No tiene las barbas canas, los cabellos frondosos y descuidados ni los lentes de carey que el estereotipo dictó para los historiadores. Pero él lo es.

Su bagaje académico no es el de un hombre docto en leyes y jurisprudencias desde la juventud, o experto en navegar por incisos y numerales, o más labioso que Giacomo Casanova cuando coleccionaba amantes en Venecia. Pero tiene el conocimiento y el lenguaje técnicos que caracterizan a los abogados; y esa habilidad para detectar la diferencia entre palabrería y sustancia, entre normas con carga moral implícita y otras que solo son el tinglado que garantiza la impunidad a los mafiosos.

Y aunque no evidencia las menores intenciones de ser un fiscalizador y se cuida de hacer acusaciones (“nosotros solo mostramos evidencias, no acusamos”), tiene en la punta de la lengua definiciones mordaces, que le han dado más ahora muchos enemigos que no conoce. Que dirán, afirma, “lo que sea” para desacreditarlo, ahora que ha señalado evidencias que podrían llevar a los presuntos responsables de un asalto legalizado. Se sabe expuesto, lo reconoce, pero habla y actúa como si tuviera la conciencia en paz.

Es viernes. En la víspera acaba de hacerse público, en Quito, el Informe Final de la Comisión para la Auditoría Integral de Crédito Público, de la que es miembro. Se sienten, como ondas expansivas, los coletazos del histórico anuncio que en base a ese informe hizo el  gobierno del presidente Rafael Correa: no pagar algunos tramos de la deuda externa, por ilícitos y corruptos. Algunos de los señalados reaccionan con virulencia; un ex presidente lo hace con hidalguía, al menos, pero el resto se esconde en medio de titulares de prensa y el poder que los ha amparado, cómplice, por décadas.

Alejandro Olmos Gaona, argentino (Buenos Aires, 1947), casado dos veces y padre en nueve ocasiones, el historiador con pinta y autoformación de abogado, dice que lo hecho por el presidente Correa es algo más que un anuncio. “Haber ordenado la auditoría ya es, de por sí, un hecho histórico. Es la primera vez que un Presidente dice: “señores, estos son los mecanismos del fraude”. Créame, esto no es un discurso antiimperialista banal, o contra el FMI, o el Banco Mundial, no. Es el modo de demostrar, papel por papel cómo se fraguó todo”.

Habla con vehemencia el historiador, casi gobernado por una emoción de vieja data, ahora que su tarea terminó. Lo dice con pasión. Lo dice un hombre que aquí sería estigmatizado por el presidente Correa, pues viene, por vía paterna, de una de las familias más ‘rancias’ de la oligarquía argentina (el primer Olmos, andaluz, llegó a Santiago de Chile con Pedro de Valdivia, en 1540, y luego los Olmos pasaron a Córdova, Catamarca y Tucumán) y de otra, la materna, con raíces tan profundas en la aristocracia paraguaya que dos de sus bisabuelos fueron presidentes del Paraguay (el internacionalista Manuel Gondra y Juan Bautista Gaona, quien fue, además, un eminente banquero). Aquí, en Ecuador, los Olmos Gaona serían 100% ‘pelucones’.

Sonríe Olmos y ratifica que tiene una vanidad familiar por esa cantidad ilustres de antepasados: “sí, como diría el presidente Correa, mi familia es extremadamente ‘pelucona’ y, por supuesto, algunos de sus miembros no comparten mis posiciones”. Sonríe y recuerda su infancia en Caballito, hoy un barrio central y antes uno asaeteado de grandes casonas y compuesto por quintas  inmensas donde el abolengo lo tenían hasta los árboles… 
Y después vivió en Belgrano, un barrio en el que, con suerte, entra hasta la alta clase media. Y no más. Allí consumió los libros al por mayor que le dejaron su vocación de hurgador. Allí fue armando sus aficiones y gustos: bostero visceral (hincha de Boca Jrs.) aunque le gusta poco el fútbol; prefiere la pizza al bife de chorizo; ama la música clásica de Beethoven, Mozart, Liszt, Chopin y sobre todo del poco difundido Max Bruch, y también a los tangos, principalmente los de Piazzola; lee con deleite a Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, pero además con admiración las crónicas y cuentos de Roberto Arlt, ese genio al que el mundo de las letras le reconoció tarde su gran estatura. Allí, desde sus voraces lecturas por el Medioevo, se hizo historiador, académico, escritor de investigaciones y de ensayos. (Y “acá”, en Ecuador, se quedó deslumbrado con Ecuador: Señas Particulares, de Jorge Enrique Adoum).

