Los socios de negocios de Microsoft en Ecuador aseguran que las ventas marchan bien, pero desde hace cinco meses tienen una preocupación que los hace pensar en cifras a la baja: El Decreto Ejecutivo 1014, promulgado por el presidente Rafael Correa, que  autoriza el uso del “software libre” en los sistemas y equipamientos informáticos de las empresas estatales. 

Se entiende por software libre a los programas de computación que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permiten su acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones pueden ser mejoradas sin la compra de nuevas licencias.

El decreto fue emitido el 10 de abril de 2008 y publicado en el Registro Oficial 322, el 23 del mismo mes, acogiendo una recomendación de la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, realizada en Chile, en Junio de 2007, informa el subsecretario general jurídico de la Presidencia de la República, Vicente Peralta.

El funcionario explica que el interés del Gobierno es alcanzar la soberanía y autonomía tecnológica, así como un significativo ahorro de recursos públicos en la compra de soluciones informáticas.

Pero los socios de Microsoft ven el decreto como una amenaza para sus negocios. “Nos afecta porque el sector privado es más restrictivo en las inversiones,  mientras en el sector público, cuando las empresas tienen más funciones, empiezan a tener más servicios y a contratar más soluciones, pero si usan el software libre el volumen de inversión obviamente decrecerá”, menciona el presidente de Compuequip Dos, Raúl Reyes.

 “Es un golpe muy fuerte
 para los propietarios proveedores de software”

Agrega que la medida “es un golpe muy fuerte” para los propietarios proveedores de software, como los de Microsoft.

Javier Merino, presidente del Grupo Más, otro socio de la multinacional, asegura que el software libre a largo plazo no significa un ahorro, porque  “la consultoría para instalar las soluciones es mucho más cara, hay poca gente que puede hacerlo y conoce bien de estos programas”. Agrega que es correcto que se piense que se pueden usar estas soluciones de manera eficaz y a bajo costo, pero la diferencia está en que no hay a quién solicitar asistencia técnica en el momento de un daño, lo que sí se ofrece con el software con propietario.

“En un mundo como el nuestro, nadie hace algo bien si no recibe un rédito”, dice Merino al indicar que la nueva política  informática lo obligará a redireccionar sus estrategias de ventas.

Indica que Microsoft tiene soluciones sobre software libre, pero son ventas más difíciles de mantener. Entonces -explica-  se plantean dos opciones: una es la masificación de software, que traerá mayores ganancias, pero el problema es que hay que armarse de un mayor número de personal, porque no hay una versión final de los programas, y la otra, continuar abriendo mercado en otros países, señala Merino.

El subsecretario general jurídico de la Presidencia de la República menciona que la intención del Gobierno no es ir contra nadie, sino que todos los procesos del Estado estén seguros, tengan continuidad y no dependan de una firma. “No nos interesa las confrontaciones entre los monopolios informáticos”, sostiene. 

Anuncia que las entidades públicas  empezarán paulatinamente a utilizar en sus nuevos procesos informáticos el software libre y solo en casos en que tales programas no suplan por completo las necesidades requeridas se utilizarán los software con propietarios. Señala que el portal gubernamental www.compraspublicas.gov.ec fue diseñado con un paquete de software libre creado por técnicos ecuatorianos con una inversión de $1 millón, mientras que Brasil compró el suyo a Microsoft por un valor de $50 millones.