Más que el título sugerente de un libro, “Medios ricos, democracias pobres” es una confirmación de que los medios y la democracia no siempre son la conjugación ideal. Las aspiraciones económicas y de poder de los empresarios de la comunicación son, a veces, inversamente proporcionales a la democratización de la palabra. La ausencia de la ciudadanía en los medios hace más bien que éstos se contrapongan con la democracia.

Rich Media, Poor Democracy es un testimonio de que la ciudadanía, alrededor del mundo, está cansada de que desde los medios se impongan informaciones que inclinan la balanza a favor de los empresarios de la comunicación.

El libro de Robert McChesney se alza como miles de voces que reclaman una legislación para los medios, unas reglas de juego en las que la ciudadanía tenga la palabra. Son voces que reclaman leyes que prohíban la propaganda encubierta y que democraticen la comunicación.

La responsabilidad social de los medios se ha ido difuminando, conforme ha ido aumentando el afán de hacer dinero de las empresas de comunicación.
Desde entonces, sólo importa la avalancha de informaciones, no la calidad, ni el valor agregado que contextualice las mismas. La avalancha contiene el material que el medio considera importante y vendible.

Se ofrece espectacularidad: desde las siliconas de las animadoras hasta el accidente en que mueren 20 personas. Es espectacular el incendio, la persecución, la inundación y todo hecho violento que deja víctimas. Y en circunstancias de espectacularidad, la verdad y la rigurosidad son inexistentes.

El ciudadano, no propone, no existe, ni importan sus anhelos, ni propuestas. Son los medios los monopolizadores de las críticas y de las proposiciones, y son quienes califican y descalifican ciudadanos y gobiernos.

La ciudadanía es consultada sobre “la liposucción del cuerpo de bomberos”, y otras sandeces parecidas, consultas en la cuales no queda claro quien es más subnormal, si el incauto ciudadano de quién se hace escarnio o el programa.

Hace 3 años TVE española fue condenada por difundir información parcializada respecto de la huelga general del 20 de junio de 2002, realizada en contra de varias propuestas laborales del gobierno de Aznar. TVE ocultó información y encuestas que respaldaban la medida. La demanda fue presentada por Comisiones Obreras que acusó a la estación de manipular la información.

El dictamen del Tribunal Supremo obligó a TVE a difundir la sentencia. Esta condena no provocó escándalo, ni originó manifestaciones a favor de la libertad de expresión. El medio guardó silencio y no manipuló protestas en su defensa.

Una vigilancia desde la sociedad civil que exija calidad y contenidos, podría democratizar los medios. Una regulación que dignifique la comunicación, manchada con una crónica roja incivilizada, con informaciones sesgadas, podría devolverles credibilidad a los medios. Sólo una ley que impida los excesos de la libertad de empresa, confundida mañosamente con libertad de expresión, evitará que los medios ricos empobrezcan la democracia.