Luis Yanza y Pablo Fajardo cuando mencionan a Texaco y lo que consideran como sus malas prácticas de exploración y extracción del crudo, no dejan de desvincularla con una tarea inconciente que se cometió con la permisividad de los gobiernos de turno.

Ahora, afirman, lo menos que esperan es que las siguientes concesiones que se otorguen a las empresas privadas y que todas las prácticas de las empresas públicas se den en medio de estrictos controles que luego le impidan al propio ambiente, pedir un rendimiento de cuentas a sus habitantes.

¿Creen que actualmente se está tomando como referente este caso para aplicar medidas más duras de conservación de la naturaleza?
Luis Yanza (LY): Creo que la Asamblea debería tomar como referencia este caso que se denuncia contra Texaco para adoptar políticas de Estado que eviten que cualquier otra empresa vuelva a cometer algo como esto. Creo que nosotros ya hemos ayudado al arriesgarnos a presentar el caso y a la par sabemos que al mostrarlo públicamente estamos diciendo que esto debe servir como ejemplo para que en la próxima Constitución se legisle con principios ambientales.

No sé si la Asamblea lo estará haciendo, no sé si realmente estará tomando en cuenta el caso para evitar desgracias futuras.

¿Y en el ámbito gubernamental directo han sentido alguna nueva iniciativa que prevenga futuros casos como este?
Pablo Fajardo (PF): El Gobierno sabe que no se puede involucrar en lo absoluto en el caso, no se puede siquiera pronunciar. Lo que sí puede hacer y debe hacerlo es actuar de manera social. Es decir, sí puede apoyar porque aunque no fue responsabilidad del Gobierno actual el daño que hizo Texaco, sí tiene la obligación  de precautelar la vida de la gente. Deben buscar soluciones emergentes e inmediatamente poner a la gente a buen recaudo porque seguirá muriendo.
LY: En abril del año pasado el presidente, Rafael Correa, visitó la zona afectada, quedó muy impactado y ofreció ver la posibilidad de reubicar a las familias que están afectadas por los derrames de petróleo, pero con los típicos problemas burocráticos de los ministerios eso está estancado. Hay cosas que están avanzando muy lentamente. El Ministerio del Ambiente tiene ese plan piloto para la reubicación de las familias, pero la verdad es que no se las ha movido.

¿Directamente ustedes no han enviado propuestas de aspectos legales o normativas que se deberían aplicar para evitar más contaminación?
PF: Eso es algo que amerita cambios realmente de fondo y con leyes que miren hacia un cambio incluso ciudadano. Aquí la gente está acostumbrada a que las leyes las cumpla solo el Gobierno y no debe ser así. En cuestiones de ambiente, las deudas las tenemos por voluntad propia. Lo primero que se necesita es un marco jurídico que obligue a la ciudadanía a actuar con responsabilidad frente al medio ambiente. Segundo: se debe hacer un fortalecimiento institucional del Estado en su capacidad de control, por ejemplo el Ministerio del Ambiente debe asunir por completo su rol y no lo hace.

Por último, lo que se necesita más que nada es un cambio de actitud en todos los sentidos. Las empresas deben asumir sus actividades no pensando solo en cómo obtener dinero sino también en cómo actuar responsablemente. Deben cumplir con su obligación legal ante la población y el ecosistema porque al final nos puede costar mucho más. Nadie entiende que esto nos va a costar nuestra propia vida y así no se puede seguir.