¿Usted está de acuerdo con la continuidad del proceso de cambio liderado por el presidente Evo Morales Ayma y el vicepresidente Álvaro García Linera?...¿Usted está de acuerdo con la continuidad de las políticas, las acciones y la gestión del prefecto del departamento...?

Ambas preguntas forman el cuestionario del referendo revocatorio al que hoy 4´090.711 bolivianos responderán en las urnas  de  ocho de los nueve departamentos bolivianos para ratificar o rechazar al Gobierno y a ocho prefectos, salvo el de Chuquisaca, Savina Cuéllar, quien recién juró su cargo el mes pasado.

Sin embargo, desde que el Senado aprobó la consulta popular -el pasado 12 de  mayo- esta se ha visto rodeada de incertidumbres por peleas jurídicas, huelgas de hambre, guerras verbales, denuncias mutuas entre el Ejecutivo y la oposición, y enfrentamientos (entre opositores y la Policía), que dejaron un saldo de dos muertos y más de 30 heridos a inicios de semana.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, quien fue impedido por opositores de ingresar a cuatro  ciudades (Tarija, Sucre, Santa y Trinidad) para cerrar su campaña electoral, definió sus problemas para trasladarse como una “dictadura civil que atenta contra la democracia”.

Desde el Palacio de Gobierno en Bolivia, el vocero presidencial, Iván Canelas, señala  a El Telégrafo que lo que los prefectos pretendieron hacer fue generar “todo  un  proceso de violencia, asumiendo medidas de presión y cerrando aeropuertos con gente pagada, que no sobrepasó las cien personas”.

Resalta -entonces- que la ciudadanía rechaza este tipo de actitudes, cuyo objetivo principal es evitar que hoy se realice el referendo.  Denuncia -además- que la oposición tenía planeado tomarse las cortes departamentales electorales para boicotear la consulta, organizar un golpe de Estado civil y exigir la renuncia del Presidente.

Positivo en sus declaraciones, Canelas afirma que la población  ha hecho “una clara demostración de que hay que ir a las urnas y aquello significa la profundización de la democracia que vive Bolivia”.

Aclara que los resultados del referendo serán calculados con lo aprobado por el Congreso. Es decir que, para que el mandato del Presidente y Vicepresidente sea revocado, será necesario que la votación en su contra sea superior al 53,7% que lograron en 2005, según la Ley del Referendo Revocatorio.

La misma norma servirá para los prefectos. Bastará que los votos contrarios superen el porcentaje que lograron en los comicios pasados, que oscilan entre el 38 y 48%.

Sin embargo, la Corte Nacional Electoral (CNE) asumió una decisión polémica al fijar que el límite mínimo para que un prefecto sea revocado debe superar el 50%.

Desde Santa Cruz, el departamento más rico y extenso de Bolivia, el principal opositor de Morales, el prefecto Rubén Costas, quien cumple una huelga de hambre, enfatiza que tiene claro que lo que se realizará hoy es “totalmente ilegal e inconstitucional y que hay un fraude preparado”.

Precisa que es un referendo único y enfatiza que existe una confusión entre lo que el Gobierno pretende imponer y lo que el presidente de la Corte Nacional Electoral trata de hacer “lavando su imagen”. 

“Nosotros (él y otros gobernadores) hemos decidido ir a las urnas. Estamos totalmente confiados de que vamos a ganar. No puedo saber con cuál de los porcentajes al fin de cuenta se van a poner de acuerdo. No está en mí definir eso”.

Canelas -por su parte- señala que el Gobierno se regirá con la ley aprobada por el Congreso. “La Corte no emite leyes, quien emite leyes es el primer poder del Estado  y el primer poder del Estado es el poder legislativo”.

Según una de las últimas encuestas realizadas por el grupo Captura Consulting a 2.100 personas en las nueve regiones del país y publicada por el diario boliviano El Deber, el Mandatario sería ratificado con un 54% de respaldo.

El sondeo registra -además- que el prefecto autonomista de Santa Cruz, Rubén Costas, obtendría un 74% de respaldo; su homólogo y aliado de Beni, Ernesto Suárez, el 64%; y el de Tarija, Mario Cossío, un 58%.

En tanto, el funcionario de la región de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, que se opone a la consulta y ha decidido no votar hoy, se encuentra en la incertidumbre porque sus votos favorables y los contrarios están empatados en un 48%. La encuesta tiene un margen de error del 2,1%.

Desde su oficina del Congreso en La Paz,  el senador opositor de la fuerza Poder Democrático y Social (Podemos), Tito Hoz de Vila, considera que, desde diciembre del año anterior, se vive un ciclo de irregularidades en Bolivia con la convocatoria y realización de referendos de cuatro departamentos que quieren sus autonomías (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, conocidos como “Media Luna”).

Hoz de Vila sentencia que después del domingo, la situación política del país no será superada, sino que al contrario se “agravará”, ya que la pugna entre Mandatario y prefectos va más allá de las urnas. “El Presidente se acoge a una reforma del Congreso que los prefectos descalifican y al contrario se apegan a la resolución de la Corte Electoral. En este contexto, lo que se viene el lunes será una confrontación de poderes que ahondará la crisis nacional”.

Pero siendo más contundente, el senador precisa que el proceso del referendo revocatorio de mandato es “ilegal”, porque no se establece esa figura en la Constitución de la República. “En la Constitución de Bolivia no tenemos esa figura legal para cesar en funciones ni al Jefe de Estado ni a prefectos ni a ninguna autoridad elegida por votación popular, de tal forma que es inconstitucional”, añade.

A este criterio se suma el opositor Rubén Costas. El prefecto cree que la consulta no va a solucionar nada, y recuerda que los gobernadores le propusieron al Mandatario en una carta pública buscar una reconciliación nacional, un pacto social, pero Morales no lo aceptó y “prefirió ir a ese referendo que obviamente no va a solucionar nada”. Manifiesta -además- que eso es parte de la estrategia de este gobierno, de distraer al pueblo, “cuando el verdadero problema que hay es el fracaso de su nacionalización”.

El vocero presidencial, Iván Canelas, por su parte, deja la duda de que con tanta violencia, el referendo se empantane, pero destaca que la decisión que tome el país deberá acatarse.

Sin embargo, agrega que si el Mandatario no es respaldado en la consulta, se irá, pero la lucha continuará desde otros escenarios políticos. “Desde las bases, desde los sectores sociales, es lo que se pretende hacer. No quiere decir que en caso de que el Presidente sea derrocado, nos vayamos  a nuestras casas y nos olvidemos de todo. Esto es  una lucha revolucionaria”.