En Ecuador, 400 personas trabajan por la conservación de áreas protegidas a través de la Alianza Ecuatoriana para el Turismo Sostenible (AETS), que se conformó en junio 2007 y que involucra a diferentes  instituciones, nacionales y extranjeras, como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que realizó una inversión aproximada de 3 millones de dólares.

La labor de la alianza, que beneficia a 7.000 personasde diferentes comunidades, apunta a la preservación de las áreas protegidas, para lo cual cuenta con el apoyo del Ministerio del Ambiente y del Ministerio de Turismo en el área de su competencia.

Este programa abarca otros países como Etiopía, Egipto y Mali, es Ecuador el primero en el que se desarrolla bajo la modalidad de piloto.

 
El proyecto, que se extenderá hasta el 2009,  se basa en lo turístico en cinco componentes: competitividad, turismo de conservación, acceso a mercados, comunicación, coordinacón y redes, e incidencia política, afirma Pablo Santillán, coordinador de comunicación y redes de la AETS.

Se aplica en las reservas: Cuyabeno y Yasuní; Cotacachi – Cayapas,  Manglares Churute, Chimborazo, Cayambe Coca; el corredor Papallacta – Chaco – Oyacachi; los parques nacionales Cotopaxi, Machalilla y Galápagos (este último solo para la  creación de normativas y plan de trabajo).

El área de competitividad, trabaja para mejorar la capacidad de negocio de las comunidades locales, con el fin de que  ofrezcan un mejor producto de turismo sostenible.

El turismo de conservación dicta talleres de capacitación a la población para que sepan cuándo el visitante se convierte en una amenaza y se busque un equilibrio.

Con respecto a mercados se trata de integrar a los empresarios locales en las estrategias para vender los atractivos naturales.

En el área de comunicación, coordinación y redes se busca  fortalecer de la comunicación entre la población y el sector privado, se da apoyo a las comunidades en cuanto a la elaboración de planes de negocios, definición de atractivos turísticos, entre otros.

El componente de incidencia política trabaja en lo relacionado a normativas públicas para “que las comunidades puedan establecer un negocio bajo un reglamento sin afectar las áreas protegidas y determinar así el rol de los municipios”, dijo el representante de la AETS.

En la parte ambiental se fortalece el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). “La mayoría de los turistas extranjeros visitan estas zonas que ocupan más del 18% del territorio nacional y estarían dispuestos a pagar una entrada”, afirma Santillán.

Édgar Rivera, coordinador de áreas protegidas del Ministerio del Ambiente, afirma que “para el manejo de las áreas existe un marco regulatorio con una ley forestal y normas legales relacionadas con la parte turística”.

Además, el Ministerio posee un estudio de necesidades de financiamiento y un análisis de valoración de turismo en áreas protegidas.

Su aporte se basa en proveer de recursos técnicos y humanos. La selección de las zonas de trabajo se basó en los niveles de visitas, facilidad de acceso, representación geográfica, servicios de cada área y las comunidades vinculadas con la zona a fin de mejorar su calidad de vida.

En el país, entre otras estrategias, se proyecta el Plan de Acción de Turismo Sostenible para la Áreas Protegidas, orientado al diseño e implementación de modelos alternativos para la autogeneración de recursos en esas zonas.

Según Miriam Piray, técnica de la Corporación para el Desarrollo Comunitario de Chimborazo, “los habitantes  lo ven como una oportunidad para impulsar el desarrollo sostenible”.

Una muestra es la comunidad Pulinguí, San Pablo, en esa provincia,  que cuenta con el Centro de Turismo Comunitario Casa Cóndor, que ofrece la visita a sitios naturales y culturales acompañado de guías naturalistas capacitados para brindar el servicio de calidad que espera el turista.