Por una reciente investigación que adelantamos en el Instituto de Altos Estudios Nacionales sobre la Frontera Norte, me ha llamado la atención ver la forma tan contrastada como el Estado ecuatoriano y el Estado colombiano han respondido a las marchas campesinas que ocurrieron desde mediados de los ’90 en el Putumayo colombiano y en las provincias de Sucumbíos y Orellana en el Ecuador. En el lado colombiano, las movilizaciones campesinas que han sido estudiadas por María Clemencia Ramírez, han sido –eufemísticamente- denominadas como las marchas cocaleras, y el Estado colombiano ha sostenido que son acciones criminales apoyadas por el terrorismo de las FARC. Los campesinos en el Putumayo, igual que sus pares ecuatorianos, han reclamado presencia del Estado, vialidad, salud, educación. En fin, han demandado que algo de los recursos petroleros que sostienen a las economías nacionales quede en el propio suelo del que se extrae.

“Los paramilitares iniciaron campañas de asesinatos, y muchas desapariciones…”

Detrás de las acusaciones formuladas por el Estado colombiano, por los presidentes y por los altos oficiales de las fuerzas armadas, ha venido una avalancha de acciones paramilitares que recrudecieron después de las marchas que ocurrieron en 1996. Luego de las sindicaciones contra los campesinos, los paramilitares iniciaron campañas de asesinatos, desapariciones y desplazamientos masivos que permitieron el apoderamiento de grandes extensiones de tierras por parte de los paramilitares y narcotraficantes a partir 1998. Poblaciones como Puerto Asís, San Miguel, Puerto Leguízamo y el Valle de Guamuez han sido víctimas de las atrocidades. Sólo en el último municipio ocurrieron 48 homicidios entre agosto y septiembre de 1998, mientras en la inspección del Tigre en enero de 1999, las Autodefensas Unidas de Colombia ejecutaron a 26 personas, desaparecieron a 14 y quemaron las casas, en una espiral de violencia que aún hoy no termina.

Del lado ecuatoriano las movilizaciones y protestas también empezaron a mediados de los años ’90 y a partir del 2001 se dinamizaron por la creación de la Asamblea biprovincial de Orellana y Sucumbíos, sui géneris organización que agrupaba a la sociedad civil y a funcionarios como prefectos y alcaldes. Esta organización dirigió paros y movilizaciones que pusieron en jaque al país al cortar el flujo petrolero y luego de cuatro años de batallar materializaron varias de sus aspiraciones más sentidas. Hubo casos de represión, nada significativos si se comparan con el Putumayo. Para comprender la reacción del Estado a ambos lados hay que tener en cuenta que uno de los grandes legados de la revolución liberal en el Ecuador fue la secularización de las relaciones políticas.

Esto permitió que los sectores de izquierda tuvieran gran cercanía con el establecimiento político e hizo que la negociación entre distintos actores no fuera extraña a la tradición política del país. El liberalismo también incidió en las fuerzas armadas y el clero desarrolló una fuerte veta popular. En Colombia, por el contrario, el liberalismo fue derrotado por contrarrevoluciones que se expresaron en contrarreformas agrarias y en un fundamentalismo político que imposibilita toda inclusión popular a las grandes decisiones políticas.