El Telégrafo | Noticia

Las universidades del país están obligadas a mantener un sistema de evaluación de cuentas y establecer una mayor cantidad de vínculos encaminados al servicio social, según señala la Ley Orgánica de Educación Superior.

El artículo 29 de dicho reglamento indica que uno de los órganos colegiados que los centros de educación superior deben conformar es la Comisión de Vinculación con la Colectividad, cuyos fines, organización, integración, atribuciones y deberes son normados por el estatuto vigente.

Actualmente los centros educativos coordinan acciones con las dependencias públicas y estatales para desarrollar proyectos con dicho objetivo.

Liliana Correa, docente investigadora de la Universidad Técnica Particular de Loja, indica que el instituto trabaja en convenio con la Corte Superior de la provincia, en donde los estudiantes de la Facultad de Derecho brindan asistencia legal gratuita a las personas que acuden al organismo.

“También realizamos un monitoreo permanente de la administración de justicia; si una denuncia ha recibido el debido proceso o hacer llegar los datos a la Corte Suprema de Justicia”, afirma Correa.

Mariana Granda, coordinadora del proyecto de estadísticas de delitos que la Escuela Superior Politécnica (Espol) desarrolla desde 2005, indica que asisten al Ministerio Fiscal del Guayas en el monitoreo de las denuncias que se reciben en la entidad.

“Hay cinco dependencias en el ministerio que no cuentan con un departamento de estadísticas y nuestros estudiantes se encargan de recolectar los datos de manera periódica, aunque lo ideal sería que las dependencias públicas cuenten con su propio departamento de monitoreo de la cantidad de documentos que ingresa”, acota Granda.

En la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) se tomó la iniciativa de crear un observatorio ciudadano-académico, que haga el seguimiento del monto y la calidad del gasto ambiental, así como del cumplimiento de las estrategias ambientales nacionales y del objetivo 7 de los ODM (Objetivos de Desarrollo del Milenio).

Raúl Daza, decano de la Facultad, explica que en julio del 2007 se inició la actividad del proyecto Observatorio de Política Ambiental (OPA), que trabaja sus análisis a partir de las cifras oficiales que facilita el Ministerio de Economía y Finanzas.

“El objetivo es generar y facilitar a la ciudadanía y especialistas una información técnica de manera sostenida y periódica, que aporte en la construcción y evaluación de las políticas públicas ambientales a nivel nacional, regional y local”, afirma Daza.

La Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil cuenta con un espacio en Teleradio, en el que los estudiantes monitorean las necesidades de la comunidad.