Pero esa familia aristocrática con raíces tan profundas de conquistadores tuvo sus ovejas descarriadas. Una de ellas fue su padre, hombre con ideas reformistas, un tucumano que creció bajo el influjo del líder nacionalista José Luis Torres y que frecuentó a Raúl Scalibrini Ortiz, dos prestigiosos políticos argentinos. Su padre, Alejandro Olmos, un militante popular, es de algún modo el ‘culpable’…

En 1982, su padre inició un juicio emblemático que buscaba condenar la deuda argentina, y tras 18 años de lucha obtuvo algo que, en su momento, parecía increíble: la histórica declaración de ilegitimidad que dictó el juez Jorge Ballestero en junio del 2000. Aquel dictamen de Ballestero, pese a sus fallas conceptuales, parecía que revolucionaría la relación Deuda-Estado, pero quedó en nada…
Bueno, la verdad es que yo no tuve muchas esperanzas en ese fallo, porque nuestros países tienen un estado de derecho muy relativo. Y la justicia (la de mi país al menos) ha sufrido fuertes presiones del Poder Ejecutivo. Es verdad: esa sentencia adolece de una enorme cantidad de defectos, pero es la única que se ha dictado en el mundo contra la deuda externa.  

¿Cuál fue su principal error?
Enviarla al Congreso Nacional (gobierno de Fernando de la Rúa), que no tenía la menor intención de investigar la deuda, que siempre evitó entrar en los mecanismos ilícitos de la deuda. El Fiscal pidió que se iniciara una acción de responsabilidad civil, pues las acciones penales ya habían prescrito. El Procurador del Tesoro (la equivalencia a vuestro Procurador General del Estado) dijo que no se podía, escudándose en cuestiones burocráticas….

La causa, como era de preverse en un país en el que los partidos políticos tenían secuestrada la institucionalidad, fue archivada. Olmos se tomó como algo personal el desprecio del establishment a la lucha de su padre, que demostró que casi 500 operaciones de crédito entre la Argentina y la banca internacional habían sido ilegítimas. Su padre, él sí un abogado de formación, había muerto dos meses antes del histórico fallo del juez Ballestero y entonces, sin saber a ciencia cierta dónde se metía, decidió tomar el testigo. Lo hizo al ver la auditoría de la deuda externa privada argentina, 23 mil millones de dólares, que mostraba cómo se había fraguado y destruido documentos, principalmente por Domingo Cavallo, el brazo ejecutor de las políticas fondo monetaristas del presidente Carlos Saúl Menem. Y entonces el experto en investigación histórica decidió utilizar sus herramientas didácticas en el estudio del Derecho Internacional Público, Fundamentos de Derecho, Legislación Comparada, Legislación Argentina e inició otra causa. Y ahora decidió ayudar a un proceso similar, el de Ecuador.

¿Qué le hace pensar que el caso ecuatoriano tendrá mejor final que el argentino? Mire que allá, después de la sentencia, el presidente Néstor Kirchner pagó puntualmente la deuda. Me parece que en dos años pagó más de 4 mil millones de dólares (de una deuda de más de 150 mil millones)…
Sí. Fijesé: el presidente Kirchner fue el mandatario que más deuda le pagó al Fondo Monetario Internacional, aunque hablaba contra el Fondo. Él tiene el mismo problema de la clase política en general: el doble discurso, el decir una cosa y hacer otra. Hay un antecedente: en un libro de Kirchner con Torcuato di Tella (se refiere a Después del derrumbe. Teoría y práctica política de la Argentina que viene, de di Tella, en el que incluye Conversaciones con Néstor Kirchner), específicamente en una de las conversaciones, Kirchner, que es abogado, comete una enorme equivocación: dice que tiene conciencia de que la deuda es ilegítima, pero que ha sido legalizada a través de diversas leyes y actos del Estado.

