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Hoy se celebra el Día Mundial del Refugiado y Ecuador llega a esta fecha convertido en el país latinoamericano con mayor cantidad de personas en esta situación, un sitial que ocupa seguido por Costa Rica, Venezuela y Panamá. Y al que llegó, en gran parte, debido al conflicto interno de Colombia.
Esto según la Oficina Nacional de Refugiados y el Acnur.

También ambos organismos estiman que en la frontera norte existen 50.000 colombianos que necesitan refugio. En el resto del país esa cifra llega a los 180.000. Pero oficialmente se les ha dado la visa únicamente a 18.000. La razón de esto es que solo hay una oficina para su atención en Quito, aunque hoy, con la presencia del presidente Rafael Correa, se abrirá otra en Lago Agrio.

Aun así la situación de los extranjeros que requieren protección por parte del Estado necesita ser revisada, al menos así lo indican estudios y organizaciones no gubernamentales que trabajan con el colectivo.

Proyecto Aseler es una organización que brinda asistencia legal gratuita a los inmigrantes que necesitan la visa de refugio. Michelle Arévalo-Carpenter, presidenta del organismo, asegura que “en algunos aspectos Ecuador está mejor que EE.UU., en otros, peor que Ruanda”.

Ella cree que se debe garantizar el acceso a los derechos básicos: educación, salud, trabajo y vivienda. “El Estado se olvida de eso”. También indica que Ecuador recibió el año pasado felicitaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur, por sus siglas en inglés) pero “eso fue para incentivar al país a que continúe con sus esfuerzos, lastimosamente se consiguió lo contrario”.

Arévalo-Carpenter aclara que los refugiados no necesitan un tratamiento especial sino que se cumplan los derechos básicos de acceso al trabajo, la educación o la salud. También agrega que se “necesita abrir el proceso de otorgamiento del estatus de refugiado, hacerlo más transparente porque ahora es oscuro: no hay veeduría o juez que garantice el debido proceso. Cuando se decide si se da o no una visa de refugio se decide el destino de esa persona”.

Proyecto Aseler forma parte de la organización “U.S. Comité for Refugees and Inmigrants” (Uscri). Esta ONG presenta hoy un informe mundial en el que establece los aspectos positivos y negativos de cada país en cuanto al refugio.

En el apartado sobre Ecuador la organización ve con preocupación que en 2007 “el país deportó a por lo menos siete individuos con calidad de refugiados o de solicitantes de refugio. En octubre, se reportó que funcionarios militares retornaron a algunos de los cientos de colombianos que entraron al Ecuador tras la actividad de violencia registrada en el departamento de Putumayo”.

Guillermo Robayo también alerta sobre el problema. Él es director del Servicio Jesuita  a Refugiados y Migrantes (SJRM). “La mayoría de las personas que necesitan refugio no gozan de ese estatus ya sea por ineficacia del Estado ecuatoriano o por desconocimiento de ellos mismos”, explica Robayo.

El SJRM emitió un estudio titulado “Radiografía del Refugio en Ecuador 2007”. Ese documento tiene una postura muy crítica contra el Estado porque  “el tema del refugio no es prioritario en la agenda política exterior ecuatoriana (...) y se deja de lado el drama humanitario”.

Pero aquí sí existe un ente encargado de este tema. La Oficina Nacional de Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores es el organismo responsable de velar por los extranjeros en estado de riesgo.

Alfonso Morales, director del departamente de refugiados de la Cancillería, indica que una de las prioridades del Gobierno es fortalecer esta dependencia “por eso se abrirá la oficina en Lago Agrio”. El funcionario añade que “Ecuador es un estado líder en cuanto al respeto de los migrantes, tanto con los nacionales que abandonan el país como con los extranjeros que ingresan”.

El marco legal que regula a los refugiados en el país se basa en el decreto ejecutivo 3301 que data de 1992 de la presidencia de Rodrigo Borja. Para Robayo y Arévalo-Carpenter ese decreto está desactualizado “porque fue hecho pensando en la guerra interna del Perú y los conflictos en Centroamérica”.

Morales reconoce esta situación aunque asegura que más grave aún es el caso de la Ley de Extranjería de 1971. “Se deberían cambiar los plazos para otorgar el estatus de refugiado; a veces son muy cortos y otros muy largos”, aduce.

Juan Carlos Faidutti, experto en Derecho Internacional, aclara que Ecuador, por ser signatario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, está obligado a recibir a los extranjeros que necesiten ayuda. “Si en la frontera norte un militar, impide el ingreso a un colombiano que necesita refugio, entonces el país viola el Derecho Internacional. Ni siquiera se les puede pedir algún tipo de documento o identificación”, explica el ex embajador.

Para Faidutti, el país debe solicitar ayuda económica de la comunidad internacional y de la Acnur para que se hagan corresponsables de la situación.

De hecho, la Oficina de Refugiados trabaja con Acnur, especialmente en la frontera norte, donde hay albergues preparados para cualquier desplazamiento masivo.

Aunque Martha Juárez, representante en Ecuador de la Acnur, reconoce que el organismo no cuenta con los fondos necesarios para ayudar a todos los refugiados, señala que “en la frontera norte hay albergues y un plan de contingencia ante desplazamientos masivos como ya ha sucedido antes”.