Petroproducción mantiene pendientes algunos casos de contaminación por derrame en la Amazonía; 29 en el pozo Auca, 16 en el Sacha en la provincia de Orellana; 25 en el Libertador, 20 en Lago Agrio y 5 en Shushufindi, provincia de Sucumbíos, según datos proporcionados por el Ministerio de Minas y Petróleos.

“Existen cientos de familias que viven en una situación de extrema pobreza y en medio de la contaminación”, afirma Luis Yanza, coordinador de las comunidades involucradas en el caso Texaco, compañía petrolera estadounidense que operaba en Sucumbíos y Orellana.

Yanza afirma que pese a que un informe pericial dictaminó que las pérdidas ocasionadas por la compañía podrían ascender a 8 mil millones de dólares, la comunidad está consciente de que el daño causado es incalculable  e irreparable.

Un informe del Ministerio refleja que durante el 2007 en el campo Sacha se derramaron cerca de 3 mil barriles de petróleo, y en el Libertador alrededor de 2 mil durante el 2006. En tanto que en el primer semestre de este año se registran 74 casos en 8 campos, en su mayoría provocados por fallas técnicas.

Mónica Mendoza, coordinadora del proyecto de Vigilancia Ambiental de la Prefectura de Orellana, coincide con esta idea y agrega que el denominador común de los derrames de crudo es la falta de infraestructura de calidad. “Las empresas operan con las mismas instalaciones deterioradas que dejan otras”, dice.

A esto se suma la deficiencia en el manejo de las compañías que hacen la remediación. Este proceso debe emprenderse inmediatamente después del daño; sin embargo, la comunidad espera meses para que se inicien los trabajos, “a veces solo se pone tierra encima y no se hace una apropiada remediación”, explica Mendoza.

Este proceso es largo. “Duraría unos 6 años reparar los daños ocasionados por derrames de crudo”, afirma Eduardo Cevallos, representante de la Unidad de Mitigación y Remediación de la Vicepresidencia Ambiental.

Ante a estos hechos, el Ministerio del Ambiente firmó un acuerdo con el Frente de Defensa de la Amazonía a fin de recuperar los pasivos ambientales. En una primera etapa que se desarrollará este año se hará una evaluación y el levantamiento de la información que indique cuáles fueron los daños que sufrió la región amazónica por los trabajos industriales que hay en la zona, además de la reubicación de 25 familias que resultaron afectadas, principalmente por el derrame de Chevron Texaco. El documento tiene una vigencia de cinco años, explica Ermel Chávez, presidente de la organización.

El Frente de Defensa trabajará como supervisor de la reubicación de las familias y la reparación de los pasivos ambientales. También de cooperar con recurso humano e infraestructura.

Este acuerdo forma parte del Plan de Reparación Ambiental y Social (PRAS) que impulsa el Ministerio del Ambiente y cuya inversión es de más de 30 millones de dólares con los que se prevé beneficiar a cerca de 15 mil ecuatorianos.

Vigilancia Verde inspecciona los campos para verificar que no existan daños y se realicen los trabajos de reparación. Junto con  la comunidad ejerce presión sobre las compañías para evitar que haya más contaminación. La entidad capacita a la población sobre los riesgos y cuidados frente a estos factores contaminantes. Generalmente la comunidad colabora, pero a veces las compañías les brindan beneficios y eso impide las acciones.