Uno de los temas que más inquietud causó a lo largo de los debates de la Asamblea Constituyente, fue el referido a las autonomías. Desde Guayaquil se alzaron voces para tildar al actual Gobierno y a la Asamblea Constituyente de centralistas… por tener una visión heterogénea y ampliada de lo que podría entenderse por autonomía. Pero se estableció, en la propuesta de la nueva constitución, un sistema de autonomías -a ser aplicado- teniendo en cuenta la prerrogativa del Estado.

Hoy, sin la comprensión histórica que implica detectar la fractura institucional (de origen) de nuestro Estado, la cantaleta de las autonomías vuelve desde otra provincia, Manabí, para confundir a la opinión pública. Es decir, como la Asamblea Constituyente no aprobó la “autonomía de Manabí”, hay que votar No en el referéndum. Y, por añadidura, calificar al presidente de “dictador” y “traidor” por algunos comentaristas destemplados.

Causa relativo horror que se desconozca la historia nacional y su contexto. Y causa pasmo porque doscientos años son pocos para tener una visión -de conjunto- de los factores que hicieron del Ecuador un país de oligarquías regionales. Oligarquías situadas en lugares históricos, establecidos por los humillantes antecedentes coloniales, y no por el antojo regionalista del presente que olvida, adrede, el pasado para inventarse el futuro.

Manabí no puede ser utilizada como la sucursal menor del bastión guayaquileño en los asuntos de un autonomismo separatista. Y no puede ni debería serlo porque sus circunstancias y virtudes de región la alejan de ese artificio autonómico. Y, más bien, le plantea nuevos retos en la vida económica del Ecuador entero.

No hay ni centralismo ni traición en no darle a Manabí una postiza autonomía. Lo que hay, sin duda, es un afán de construir un país sin franquicias egoístas.