¿Legalizar lo ilegítimo? ¿Eso dice?
Sí, y cualquier abogado sabe que no hay modo de legalizar lo ilegítimo, ni por un Congreso, ni por un Poder Ejecutivo.

Igual que con las contrataciones colectivas ilícitas: ¿Cómo puede legitimarse vía ley el contrato es ley para las partes que lo celebran pedidos ilícitos como los sobresueldos y las prebendas?
Exacto. Pero lo que pasa es que nadie discute eso. Y no lo discuten porque no lo saben. 

No es correcto: lo saben, pero no tienen voluntad de cambiarlo.

Bueno, acá, en el tema de la deuda específicamente, hay una suma de presiones internacionales indudables sobre los Presidentes y hay una falta de coraje y decisión en ellos. Se preguntan “¿Cómo vamos a enfrentarnos a los bancos? ¿Al sistema financiero?”… Cuando el presidente (Sixto) Durán Ballén firma el Tolling Agreement (acuerdo mediante el cual Ecuador renunció unilateralmente sus derechos a reclamar la prescripción de una parte de la deuda externa, la comercial, en 1992) es porque hay una clara amenaza de los bancos, diciendo “si esto no se firma, vamos a inundar de demandas contra Ecuador a los tribunales de Estados Unidos”. Suceden estas amenazas y ejercen un resultado porque nadie se anima a enfrentarlos… Por eso la decisión del presidente Correa es histórica. El solo hecho de ordenar la auditoría lo es, y ahora el de mostrar los mecanismos del fraude.

Sí, aunque no alcanzan las declaraciones…
Yo soy extremadamente prudente en este tema… Hablé con el Presidente y él me dijo: “yo no voy a embarcar al Ecuador en una aventura de imprevisibles consecuencias”. En este momento el Gobierno ecuatoriano puede demandar a varios funcionarios, pero tiene limitaciones: la Constitución del 98 estableció que los hechos ilícitos de funcionarios públicos no prescriben, pero eso entra en vigencia desde esa fecha, no hay modo de aplicar la norma para atrás. O sea: hay actos que están prescritos. Pero yo creo que es importante que exista una condena moral para determinados funcionarios. Por otro lado, los contratos están sometidos a la legislación norteamericana y esta es muy restrictiva.

En resumen: las posibilidades de éxito son pocas…
Sí, son difíciles, muy difíciles. Ahora bien: yo no digo que no se pueda hacer, pero digo que en Estados Unidos nunca un Gobierno soberano ha impugnado un contrato sobre pautas claras de ilegalidad… Hay caminos que tiene Ecuador y le pongo un ejemplo: en los contratos Brady se puso una cláusula (voy a explicarlo bien porque los periodistas ecuatorianos que me han entrevistado no lo entienden… muchos son increíblemente superficiales, parece que no abren ni siquiera el Internet, donde hay tanta información) que dice en resumen que “si este contrato fuera inválido, ilegal, o no ejecutable…” el Ecuador renuncia a los derechos de reclamar todo eso…

Sí, claro, igual que en los de la Argentina…
Sí, porque todos los contratos Brady son iguales. Yo le pregunto: ¿cuándo usted firma un contrato está suponiendo que firma un acto ilícito o ilegal? No. Entonces, si firma una cláusula así es porque el contrato es ilegal ¡y el acreedor quiere que usted renuncie a denunciarlo! En el derecho germánico, en el romano, en el anglosajón esa cláusula es absolutamente nula. Me gustaría ver qué puede pasar si se presenta esto en los tribunales de Estados Unidos. Por otro lado, la Convención de Viena establece que es causa de impugnación de un convenio cuando se viole el orden público de un país, como en este caso. Y eso rige no solo para los contratos entre Estados, sino, análogamente para convenios con entidades privadas. Y, por último, en 1994, los más prestigiosos juristas norteamericanos, latinos y europeos, a través del Unidroit (International Institute for the Unifications Law, el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho) conformaron un código al que debían ajustarse los contratos internacionales: la buena fe, la equidad, el equilibrio contractual, es decir, todo lo que ha sido violado en el caso de Ecuador. Por eso digo que tiene un enorme potencial para cuestionar los contratos. 

