• 03 Ago 2011
  • Editoriales
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  • Armas contra los delitos del siglo XXI

    Las claves son intransferibles y debemos protegerlas, pero sentimos que faltan campañas informativas.

    Las denuncias sobre robos informáticos están de vuelta y son titulares en los medios de comunicación. Los llamados “hackers” ingresan a las cuentas bancarias de las víctimas y realizan retiros virtuales; cuando los usuarios revisan sus escuálidos ahorros, ven con desesperación que fueron   vaciados inexplicablemente. Los últimos casos reportados afectan a funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana.

    A inicios de año, el ex fiscal general Washington Pesántez, junto con autoridades de la Superintendencia de Bancos, logró que las entidades financieras se hicieran responsables de esta inexplicable disposición arbitraria de fondos.

    El problema es que todos estos casos nos conducen a una reflexión que involucra a un conjunto de actores: los bancos, en primer lugar. ¿Qué seguridad nos ofrecen? ¿Tienen técnicos especializados en blindar sus sistemas informáticos? Parece que no. La protección del perfil de los clientes y de las redes merecen el mismo trato y cuidados extremos que la banca brinda, por ejemplo, a sus bóvedas. Y es aquí donde entra un segundo actor: las autoridades; en este caso, la Superintencia de Bancos. Es esta institución la que debe velar por el correcto y adecuado servicio a la ciudadanía. El manejo del dinero  se fundamenta en la confianza y  cuando esta desaparece no se la puede recuperar jamás. Por ello, los operadores deben realizar permanentes inspecciones e informar a los clientes sobre el monitoreo.

    ¿Cuáles son los bancos más seguros y cuáles los más débiles? ¿Hay correctivos previstos?

    La única respuesta posible nos compromete: tenemos que cooperar. Nuestras  claves son intransferibles y debemos protegerlas, pero sentimos que  faltan campañas informativas. Una vez cometido el delito,  la Fiscalía debe dar con  los responsables. Cierto es que estos robos de comienzos del siglo XXI son difíciles de rastrear, pero las autoridades están obligadas a incorporarse a los desafíos y contar entre sus colaboradores con especialistas en desarticular estas redes.