El alcalde de Quito, Paco Moncayo, aseguró que los comerciantes informales quieren aprovecharse de la resolución de la Asamblea (que proteje el trabajo autónomo y por cuenta propia en espacios públicos) y distorsionar la información. “Tienen derecho al trabajo pero bajo las normativas vigentes”, aclaró.

Agregó que la resolución no afectará las políticas municipales, más bien reforzará el accionar de los cabildos.

Ante la posible toma de las calles de los vendedores ambulantes,  aseguró que la Policía Municipal reforzará  los controles (sin confiscar mercadería) y el ordenamiento público; y, el Ministerio de Gobierno apoyaría en los operativos para evitar el caos en la ciudad y precisó que no negociará el retorno de los informales a las calles.

“El deber de los ‘metropolitanos’ es ejercer el control, evitar que los comerciantes se apoderen de las calles”, dijo.

 En 11 centros comerciales populares, el Municipio ubicó a 5.118 comerciantes que se dedicaban a las ventas ambulantes, pero muchos siguen en las calles, sobre todo en las avenidas del norte de la capital.

En tanto, la Dirección de los Centros Comerciales del Ahorro anunció que mantiene la línea de ordenamiento de la ciudad y acoge la resolución de la Asamblea que “protege la labor autónoma y por cuenta propia realizada en espacios permitidos por la ley y otras regulaciones”.

Las administraciones zonales realizan acciones para erradicar el comercio informal. En Quitumbe, Calderón, La Delicia, Eloy Alfaro, Zona Norte y la administración centro Manuela Sáenz se realizaron proyectos económicos y de concienciación sobre el uso del espacio público y el reordenamiento de los informales.

Inés Pazmiño, administradora de la Zona Centro, afirma que los vendedores ambulantes deberán sujetarse a la normativa de la ciudad y considera que el Gobierno Central debe brindar las garantías de trabajo para la población.