Usted es dueño de 33.745 dólares, pero no por haberse ganado algún “premio mayor”. En realidad ese monto es parte de su riqueza intangible y es la cifra, que si se pudiera utilizar económicamente, le sería asignada a cada ecuatoriano según el ranking de riqueza elaborado por el Banco Mundial.

En el ámbito nacional ese rubro se sustenta en un 39% por la riqueza natural del país, un 8% en sus activos económicos, y un 53% en su capital humano y social. Esta estructura difiere de la realidad de los demás países latinoamericanos en general, donde la base de recursos humanos e institucionales sustenta el 72% de la riqueza, en tanto que la base natural, conformada por el medio ambiente, bordea solo el 12%.

Si bien Ecuador marca una diferencia en el aspecto ambiental (39% vs. 12%),  la tarea real está en aumentar esa pequeña fortuna depositada en el “banco de la naturaleza”.

Para Sandra Jiménez, coordinadora del Observatorio de Política Ambiental (OPA) de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, si bien podríamos conservar esa riqueza que “aún tenemos y sería una meta muy buena, la posibilidad de alcanzar el objetivo de recuperar lo perdido está bastante lejos”.

Una de las razones estaría en que de acuerdo con Fundación Natura y la Agencia Suiza Para el Desarrollo y la Cooperación, se requeriría invertir 45 dólares por persona y por año en el país para lograr un plan que recupere la actual contaminación causada, pero actualmente el ciudadano común no efectúa ese aporte.

Esa cifra multiplicada por los aproximadamente 13’500.000 ecuatorianos da un total de 607’500.000 dólares que se deberían destinar al gasto ambiental (monto que desde el sector público se destina para el logro de metas ecológicas).

Eso serviría para reestablecer en algo el daño que, por ejemplo, causa cada habitante al producir 1 kilogramo de basura al día o para que se mejore la calidad de vida de los niños de escuelas de ciudades como Quito y Guayaquil que presentan un 5,09% de monóxido de carbono en su sangre.

Xavier Bustamante, director ejecutivo de Fundación Natura, recalca esa cifra de 45 dólares para el adecuado manejo de los recursos naturales, pero a la par señala que ese monto “se constituiría en algo que no podría ser conseguido por el Estado”.

Aun así, el rubro que se destina para gasto ambiental, aunque aumente, no supera el costo del daño que cada habitante ejecuta contra su entorno natural. Por ello Jiménez del OPA  señala que más allá de las cifras que se puedan destinar para este sector, está claro que los ciudadanos comunes “tenemos una deuda ecológica,  puesto que nos hemos permitido perder  un capital heredado por las generaciones precedentes”.

Así, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés), menos del 40% de los bosques se encuentran relativamente libres de presiones humanas. Las principales amenazas son el avance de la frontera agrícola, la tala de bosques y la apertura de vías.

El hecho también se refleja en que por esas causas desde 1960 (año en que el país tenía 16 millones de hectáreas de bosque) a la actualidad apenas se conservan 8 millones, incluidas áreas protegidas.

Pero la coordinadora del OPA añade que esta deuda no es solamente ética, “sino además económica”. Para ella la sociedad necesita la base de capital natural para su desarrollo y la asignación presupuestaria para gasto/inversión en capital natural es un aspecto importante, “pero un asunto más relevante aun es la eficiencia con la que se use ese recurso financiero”. 

Por eso la también economista no deja de recalcar que, si se desea elevar la gestión ambiental a nivel de política pública “como necesariamente debe de ser, para que deje de ser una actividad tangencial a las decisiones importantes del país, debe estar considerada como sector prioritario y esto estar reflejado en el presupuesto del Estado”.

De acuerdo con un informe elaborado por el Observatorio que ella coordina, el área no sería precisamente una de las más atendidas. Ya que según su “Análisis del gasto ambiental”, el Ministerio de Finanzas apenas destinó 5,8 millones de los 30 millones pautados para esa tarea durante 2007.

Norma Vargas, Subsecretaria Administrativa y de Desarrollo Organizacional del Ministerio del Ambiente, justifica la reducción de la asignación de fondos al explicar que esto se debió a que durante ese año no se pudieron invertir todos los recursos. “El nivel de ejecución del 2007 fue corto, no pudimos gastar todo y por eso obviamente tuvimos un recorte presupuestario. Sin embargo, este año hubo una asignación para hacer reparación y estamos cumpliendo con todo”, afirma.

Este año, de acuerdo con la información publicada en la página web del Ministerio de Finanzas, dentro del presupuesto general del Estado, se prevé entregar 103’148.492,74 dólares al sector ambiental para que se destinen a programas de protección.

El Ministerio de Ambiente debe recibir directamente como presupuesto para el 2008 la cantidad de 75’993.119,11 los cuales serán distribuidos en 12’260.574,85 (16.13%) para gastos corrientes; 61’434.869,61 (80.84%) para inversión en proyectos, y 2´297.674,65 (3.02%) para gastos de capital.

Hasta la fecha se habrían utilizado el 55% de los fondos.

De acuerdo con la funcionaria Vargas el presupuesto se utiliza principalmente en gastos de remediación ambiental; proyectos en conjunto con el Ministerio de Educación; y en sostenibilidad de bosques.

Pero Bustamante, director de Fundación Natura, insiste en resaltar que para el deterioro ambiental no bastan las cifras que se pudieran asignar, pues la contaminación ecológica causada por el propio ciudadano “ha contribuido a agravar los problemas sociales en detrimento de su propia calidad de vida”.

Para la Agenda Ambiental para el Desarrollo Sustentable de la entidad que él dirige,  la conservación debe ser considerada como integral y no como sinónimo de protección estricta. Esto prevé el uso sustentable de los recursos, el manejo inteligible de los no renovables y mejorar la calidad de vida.

Para Mauricio Castillo, coordinador del sector de Ciencias Naturales de la Unesco en Ecuador, lo que se necesita es que no se piense en el medio ambiente como un sector que “requiere un gasto, pues es una inversión”.

La Unesco en este momento trabaja junto con el Estado en el tema y señala que se está considerando “como vital todo lo concerniente al cambio climático y la prevención de los impactos de ese fenómeno”.

En ese marco durante la época invernal el grupo Únete de las Naciones Unidas laboró con la parte gubernamental en el apoyo de la superación de inundaciones. Pero recalca que ante la emergencia el Estado consideró eso como un gasto, lo que hizo evidente que si no se “tiene una política de inversión en temas ambientales, después se podrían ver efectos superiores”.

Pasada esa emergencia y valorando el momento actual, agrega, la Unesco ve con “buenos ojos la existencia de un plan nacional de desarrollo donde hay temas vinculados con la prevención, lo que se lee como una inversión para el ambiente”.

Tanto para el representante de la Unesco como para la de la OPA hace falta una discusión seria sobre el rol de la ciudadanía en el cuidado y conservación del medio ambiente.

Castillo añade que también hace falta una concienciación del Estado de que hay leyes que se sobreponen a las normas ambientales. Así cita como ejemplo que “si bien el Gobierno propone el Sistema de Áreas Protegidas, ese mismo Estado permite la explotación petrolera en el Parque Yasuní”.

Alexandra Ortiz de la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente, sostiene que como parte de los trabajos ambientales que se realizan en casi todos los Municipios del Ecuador, se encuentra la remediación ambiental que se aplica con la norma “el que contamina paga”. Es decir que la empresa, institución o personas que contaminen son responsables de realizar el saneamiento ambiental, para así de alguna forma cubrir la “deuda ecológica”.