Inconformidad con resolución del caso Factory
Solo se tomaron en cuenta las observaciones realizadas por el Cabildo y que las opiniones de los afectados fueron minimizadas.
El caso Factory, que implica el incendio en la discoteca donde se realizaba un concierto de rock el pasado 19 de abril, ya tuvo una resolución judicial, en la que fueron imputadas seis personas bajo el cargo de homicidio inintencional.. El dictamen fue emitido por el agente fiscal Patricio Navarrete, pero los miembros de la veeduría ciudadana no están conformes con la resolución.
Ernesto Machado, quien está a la cabeza de la veeduría, criticó el hecho de que en la acusación no se haya involucrado a ningún funcionario del Municipio ni del Cuerpo de Bomberos, señaló que ellos tienen responsabilidad directa en la muerte de los 19 jóvenes.
“Ellos también debían ser sancionados porque fueron negligentes al momento de realizar los controles respectivos para que el establecimiento siga funcionando”, afirmó Machado.
En un pronunciamiento emitido por la Fiscalía el 5 de agosto, varias personas fueron implicadas en el proceso penal, pero en coordinación con la veeduría ciudadana, se determinaron 22 personas como presuntos responsables del flagelo.
Además, señaló que solo se tomaron en cuenta las observaciones realizadas por el Cabildo y que las opiniones de los afectados fueron minimizadas al momento de la elaboración de dicho dictamen.
Fernando Lara, representante legal de la veeduría, informó que se pedirá la nulidad del proceso, pues se omitieron detalles para identificar al resto de supuestos culpables.
Asimismo, Lara señaló como implicados directos a las autoridades de la administración Eloy Alfaro, que deberán asumir las responsabilidades por haber otorgado los permisos de funcionamiento, sin que el lugar haya brindado las condiciones adecuadas para la realización de eventos.
“No sabemos por qué luego de la instrucción fiscal no se tomó en cuenta la denuncia que planteamos”, expresó.
Sin embargo, hace un mes se publicó la investigación interna del Municipio, en la cual se determinó que no existía responsabilidad de la administración zonal Eloy Alfaro, pero señalaba algunas omisiones por parte del Cuerpo de Bomberos, como no pedir la documentación necesaria y no tener una base de datos sobre sitios peligrosos.
Redacción Quito Metrópoli