La construcción de la refinería más grande del Ecuador, con una capacidad de procesamiento de 300.000 barriles de petróleo diarios, y un complejo petroquímico es el reto de la estatal ecuatoriana Petroecuador y de la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA).

El proyecto, denominado “Complejo Refinador y Petroquímico del Pacífico”, surgió ante la necesidad de Ecuador de una nueva refinería, especialmente para petróleo pesado (de baja calidad), asegura el ministro de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga.

De acuerdo con las recomendaciones técnicas de Petroecuador y el Ministerio de Minas y Petróleos, el lugar indicado para la construcción de estas obras está en El Aromo, parroquia de Manta, provincia de Manabí. Para la construcción del proyecto se necesitan aproximadamente 5.500 hectáreas (has) de terreno: 500 has para la edificación y 5.000 has para una zona de amortiguamiento ambiental.

Según los datos del Ministerio, la producción nacional de gasolinas extra y súper, gas licuado de petróleo y diésel 2 no cubre la demanda interna (ver cuadro). Por ello, el país gasta más de 3.000 millones de dólares anuales en la importación de estos productos.

Este millonario egreso también justifica que el país ejecute una obra que, según las primeras estimaciones, costará 6.600 millones de dólares (solo la edificación de la refinería). Mientras el complejo petroquímico demandará una inversión de 3.400 millones.

Sin embargo, la inversión ecuatoriana aún no está definida. El ministro de Finanzas, Fausto Ortiz, aseguró a este Diario que la inversión total dependerá de la capacidad del proyecto.

Hasta el momento el único monto asignado para la obra consta en el presupuesto 2008 de Petroindustrial: 50 millones del Fondo Ecuatoriano de Inversión en los Sectores Energéticos e Hidrocarburíferos (Feiseh), que fue eliminado por la Asamblea Constituyente y sus recursos pasaron al presupuesto del Estado.

La refinería contempla también obras complementarias lejos de Manabí. José Sánchez, asesor del Ministro de Minas y Petróleos, comenta que para transportar el petróleo desde los campos petroleros en la Amazonía hasta la refinería del Pacífico, se debe construir un oleoducto.

El nuevo ducto tendría una extensión de 150 kilómetros y partiría desde Quinindé, provincia de Esmeraldas, hasta El Aromo. En el cantón esmeraldeño coinciden los trazados del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP, de inversión privada) y el Transecuatoriano (SOTE, de propiedad estatal).

“El OCP costó 1.500 millones de dólares por 500 kilómetros; estamos hablando de 3 millones por kilómetro y aquí (el nuevo ducto) no hay estaciones de bombeo. Entonces costaría entre 200 y 300 millones de dólares el nuevo oleoducto”, dice Sánchez.

Además, el ducto tiene que ser enterrado por asuntos ambientales y para evitar los pinchazos (perforaciones) a fin de impedir robos o atentados.

Pero el primer paso será la constitución de la empresa de economía mixta “Refinería del Pacífico”, que se encargará de la ejecución del proyecto.

Petroecuador tendrá el 51% de las acciones de la empresa, porque el proyecto se edificará en el país y la compañía mixta será ecuatoriana; mientras que PDVSA Ecuador tendrá el 49% de la participación accionaria. 

Para esa división de acciones, Petroecuador aportará en la empresa con 3’825.000 dólares y PDVSA Ecuador con 3’675.000 dólares.
La constitución de la “Refinería del Pacífico” será el 15 de julio en El Aromo, en un terreno de 7 has adquirido por Petroecuador, acto al que asistirán los presidente de Ecuador y Venezuela, Rafael Correa y Hugo Chávez.

Aunque existe resistencia de parte de los habitantes del sector, de autoridades y organizaciones ecologistas, debido a que la refinería estaría cerca del bosque seco de Pacoche y a que la población se sustenta de actividades agrícolas y de cría de animales.

Sin embargo, José Ramón Arias, gerente de PDVSA Ecuador, asegura que la refinería que se construirá en Manabí permitirá convivir a la población con la flora, la fauna y el mar. “No solo es tecnología y producción de petróleo, hace falta que se involucre una gran cantidad de profesionales que no tienen que ver con el proceso de refinación sino con el proceso social, que es muy importante”, señala.

Recomienda recoger información de las zonas aledañas a la ubicación de la planta como población, cultura, actividades económicas de subsistencia, educación y salud (enfermedades registradas).

Con esos datos se debe elaborar un plan para atender socialmente a las comunidades (con servicios básicos) y fortalecer sus actividades productivas para la generación de ingresos. La intención es evitar la formación de “cinturones de miseria” alrededor del complejo.

Además, se trabajará en  mejorar el pénsum de estudios universitarios para que al término de la construcción de la planta, haya un grupo de profesionales con los conocimientos necesarios para trabajar en la refinería.

La intención es lograr estos avances con la comunidad a la par de la construcción de la obra, pues la refinería funcionará dentro de 4 ó 5 años, porque su edificación “demanda actos previos, como los estudios de sísmica y geológicos ambientales. Son proceso técnicos complicados que necesitarían varios diseños”, explica el ministro Chiriboga.