La esperanza de obtener la libertad -mediante la rebaja de penas- vuelve a llamar la atención de los internos de las cárceles del país. Esta vez con normativas diferentes a la denominada ley “dos por uno” -que favoreció a todos los reclusos que cumplieron la mitad de su sentencia-, ya que ahora las personas condenadas por violación, asesinato, plagio y delitos de lesa humanidad no podrán acceder a este beneficio. 

Así lo establece la nueva Ley Reformatoria al Código de Ejecución de Penas y Código Penal para la Transformación del Sistema de Rehabilitación Social, aprobada el 22 de julio por la Asamblea Nacional Constituyente, y que entró en vigencia, el 26 de septiembre,  con la publicación en Registro Oficial del correspondiente reglamento elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Según el documento, la rebaja será otorgada mediante un sistema de méritos que deberá ser sustentado por la buena conducta del reo y la colaboración activa del interno en su rehabilitación. Esta última tendrá que ser demostrada con la participación del reo en procesos culturales, educativos, laborales, de tratamiento de adicciones, entre otras actividades.

En la cárcel de varones de Guayaquil, centro que alberga a más de 3.950 internos, las regulaciones establecidas en la nueva ley son comentadas  frecuentemente por los pasillos y celdas del penal, según lo asegura Julio César Molina, quien ya cumplió seis de los ocho años de sentencia.

Él es uno más de los reos que se siente con la oportunidad de calificar a ese beneficio,  gracias a que activamente participa en el taller de ebanistería que funciona dentro de la Penitenciaría.

Aunque se pregunta ¿cuánto será el porcentaje de la rebaja que le otorguen por su comportamiento?, está convencido de que, cualquiera que sea el resultado de la evaluación, logrará obtener la libertad. “Si Dios lo quiere así, con la rebaja debo salir en el mes de noviembre como máximo”, asevera.

Ahora las personas condenadas por violación, asesinato y plagio, no podrán acceder a este beneficio  

Con un tono de seguridad, dice que cuenta con los méritos suficientes para obtener la rebaja, la misma que le permitirá, a su vez, ser libre por haber cumplido más de la mitad de su condena. Este interno se basa en el artículo 32 de la ley que permite exonerar al detenido con un máximo del 50% de la pena impuesta, dependiendo del buen expediente que registre el reo. 

De acuerdo con el reglamento,  en cada Centro de Rehabilitación Social (CRS) deberá existir un archivo que contenga información sobre los méritos acumulados por los reclusos durante el tiempo que permaneció internado. El expediente contará con un informe del Departamento de Diagnóstico y Evaluación del CRS, en el cual se informará al director de ese centro sobre la situación individual de cada reo sentenciado y la sugerencia sobre el porcentaje de rebaja a la que podría ser beneficiado.

Luego de esa evaluación, la dirección de cada penal estará obligada a remitir el expediente al tribunal que sentenció para que se verifique el cumplimiento de los requisitos que permitirán la concesión de la rebaja o hasta la libertad.

Gustavo Jalkh, ministro de Justicia y Derechos Humanos, explica que si una persona ha cumplido el 80% de su pena y acredita que tiene acceso a una rebaja de hasta un 20% por buena conducta, el juez puede determinar la excarcelación del interno.

Jalkh afirma que la resolución deberá ser emitida en el plazo máximo de 48 horas, por lo que se espera otorgar este beneficio desde la primera semana que entre en vigencia el reglamento.

Además, comenta que aún no hay un número exacto de cuántas personas se favorecerían con la ley, ya que las autoridades de cada centro de reclusión deben estudiar, “caso por caso”, los expedientes, para certificar el rendimiento del interno durante el proceso de rehabilitación.

El Ministro aclara que la reducción de penas será otorgada solo a quien está condenado por su delito. “Una vez más, la rebaja no puede ser ofrecida a quien no tiene una sentencia”, sostiene Jalkh, luego de acotar que se están ocupando de estas personas “otorgando la defensa legal gratuita necesaria para quienes no la tenían”.

Alrededor del 45% de las personas privadas de libertad tienen ese problema, de acuerdo con el último censo carcelario realizado a nivel nacional.

Pese a esto, aproximadamente 2.000 presos en todo el país podrían beneficiarse con las nuevas regulaciones, ya que tienen sentencia y han cumplido la mitad de su pena.  Así lo confirma Ernesto Pazmiño, director nacional de la Defensoría Pública Penal, quien fue miembro de la comisión que elaboró el reglamento de la Ley de Rebaja de Penas.

Pazmiño menciona que en el texto de ese documento se detallaron las medidas básicas para  evitar la salida irregular de internos  con alto grado de peligrosidad.

Afirma, además, que aquello fue establecido para no tener que repetir un proceso como el realizado con la derogada ley del “dos por uno”, en la cual todo reo que había cumplido la mitad de su condena recuperaba la libertad. “Esta vez será casi similar, pero con la diferencia que se la otorgará mediante un sistema de mérito”, aclara.    

Tampoco se podrán acoger quienes hayan sido sentenciados por plagio, asesinato, delitos sexuales, trata de personas o por crímenes de genocidio, de lesa humanidad, por guerra, determinados en el Estatuto de Roma y de la Corte Penal Internacional.

El proceso de rehabilitación será valorado según los aspectos culturales, educativos y laborales. Esta participación  será evaluada de acuerdo a la creatividad e interés del interno en estos programas, sostiene el reglamento.

Adicionalmente, la buena convivencia también será medida como parte de la rehabilitación. En este aspecto se tomará en cuenta el orden, higiene, puntualidad, responsabilidad, participación en grupo, obediencia a órdenes emitidas dentro de las competencias de las autoridades de autocontrol  y relaciones con sus familiares, con los internos y con las visitas. 

Semanalmente los funcionarios de los departamentos de trabajo social y médico realizarán visitas a los pabellones, celdas, patios y lugares de trabajo del penal, para verificar las condiciones de aseo y mantenimiento en que se encuentran aquellos lugares.

Ximena Costales, subsecretaría de Rehabilitación Social del Ministerio de Justicia, señala que para garantizar la transparencia de esos procesos se creará una veeduría, la cual solicitará explicaciones sobre los informes y decisiones tomadas en las rebajas de penas. “Nosotros no evaluamos si no verificamos que la evaluación sea correctamente realizada”, añade la funcionaria.   

Otra de las normativas del  reglamento es la rebaja de penas para internos en etapa de prelibertad y libertad controlada. La valoración del proceso de convivencia será considerada hasta por un máximo del 20% del total de la reducción de su condena. Estas personas, conforme a lo dispuesto en el Código de Ejecución de Penas, serán evaluadas según su responsabilidad en los aspectos de  asistencia y cumplimiento a los horarios establecidos en sus salidas reglamentarias. También se tomará en cuenta la reinserción laboral, familiar y social del participante.