Está bien. Potencial hay, digamos. Pero si la sola decisión de declararla ilegítima le causará escozor a varios estados, ¿cómo se lo tomarán si inicia acciones legales? 
¿Sabe lo que pasa? Que acá hay cucos que deben ser desmontados... Miremos esto: el Ecuador se está autofinanciando, no recibe créditos externos, me lo ratificó el presidente Correa. Lo que pasa es que ciertos intereses viven vendiendo cucos. “Si no pagás, no te dan nada”. Pero resulta que no te dan nada, que no nos han dado nada… Lo que hay que preguntarse es cuánto recibió el país y cuánto ha pagado. Le aseguro que recibió muy poco en relación con los miles y miles de millones de dólares que pagó.

Hay, en todo esto, un discurso ideológico, y un trasfondo moral (más bien inmoral). Esos cucos, “el riesgo país”, “la inversión extranjera”, “la inserción en la comunidad internacional” son parte de la ideología del poder, un poder que en nuestra región ha sido hegemónico. ¿Está de acuerdo?
Sin ninguna duda. Y le voy a explicar por qué: en el año 1824, el ministro de la reina George Canning le envía una carta al Duque de Wellington diciéndole “América es libre, independizada de España, y va a ser inglesa porque a través de préstamos vamos a controlar su economía y condicionar su desarrollo”. Ese mismo año Argentina celebró un convenio con el Reino Unido; es conocida la deuda del Ecuador; luego la contrajo también México, y Brasil hizo un monumental préstamo… Siempre fue así, pero en la década del 70, del siglo XX, a través de las sugerencias de David Mulford (subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos en el primer mandato de George W. Bush), que era por entonces asesor del Banco Central Saudita, se decide canalizar los petrodólares a través de los bancos norteamericanos y hacer préstamos masivos a todas partes. Mulford manejó esa política. Y en 1984 hay una célebre reunión donde intervienen Henry Kissinger (ex secretario de Estado de EE.UU.), Valéry Giscard D’estaing (ex presidente de Francia entonces, y hasta hace poco presidente de la Unión Europea), Helmut Koll (ex canciller de Alemania) y por supuesto David Rockefeller. Allí, Kissinger dice: “tenemos que ver la manera de arreglar este sistema financiero: hay que acabar con estos conceptos de soberanía”.

Es decir: con el anzuelo de los préstamos, lo que se buscaba era el control de la economía de occidente…
Claro. Y mientras eso pasaba, se modificaban en los países las legislaciones. Los tratadistas clásicos del derecho siempre interpretaron que nuestros países tenían soberanía, que eran inmunes a acciones en otros estados. Eran contratos con limitaciones: un país no podía ser sometido a otra jurisdicción. Pero cuando empiezan los préstamos en la década del 70, Estados Unidos dicta la Foreign Sovereign Immunities Act (Acta de Inmunidad Extranjera Soberana, 1976) mediante la cual establece negando la propia doctrina de sus tribunales- que cualquier país podía ser enjuiciado en los Estados Unidos si renunciaba previamente a su soberanía. Inglaterra, dos años después, dicta la State Immunity Act  (Acta de Inmunidad del Estado, 1978) donde establece exactamente lo mismo. Esto permite que en todos los contratos de endeudamiento se diga: “el país acepta ser sometido a las legislaciones de Estados Unidos o Gran Bretaña. Renuncia a su inmunidad soberana”.

¿Y usted habla de leyes internas también?
Sí, se modificaron códigos civiles y normas que van a permitir a los acreedores tener de rehenes a los países deudores. En el caso del Ecuador, fijesé en algo: hasta la Constitución de 1967 hubo control parlamentario del endeudamiento. A partir de allí, no existió en ninguna Constitución, se volvió un tema de competencia exclusiva del Presidente de la República.

Este informe da nombres, establece indicios de responsabilidad. Eso no es común. La corrupción tiene nombres y apellidos.
Por supuesto. Siempre es así.

Y ustedes, los comisionados, si pudieran resumir su tarea, ¿qué buscan con este informe?
Restaurar la memoria. Y algo más: restaurar el estado de Derecho, sin el cual un país no puede funcionar. Porque nuestra intención es mostrar la historia económica de la deuda, la influencia y el condicionamiento de la política en la economía. Pero sobre todo mostrar que se ha violado el Estado de derecho y que es obligatorio y urgente restaurarlo.