El Parlamento Europeo (PE) aprobó ayer sin enmiendas el proyecto de directiva de retorno de inmigrantes irregulares que establece que los “sin papeles” pueden ser retenidos hasta un período máximo de 18 meses mientras se tramita su repatriación.

La Eurocámara sacó adelante el texto con 367  votos a favor de los partidos derechistas, 206  en contra,  entre ellos el bloque de los verdes y la Izquierda Unitaria (los dos grupos más críticos con la directiva) y 109 abstenciones.

La normativa fue rechazada por varios gobiernos latinoamericanos y asociaciones hispanas de inmigrantes que buscan formar un frente común para demandar a la UE la revisión del  proyecto, que entraría en vigor en 2010.  

Sin embargo, la delegada de la Comisión de Asuntos Políticos de la Unión Europea en Ecuador, Iciar Rodríguez, aseguró a este diario que la directiva no puede ser revisada y que, una vez que ha sido aprobada, “no se puede dar marcha atrás”.

“Esta ley ha sido fruto de un largo proceso de tres años de debates. Iniciamos en 2005 y ahora que se ha logrado una homogenización en las políticas migratorias de los 27 países miembros de la UE la norma no puede ser revertida”, explicó la delegada en referencia a la protesta de los países latinoamericanos que rechazan la directiva europea.

“Nos vemos  desamparados por los gobiernos... Sería importante que haya una condena a esta política migratoria”

A criterio de Rodríguez, se ha creado “una alarma injustificada” en torno a la nueva ley migratoria, pues explica que muchos países ya tienen normas para controlar los flujos migratorios y “aunque unos son más estrictos que otros, no es algo nuevo”, agregó.

La directiva, que dota a la UE de un marco común para gestionar la expulsión de los indocumentados, establece un período de siete a treinta días para que los inmigrantes abandonen el país de forma voluntaria.

Además, fija el período máximo de retención en 6 meses, que pueden ampliarse a 18 en casos excepcionales para quien no coopere o cuando haya problemas para obtener la documentación de países terceros.

Una vez deportados, los indocumentados sufrirán también una prohibición de hasta cinco años de duración para entrar legalmente en territorio comunitario.

La asistencia jurídica, que empezará a regir desde  2013, será gratuita según estipulen las leyes de cada país, y la ayuda en las apelaciones a las decisiones de expulsión solo se dará cuando haya posibilidades reales de éxito.

La  Comisión Europea prevé la creación de un Fondo Común Europeo de 680 millones de euros para atender los casos de deportación, para los cuales se fijará un límite de gastos.

Para la Comisión Europea, la directiva supone un “primer paso” hacia una política de inmigración común y acaba con la posibilidad de retención indefinida de los irregulares que existen en varios países de la Unión.

En cuanto a los menores no acompañados, se acepta la posibilidad de que puedan ser devueltos a tutores que no sean familiares directos o a instituciones de atención a menores de su país de origen. También se contempla la posibilidad de que sean detenidos en centros de internamientos hasta que se tramite la deportación.

Respecto a este punto, Rodríguez explicó que la detención de los menores no acompañados se fija como último recurso, ya que se precautela que ellos permanezcan junto a sus familiares, ante todo. “Mientras estén internados, se les garantiza el acceso a la alimentación, servicios de educación y salud”, señaló.

En una entrevista con El Telégrafo, el vocero de la Asociación Hispana Ecuatoriana Rumiñahui, con sede en Madrid, España, Wladimir Paspuel, condenó la  directiva e hizo un llamado a los gobiernos para que lideren un frente común en defensa de los derechos de los inmigrantes en Europa y Estados Unidos.

“Nosotros nos vemos en cierta medida desamparados por los gobiernos. Sería importante que existiera una condena a esta política migratoria y que los presidentes de todos los países afectados por esta ley aprovechen la XVIII Cumbre Iberoamericana de presidentes que se realizará en octubre para expresar su rechazo”, mencionó.

Paspuel anunció que hoy varias asociaciones de inmigrantes con sede en España sostendrán una reunión con el ministro de Trabajo español, Celestino Corbacho.