La autonomía de las 796 Juntas Parroquiales se presenta como una oportunidad para que los sectores rurales del país sean considerados puntos de desarrollo social y económico. Pero en la capital de la República la situación se presenta diferente.

En el  texto de la nueva Constitución, en el Capítulo V, Art. 4.10, se considera que los gobiernos parroquiales rurales serán titulares de competencias exclusivas. Entre las responsabilidades están dotar de infraestructura básica a las áreas de salud, educación, recreación y participación comunitaria.

En Quito, la situación es diferente porque las 33 parroquias rurales cuentan con recursos del Cabildo para emprender sus proyectos. Sin embargo, y pese a tener competencias asignadas a través de ordenanzas municipales, estas participarán la próxima semana de los talleres para socializar el contenido de la nueva Carta Magna.

Fabricio Velásteguí Naranjo, presidente nacional del Consejo de Juntas Parroquiales Rurales (CONAJUPARE), explica los cambios significativos que ahora tienen las Juntas Parroquiales. Cuenta que hasta 1998 no tenían autonomía y las actividades se limitaban a la administración. En cambio hoy tienen autonomía y poder de ejecución.

“Para la realización de estos proyectos contamos con el 20 por ciento del Presupuesto General del Estado, tendremos la capacidad de satisfacer las necesidades del sector rural, con la planificación y realización de obras de tipo social, cultural y de infraestructura”, expresa Velasteguí.

Con el dinero se pretende  impartir estrategias para la creación de veedurías parroquiales para los sectores de educación, salud y administración rural.

Los habitantes del área rural, además de ser veedores directos de las obras, podrán elegir a sus representantes a través del voto.

Las juntas trabajarán de forma coordinada con el Ministerio de Educación y de Salud, en el sector rural para evitar actos de corrupción que se dan en estos sectores.

Velásteguí considera que es de vital importancia incentivar  y motivar a la población rural, que representa el 40 por ciento del Ecuador.

Según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2006, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  (INEC), en el sector rural viven cerca de 4 millones de personas. El 78% de esa población vive en condiciones de pobreza, el 48,9% en extrema  pobreza, subsisten con US$1 o US$2 por día. El 27% sufre de desnutrición crónica, solo  el 16 % tiene acceso a agua potable y 21% a recolección de basura. El 75% del territorio con recursos (petróleo, minerales, tierras productivas) está concesionado.