste.
Jaime Abril, miembro de la Mesa 1 de Derechos y Garantías Fundamentales que redactó las reformas, dice que los cambios evitarán que la educación se convierta en una mercancía, por eso también las entidades privadas tendrán la obligación de crear becas, entregar créditos y garantizar calidad.
“Se ha dado libertad en el manejo de aranceles y costos; pero los centros particulares también son parte del sistema de educación superior y tienen derechos, pero el Estado les exige ahora que esos cobros también sirvan a favor de sus estudiantes”, indica.
Ante el temor de los rectores de las universidades públicas, Abril apunta que ellos están preocupados porque se garanticen los recursos necesarios para financiar la educación. Por ello señala que buscan reunirse con el presidente Rafael Correa para concretar los porcentajes del Producto Interno Bruto (PIB) que serán destinados a este sector y asegurar la cuota estatal para la enseñanza.
“Estamos seguros de que el Gobierno, y el Presidente van a apoyar para la educación con el 6% del PIB y particularmente para la educación superior con el 2%”, manifiesta.
Otra de las preasignaciones que esperan incluirse, será la del 1% del PIB para el desarrollo de la investigación científica . “El país necesita investigación y en Ecuador estamos casi en cero”, indica.
Otra novedad es la creación del Sistema Nacional de Educación Superior, que regulará los temas concernientes a universidades, como lo hace actualmente el Conesup.
“Estará en coordinación con la Secretaría Nacional de Planificación, para que no se haga educación en forma aislada”, explica Jaime Abril. Con la creación de este organismo, que será autónomo –especifica el asambleísta– se mejorará la calidad y acreditación de las instituciones de educación superior, carreras y programas a todo nivel. “Este sistema no lo podrán integrar las instituciones que están en proceso de regulación, actualmente lo hacen, muchas veces”, apunta.
Mientras que Buenaño también resalta que el sistema garantizará el rigor académico pues “se exigirá que todos los profesores universitarios tengan cuarto nivel”. Además, dentro de este organismo estarán integrados los institutos superiores tecnológicos, técnicos, y conservatorios. Explica que “estos también podrán ser creados por resolución de la institución de planificación, regulaciones y coordinación interna del sistema, que antes no existía. Incluso se tendrá el informe de la institución en la que se indique la calidad del sistema, y de la Secretaría Nacional de Planificación”.
Pero la creación de este organismo también preocupa a las autoridades universitarias. Fidel Márquez, rector de la Universidad Tecnológica (Ecotec), expresa que si se crea un ente que supla al Conesup se acabará la autonomía universitaria, porque se empezarían a dar lineamientos y parámetros que intervendrían en el interior de la vida universitaria. “La universidad tiene que rendir cuentas a la sociedad y no a entes burocráticos”, dice.
Con este criterio coincide Gabriel Galarza, rector de la Universidad de Bolívar. “La autonomía es fundamental y básica en las universidades y con la creación de un ente, a manera de ministerio, dependerían de lineamientos que se originarán del Estado central”, sostiende. Y de allí que surgió la necesidad de acudir a Ciudad Alfaro esta semana.
Pero Buenaño, quien también forma parte de la Mesa que redactó los artículos, destaca que sí se mantiene la autonomía. Incluso, anota, “la fuerza pública no podrá ingresar a la universidad, el orden será responsabilidad del rector y se le dará apoyo solo si lo pide”. También se incluye en los artículos que el Presidente no podrá clausurar universidades ni privarlas de las asignaciones presupuestarias o retrasar sus transferencias.
Los artículos se encuentran en segundo debate y es la Mesa 7 la encargada de la revisión de los cambios. Se espera que la próxima semana sean sometidos a votación.