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Fierros retorcidos, paneles destrozados, parabrisas quebrados… Detrás de cada vehículo -ya sea grande o pequeño- se esconde una historia de dolor. En los patios de retención vehicular de la Policía Nacional de Tránsito, ubicados en Calderón (norte) y en Santa Rita (sur).

Según el mayor de la Policía, Roberto Enríquez, principal del patio de revisión vehicular, el terreno tiene una extensión de dos hectáreas y media. “Hay 1.500 vehículos, aproximadamente, y muchos de ellos van a salir como chatarra y para remate”. Trabajan doce miembros policiales y 10 de ellos se turnan cada doce horas.

Asimismo, cada vehículo conserva intacta la huella de la desgracia, la imprudencia y la impericia de la gente. En el otro patio en Santa Rita, al sur de la ciudad.

Aquí interviene el juego de la memoria: muchos de estos autos son olvidados a pesar de que pueden ser reparados. Esto se debe a que sus dueños no pueden superar la pérdida de sus seres queridos.

Por fortuna, este no era el caso de Camilo Mendoza quien se sentía contento, dentro de lo posible. Sacaba su auto del canchón remolcado por una grúa. “El 30 de mayo dos familiares míos se dieron de frente contra un bus. Estuvieron mal heridos, pero ya están bien”. Camilo pagó 120, dólares pero está tranquilo porque su vehículo está completo. “Tiene la llanta de emergencia, el radio”, comentó.

Cuando un vehículo ingresa a éste lugar, el afectado debe llenar una hoja de recepción en la que constan todos los accesorios del mismo. Además, se establece un registro fotográfico de las partes del automotor (panel y motor). Luego se ponen los sellos de seguridad de color rojo en las puertas y el vehículo queda bajo la responsabilidad de un oficial encargado de un sector de la playa de estacionamiento.

Según Enríquez, de ocurrir una irregularidad con las piezas o accesorios de los vehículos, “a más de no cumplir con un asunto administrativo, el policía (responsable del vehículo) deberá afrontar una situación penal”, señaló tajante.

El garaje para los vehículos livianos es de tres dólares por día; para los semipesados de cinco dólares y para los de mayor tonelaje de siete dólares. Todas estas multas son valoradas y establecidas por la Dirección Nacional de Tránsito (DNT).

Por otra parte, el proceso para que un vehículo chocado se convierta en chatarra inicia en la DNT. Esta entidad emite una orden a la Asesoría Jurídica, la misma que debe verificar en el archivo a los vehículos destinados para ese fin. Para esto, los vehículos deben estar ingresados por más de tres años. Además, se debe verificar que no tengan procesos pendientes con la ley.

Luego se analiza el chasis y motor del vehículo y se presenta un informe que determina si será sometido a chatarra o a remate. En cambio, al ser sometido un vehículo a remate, debe ser revisado por un perito que establecerá el valor. El funcionario es delegado por la DNT.

En las oficinas del lugar hay una tabla regida por La Dirección Nacional en la que constan varios puntos de referencia donde ocurren (con más frecuencia) los accidentes y la distancia en kilómetros hasta el patio de revisión vehicular más cercano (al norte Calderón y  al sur Santa Rita).

Esto sirve para que los propietarios de las ‘winchas’ no cobren indebidamente por sus servicios. Tanto las grúas policiales y particulares deben cobrar: 15 dólares por los vehículos livianos, 25 dólares por los semipesados y  30 dólares  por los pesados.

Por ejemplo, si un carro liviano se accidentó en la curva de Santa Rosa, en el cuadro consta que la distancia hasta el patio de retención vehicular más cercano es de 52 kilómetros. El usuario deberá multiplicar esos kilómetros por tres dólares y sumado los 15 dólares de la wincha, tendría que pagar 171  dólares por un día de remolque. En la actualidad entran y salen de 10 a 15 vehículos por día.

Aunque Enríquez reconoce que en un parqueadero normal se cobra por mes de 30 a 40 dólares, “aquí lo hacemos por 90 dólares, precisamente para apresurar el trámite”. Si una persona se demora un año en sacar su auto, esto se multiplica por tres dólares y deben pagar US$1.700. “El objetivo es que no dejen aquí sus vehículos. Si la gente tuviera que pagar un dólar por día, créame, los dejarían aquí”, finalizó.

El dinero recaudado en los ‘canchones’ y el servicio de grúas va a las arcas de la Dirección Nacional de Tránsito.