A partir de la norma constitucional, en caso de que sea aprobada, se debería elaborar una ley que detalle los mecanismos de atención y a quiénes beneficiará directamente la propuesta.

Este es el criterio de varios asambleístas consultados, quienes también coinciden en  que los beneficios para los pacientes y sus familiares serán mayores por el alivio económico que les representará, una vez que el Estado asuma directamente esa resonsabilidad.

Y establecen diferencias entre esta propuesta con el artículo 47 de la Constitución de 1998, aún vigente, que señala que las entidades públicas y privadas darán atención preferente y especializada los niños y adolescentes, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad, las que sufren enfermedades catastróficas de alta complejidad y las de la tercera edad.

Con la propuesta que elabora la Asamblea, en cambio, se obliga al Estado a atender a estos grupos, principalmente a quienes sufren de enfermedades de alta complejidad.

Según María Cristina Kronfle (PSC), el articulado sí es novedoso, porque en la Carta Magna de 1998 señala solamente como atención prioritaria, mas no como una obligación del Gobierno; “ahora no será puro lirismo sino que estos ciudadanos tendrán la garantía y el derecho a ser atendidos, en forma preferente y gratuita, por el Estado”.

Pero también dice que se debe elaborar luego una ley para que especifique a qué grupo poblacional deberá beneficiarse con este derecho, pues lo idóneo sería atender de manera prioritaria a los sectores con menores recursos económicos.

Añade que con esta norma habra una determinación más clara respecto de la obligación que tendrá el Estado para atender a estos grupos, también considerados vulnerables; “porque lo lógico sería que al enfermo de alta complejidad se le dé una mejor calidad de vida”.

María Soledad Vela (PAIS) tiene similar opinión. Para ella, la inclusión de las enfermedades catastróficas en los artículos busca garantizar la atención médica para las personas de escasos recursos que no pueden solventar un servicio de salud privado. “Que la falta de una atención pagada no les prive de la salud”, dice la asambleísta.

Agrega que dentro del grupo de enfermedades catastróficas se incluye a pacientes con problemas de VIH, insuficiencia renal, cáncer,  entre otras, pero que no necesariamente tienen que estar en etapa terminal.

No obstante, la propuesta de articulado no especifica el tratamiento de alguna enfermedad. Sergio Chacón (SP) admite que no existe una lista de enfermedades en la Constitución, por lo tanto, se dejará el término bajo el punto de vista médico.

Lo importante, señala, es que el Estado ponga especial atención para brindar servicios de salud a estos grupos humanos, así como se lo hace en mujeres embarazadas, niños y adolescentes; incluso se está tratando un capítulo para los jóvenes y personas en extrema pobreza.

Tampoco cabe la posibilidad de que la norma quede solo en enunciado, dicen los asambleístas. “No puede quedar en letra muerta porque habrá una artículo en la nueva Constitución que establecerá sanciones a quienes, por omisión, no cumplan con la nueva Carta Magna”. El artículo forma parte de los textos sobre Derechos Fundamentales que mañana pasará a segundo debate”.