Las boletas de libertad que lleguen al Centro de Detención Provisional (CDP) de Guayaquil, a favor de los detenidos con orden de apremio (por asuntos de alimentación), tendrán que ser cotejadas y verificadas con las firmas y sellos de los jueces y juzgados de la Niñez y Adolescencia, que reposen en esa dependencia carcelaria.

Así lo anunció ayer el magistrado Zoilo López Rebolledo, delegado distrital del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), al destacar la medida preventiva que evitará que los detenidos recobren la libertad con boletas falsas o que lleven la firma y sellos que no son del juez ni de los juzgados de la Niñez y Adolescencia.

López indicó, luego de la reunión que mantuvo con jueces y secretarias de los juzgados en referencia, que el CNJ elaborará un formato que contenga las firmas, sellos y números de teléfonos de los jueces y juzgados de la Niñez, para que el CDP utilice como referencia y así compruebe la autenticidad (de la firma y sellos) de las boletas de libertad.

Los funcionarios del CDP estarán en la obligación de verificar esta autenticidad, sostuvo López.

De esta manera se evitará que nuevas falsificaciones permitan la salida de quienes se encuentren con orden de apremio por incumplir con la manutención de sus hijos.

“En caso de que el funcionario del CDP identifique una irregularidad, tendrá que comunicar (personalmente) al juzgado para que se inicie una investigación”, manifestó.

Esta medida impedirá que se repitan hechos como el denunciado por Alexandra Gómez Cabrera, quien al llegar al CDP, con la intención de tener un acuerdo con el padre de sus hijos, Franklin Lorenty Murillo, que estaba detenido con una orden de apremio que le dictó el Juzgado Primero de  la Niñez y Adolescencia, le dijeron que había salido libre.

Ella reclamó por esa libertad, por cuanto su ex esposo no había cancelado los 8.523 dólares que debía por incumplimiento en la alimentación de sus hijos.

Las investigaciones presumen que la boleta de libertad a favor de Lorenty se elaboró de manera clandestina y con la falsificación de la firma de la jueza suplente Marcia Montero Trujillo, según declaró la propia administradora de justicia, quien denunció el hecho ante la Fiscalía y el CNJ.

El problema es que no se trata de un hecho aislado, conforme lo investigó este Diario. Ya se han dado otros casos de falsificaciones que involucran al mismo Juzgado Primero, así como al Segundo y Tercero de la Niñez.

Mariana Vélez Cuero también denunció la falsificación de la boleta de libertad a favor de su ex esposo. La secretaria del juzgado Segundo de la Niñez, Laura Cabrera, dijo que por tres ocasiones falsificaron la firma del juez Carlos Díaz.

Una medida similar se aplicará en los juzgados de lo Penal y Tránsito.

El magistrado López afirmó que también se ejecutarán medidas para eliminar las irregularidades que se presentan en los juzgados.

Una de estas, que se respete el oficio 1415 del  3 de agosto de 2001, que prohíbe la presencia de meritorios.  Lopéz aseguró que tendrá una reunión interna con el elemento policial que labora en el Palacio de Justicia para pedir que se investigue cuales son los lugares donde realizan sus actividades los llamados tramitadores o “tinterillos”.

Aclaró que si existe vinculación de algún juez en estos casos se aplicarán las sanciones que correspondan. Estas dependerían de la escala de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura y su Reglamento que comprende desde una amonestación verbal hasta la destitución.