El 14 de febrero de 1937, don Carlos Manuel Larrea, canciller de la dictadura de Federico Páez, suscribió con la llamada Santa Sede, a nombre de la República del Ecuador, un “Modus Vivendi”, es decir, un texto que definía una forma de convivencia entre estas dos partes, que se habían mantenido en disputa durante décadas, precisamente a causa de la “Guerra Santa” decretada por los obispos de la Iglesia católica contra la Revolución Alfarista y sus consecuencias posteriores.
“En el ámbito diplomático, un modus vivendi es un instrumento que registra un acuerdo internacional de naturaleza temporaria o provisional, que luego será reemplazado por un acuerdo de un carácter más permanente o detallado, generalmente, un tratado”, precisa la Wikipedia.
Este carácter temporal, provisional y emergente de los Modus Vivendi los diferencia de los Concordatos, que, según la definición del tratadista católico Giménez Fernández, “son solemnes convenciones bilaterales y obligatorias para la Iglesia y el Estado sobre mutuas delimitaciones del ámbito para el ejercicio de las potestades eclesiástica y civil, a tenor de las circunstancias crónicas y tópicas”.
Pero veamos la esencia de ese acuerdo de convivencia. A cambio de la garantía que daba el Estado ecuatoriano para que la Iglesia católica tuviera en el Ecuador “…el libre ejercicio de las actividades que, dentro de sus esferas propias le corresponde”, la Santa Sede “renovó sus órdenes precisas al clero ecuatoriano a fin de que se mantenga fuera de los partidos y sea extraño a sus competiciones políticas”.
“La Iglesia nunca respetó ese Modus Vivendi. Hay que denunciar oficialmente esa ruptura”
Por otra parte, en un convenio adicional, se acordó que: “Los boletines eclesiásticos, órganos de publicidad de las distintas diócesis, destinados a la divulgación de los documentos pontificios y episcopales y a la exposición y defensa de las doctrinas dogmáticas y la moral católica, con prescindencia de las cuestiones de política partidista, podrán publicar y circular sin restricción alguna”.
La Iglesia nunca respetó ese Modus Vivendi. Hubo muchos prelados y curas que siguieron actuando en política a lo largo del siglo XX. Recuérdese al famoso cura Armijos, que garantizó el triunfo de Ponce. O a los obispos, curas y beatos que Phillip Agee dice contribuyeron con la CIA para derrocar a Arosemena.
Tal como están hoy las cosas, con la jerarquía eclesiástica dando guerra al Gobierno y actuando desembozadamente en la campaña política, es obvio que ese acuerdo provisional de convivencia pacífica ha sido roto, pisoteado y desconocido por los obispos ecuatorianos. Y el Vaticano, en vez de controlar esos actos, los ha tolerado y aupado, bajo las orientaciones del Opus Dei. Ello exige una respuesta cabal del poder público, que debe comenzar por denunciar oficialmente esa ruptura, para dictar a continuidad unas muy precisas normas de refrenamiento de la insolencia eclesiástica.
La agresión colombiana dio lugar a una ruptura de relaciones diplomáticas. El inicuo convenio de la Base de Manta fue denunciado. ¿Vamos a seguir tolerando ese Modus Vivendi, que la misma Iglesia ha roto con sus actos agresivos y su irrespeto a los órganos de la soberanía nacional?