Ecuador impulsará un frente latinoamericano común para rechazar la ley de expulsión de inmigrantes irregulares de la Unión Europea (UE).

Así lo dio a conocer, el presidente de la República, Rafael Correa, en una entrevista en radio Sonorama, en Quito, donde afirmó que, a su criterio, las normativas de la Unión Europea son ‘’una barbaridad’’ y ‘’una vergüenza’’, pues criminalizan la migración.

“Uno se siente muy impotente porque es el doble discurso y la doble moral de los países desarrollados, que les exigen muchas cosas (a los inmigrantes) y que se aprovecharon de nosotros”, manifestó.

Para el Primer Mandatario, las nuevas políticas son “una verdadera vergüenza para esa Europa que antes era una Europa de luces’’ y fustigó la doble moral de los países desarrollados.

‘’¿Con qué calidad moral se puede sostener una globalización que cada vez busca más la libre movilidad de mercancías, la inmediata movilidad de capitales, pero criminaliza la movilidad de seres humanos?’’, enfatizó el Presidente, quien anunció la solidaridad del Gobierno con los compatriotas que viven en Europa.

Correa se preguntó “¿que habría pasado si América Latina hubiera adoptado esa directiva con los españoles que tuvieron que salir forzosamente de su país? ¿Se imaginan cuánto sufrimiento habría causado esa directiva?”.

Añadió, entonces, que en los próximos días iniciará una acción a nivel regional para presentar un frente común a nivel andino-sudamericano “para protestar frente a esta acción y atentado contra el derecho humano y, si es posible, dar respuestas concretas porque unidos somos mucho más fuertes y podemos exigir nuestros derechos”.

Reiteró ayer que el objetivo final de su Gobierno frente a la situación de la migración es lograr que nadie más salga de su patria. Según cálculos del Gobierno ecuatoriano, alrededor de tres millones de compatriotas residen fuera de su país, la mayoría en Estados Unidos, España e Italia.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló sus preocupaciones y objeciones por el contenido y alcance de la indicada directiva, que “constituyen un retroceso frente a las políticas sobre migración que tienen algunos países europeos”.

Los países de la Comunidad Andina enviaron una comunicación a la UE en la que señalaron las consecuencias negativas  que la directiva de retorno podría ocasionar para los más de 3  millones de inmigrantes de origen andino que residen en el territorio europeo.