Los ojos de Suleika  Macías Fernández, de cinco años de edad, son vivaces y alegres.Aunque padece de  leucemia y permanece postrada en una cama del hospital de Solca, no pierde el brillo propio de su ingenuidad infantil.

Ella es parte de los quince pacientes que se beneficiaron de un convenio entre el Gobierno Nacional y Solca suscrito en marzo pasado, para recibir tratamiento a un costo de 25 mil dólares por persona que, según la jefa de la Unidad de Transplantes de Médula Ósea de la institución, Bella Maldonado, cubrirá los elevados gastos que demanda el tratamiento de esta enfermedad.

Pero el Estado quiere ir más allá. En la Asamblea Nacional Constituyente se discutirá mañana, en segundo y definitivo debate y dentro del  tema sobre los Derechos Fundamentales, un artículo a favor de los ciudadanos que sufren de enfermedades catastróficas  y de alta complejidad.

La propuesta  salió de la Mesa 1 y establece el derecho que tendrá toda persona que tenga alguna enfermedad compleja y de alto costo, a ser atendida en forma gratuita y será el Estado el que se encargue de esa atención.

Aunque el texto no define cuáles son esas enfermedades, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que a este grupo corresponden todas las dolencias que, por sus características, generan elevados costos en su tratamiento y provocan desajustes económicos en los familiares, sin contar con la carga de preocupación y tensión que ello origina.

Dentro de este grupo de enfermedades, las más conocidas para la OMS son los cánceres, insuficiencia renal, diabetes, las enfermedades cardiovasculares, politraumatismos causados por accidentes y el VIH, entre las más comunes.

Según el Ministerio de Salud Pública (MSP), solo en VIH se detectó una población afectada de 10.911 personas (entre niños y adultos) hasta el año pasado; sobre la diabetes,  un estudio de la Federación Internacional de esta enfermedad revela que para el 2025 la tasa de diabéticos en Ecuador pasará del 5% (en el 2005) al 11% inclusive, aunque no especifica otras cifras.

La propuesta ha generado expectativas en la clase médica y en organismos de ayuda a personas con enfermedades de alta complejidad, aunque se reservan las dudas respecto de su aplicación y  si el Estado estará en capacidad de otorgar los recursos suficientes.

Bella Maldonado explica que en otros países de la región se ha constitucionalizado esta atención. “En Chile se ha establecido la ayuda del Gobierno a las enfermedades catastrófica”, señala.

Pero aclara que esta ayuda del Estado se dirige a las personas que carecen de un seguro privado que les provea financiamiento; además, los grupos beneficiados  son los que, por su diagnóstico y situación socioeconómica, deben ser prioritarios.

El Estado tiene que recurrir al sistema de salud privado para que, en alianza estratégica o en convenios, se atienda a este grupo de pacientes.

“Si aprueban en la Asamblea el artículo será Solca la entidad que dé el diagnóstico, luego se medirán los parámetros de tipo social, su condición económica, eso es lo que sucede en Chile”, dice.

Sobre los costos de un tratamiento contra el cáncer, Maldonado asegura que varían según la gravedad del paciente; “hay tumores sólidos cuya quimioterapia  cuesta poco: desde siete dólares una ampolla hasta 2.500 dólares, depende de la complejidad del tratamiento y de la enfermedad”, expresa. A esto se suma el tiempo de tratamiento que oscila entre seis y ocho meses en caso de que no sufra recaída.

Luis  Serrano, presidente de la Asociación de Propietarios de Clínicas y Centros Médicos del Guayas,  también está de acuerdo con la decisión de la Asamblea, pero hace cuestionamientos.

“Cuando hablamos de que el Estado debe asumir el costo y la atención de las personas que padecen enfermedades catastróficas, no quiere decir necesariamente que lo hará a través de las unidades médicas del Ministerio de Salud”, indica.

Expresa que el Estado tiene que recurrir al sistema de salud privado para que, en alianza  estrategica o en convenios, se atienda a este grupo de pacientes.

“Actualmente la oferta de servicios de salud del Estado es superada por una avalancha de demanda y allí el sistema colapsa”, asegura Serrano.

Como ejemplo cita que en el hospital del IESS, en Guayaquil,  funciona la unidad de hemodiálisis más grande del país, que atiende  a un promedio de 150 pacientes con insuficiencia renal, “pero los afiliados que requieren este tratamiento superan los 600”.

De allí que afirma que la solución no es construir más hospitales, sino en tornar eficiente la atención, por eso el Estado debe hacer alianzas estratégicas con el sector privado.

Quien padece de insuficiencia renal debe someterse al tratamiento de hemodiálisis, al menos tres veces por semana, a un costo de 70 dólares por sesión.

María de León, presidenta de la  fundación Esperanza de Vida (que financia el tratamiento a niños con leucemia) también considera positiva la iniciativa, pero se pregunta cómo será el mecanismo.

A la fundación, dice, llegan decenas de familias de todo el país,  cuyos hijos padecen de leucemia, en su mayoría de escasos recursos y que requieren un tratamiento incluso puede durar varios años.

El tratamiento oscila entre los diez y quince mil dólares, asegura, ya que las quimioterapias cuestan hasta 1.500 dólares. “Se debería saber cómo lo va a financiar el Estado  porque son muchas personas que padecen de esta enfermedad, sin contar con otras que también son complejas”, manifiesta.