Centenares de personas del sector minero, de defensa del manglar, entre otras organizaciones sociales, se reunieron en Quito para expresar sus intenciones de lucha en la defensa de los recursos naturales del Estado.

Marianeli Torres, coordinadora de la Corporación Nacional de Defensa del Manglar, Condem, afirmó que el sector llega con una propuesta para la recuperación de 150 mil hectáreas de manglar que fueron afectadas por la industria camaronera. Adicionalmente, exigen que se formalice el derecho al trabajo de los pescadores y recolectores artesanales del sector.

El documento se envió a la ministra coordinadora de Patrimonio Natural y Cultural, Doris Solís. Si embargo, fuentes de esa cartera de Estado negaron que se tenga previsto una reunión con el grupo.

Torres señaló que en un primer acercamiento con la Secretaria de Estado, el sector manifestó la ilegalidad del Decreto 1391 emitido el pasado 15 de octubre por el presidente, Rafael Correa, con el que se pretende regularizar la situación de cerca de mil camaroneras ilegalmente ubicadas en la zona y que afectaría a más de un millón de personas que viven de la pesca y la recolección artesanal.

A decir de la representante, el decreto sería una práctica reiterativa en el país, “le dijimos a la ministra Solís que se cometía una ilegalidad, ya que esta es una vieja estrategia de la industria para obtener tierras, que se ha realizado en otros gobiernos”.

Durante la reunión, la Ministra se habría mostrado abierta al diálogo; sin embargo, el gremio se negó a un nuevo acercamiento si antes no se deroga la normativa.

Adicionalmente a la propuesta gremial se suma un manifiesto a través del cual expresan su inconformidad. La Condem exige que el Gobierno respete los derechos de los pueblos ancestrales del ecosistema manglar, explicó Máximo Cangá, promotor del organismo en Esmeraldas.

El documento lo responsabiliza “por  los conflictos sociales que se desaten, contra los pueblos del manglar”.

El primer vicepresidente de la Comisión Legislativa y Fiscalizadora, César Rodríguez, indicó que los documentos que presenten tanto el sector minero como el referente a la derogatoria del decreto 1391, deberán ser analizados”.

No obstante, la asambleísta Martha Roldós, de la RED, subrayó la poca apertura que ha mostrado la Comisión.

“En esta asamblea solo se recibe a los empresarios y no a todos los ecuatorianos”, dijo.