Dos proyectos buscan disminuir el impacto ambiental generado por la actividad minera y petrolera.
Los procesos de extracción hidrocarburífera y minera no solo dejaron secuelas negativas en lo económico, sino también en el medio ambiente y afectaron la salud de las poblaciones asentadas en los alrededores. Desde marzo, un equipo de expertos trabajan en la creación de las bases técnicas y jurídicas para determinar la institucionalización de la reparación ambiental a través de dos proyectos que promueve el Ministerio del ramo.
Miles de ecuatorianos se beneficiarán directamente con el proyecto que incluye el “Plan de Recuperación Ambiental y Social” (PRAS), que fue presentado por el Ministerio en este mes, y el “Sistema Nacional de Pasivos Ambientales”, que van dirigidos a los impactos generados por las actividades petroleras y mineras de responsabilidad del Estado y a los impactos ocasionados por los seres humanos, que acumulados en el tiempo, afectan en forma directa su calidad de vida y en general, a los ecosistemas, incluyendo a la vida silvestre y acuática, respectivamente.
Guido Mosquera, coordinador general del PRAS, explica que el objetivo principal es revertir las pérdidas ambientales provocadas por los procesos de extracción hidrocarburífera en el país, y que se realizaron sin dejar compensaciones o remediación de ningún tipo en cuanto a los daños causados a las poblaciones aledañas y a su entorno.
“Estos son los denominados pasivos ambientales y para su reparación se efectuarán actividades de gestión técnica, administrativa y financieras de proyectos a nivel nacional”, indica el cOordinador.
Dentro de este proyecto se incluye la conformación de un método de seguimiento y evaluación basado en participación de la ciudadanía y el establecimiento de un sistema de información nacional, a fin de conocer cuáles son las áreas sensibles y cuál es su situación para crear una canalización adecuada de los recursos.
El PRAS ejecutará planes, programas y proyectos que fortalezcan las capacidades locales (gobiernos provinciales, instituciones y sociedad civil) para la prevención de nuevos daños ambientales y sociales asociados a la industria del petróleo y la minería.
La recuperación de cada uno de los componentes ambientales y sociales que estén degradados a causa de estas actividades serán reparadas hasta alcanzar un estado inicial estable y autosuficiente.
Las gestiones del PRAS y el Sistema Nacional de Pasivos Ambientales involucrará a otros ministerios
La Amazonia es la región donde más se registran enfermedades infecciosas, pulmonares e incluso cáncer, según Mosquera. “El agua está contaminada con los residuos industriales de asentamientos petroleros. Las zonas que se reconocen como sensibles son: Joya de los Sachas, Shushufindi, Lago Agrio, Coca, Sucumbíos, Esmeraldas (refinería) y Santa Elena”, afirma.
En estas áreas se trabaja en la dotación de agua segura -que no contiene bacterias peligrosas, metales tóxicos disueltos o productos químicos dañinos a la salud- para el consumo humano.
De manera adicional, se realizan gestiones para recabar datos sobre el Sistema Nacional de Pasivos Ambientales, que servirá para determinar y cuantificar los daños ocasionados, y emprender los procesos de remediación.
El plan del Ministerio del Ambiente, cuya inversión es de 33 millones de dólares, constituye una estrategia que articula políticas locales y regionales que será plurianual. Además,e involucra a los diferentes ministerios a fin de buscar soluciones también ante los efectos sociales y lograr que se convierta en una política de Estado integral.
El 90% de los ingresos está destinado a proyectos de reparación social y ambiental, para lo cual se establecieron alianzas con los ministerios de Defensa, Cultura, Desarrollo Urbano y Vivienda, y Minas y Petróleos, así como Petroecuador y el Frente de Defensa de la Amazonia, que se encargará de los planes y reubicación de los pobladores que habitan en zonas altamente contaminadas (pueblos y nacionalidades indígenas y afroecuatorianos).
La etapa inicial tendrá una duración de 5 años.
El personal encargado de la ejecución del PRAS establecerá los procedimientos específicos de control operativo interno, para la entrega de las obras.
Dentro de esta entidad existen tres componentes como el de reparación ambiental, que se refiere a reversión propiamente dicha del patrimonio natural, a través de la cual se busca una reparación integral.
Asimismo se espera conseguir un sistema nacional de información sobre pasivos ambientales de acceso público, con ubicación geográfica y que permita establecer estándares mínimos de remediación.
También está el programa de reparación social que se enfoca en las comunidades ubicadas en las áreas en las que se desarrollan actividades económicas de baja sostenibilidad, con el cual se prevé establecer proyectos compensatorios que mejoren las condiciones de vida de las poblaciones afectadas en zonas donde existe actividad minera y petrolera de responsabilidad estatal.
Finalmente, el programa de infraestructura social ambiental pretende brindar asistencia técnica permanente a las instituciones, ONG’s, gobiernos locales y organizaciones sociales que tienen incidencia en las áreas de intervención, en el diseño y ejecución de obras.
De igual forma, a mediano plazo se prevé implantar actividades orientadas a la agroindustria, crear bases legales que obliguen a las compañías a tener buenas prácticas ambientales e impulsar procesos culturales, a través de la creación de museos para rescatar la memoria histórica.