Nada es sagrado si no es mercancía. ¿Por qué habrían de serlo el pensamiento, la educación y la Universidad? Las mayorías silenciosas asistimos, sin saberlo, al fetichismo de la tecnología. La Universidad pública ecuatoriana está doliente y por ello propensa a diluirse en este paraje unidimensional. Con la muerte del saber sobre lo humano, las mayores sofisticaciones perderán sentido y nos ganará la mediocridad.
El menoscabo de la Universidad pública se agudizó, tras la promulgación de la legislación de finales de los ‘90 que consagró el divorcio de la investigación y el desprecio por el pensamiento; eventos con un peso decisivo en el deterioro de la educación superior y la casi total desaparición de la investigación. Al mismo tiempo, el incremento de los precios del petróleo ha excitado los apetitos por los fondos públicos. ¿Cómo conciliar a la autonomía universitaria con el hambre atrasada de los marchantes de la educación?
“La Universidad pública está doliente y propensa a diluirse en el desprecio”
En este contexto, los debates constituyentes sobre la educación superior y la investigación quedaron cautivos en las salas de sesiones de las comisiones o en los acuerdos de cafetería. Sobre todo, resulta inquietante la mansedumbre de los sujetos colectivos que renunciaron a llevar a los espacios universitarios y las múltiples esferas públicas –de gremios, grupos ciudadanos, movimientos, partidos– las deliberaciones sobre el futuro del conocimiento. Impera el mito de que la clave es el presupuesto y no la crisis de ideas y de compromiso cívico. Así, en ausencia del activismo pro conocimiento, se marchita la responsabilidad colectiva por la continuidad de la vida académica, del nuevo humanismo, ecuménico y ecológico, de la tecnología al servicio de la vida, de la ciencia y de la memoria colectiva.
En brazos de la apatía, hemos olvidado las oportunidades que esta genera para las fuerzas neomercantilistas. Es así que, el Plan Bolonia para la educación superior prospera y expande el modelo de la universidad “transgénica” (Balvidares), basado en el concordato del Estado con las corporaciones financieras, para privilegiar las orientaciones instrumentales de la ciencia. La receta consiste en que la Universidad pública continúe recibiendo recursos estatales, mientras “las empresas se apropian de un ejército de becarios pagados con los impuestos (…)”, alerta Fernández Liria, lo que eufemísticamente se ha dado en llamar “poner a la Universidad al servicio de la sociedad”.
En la Constitución montecristense hay motivos para el optimismo. Retorna la gratuidad de la educación, se reconoce el estatuto de la investigación. Sin embargo, no se define el papel de las humanidades. ¿Y el fetichismo tecnológico? ¡Bien, gracias! Hubiese preferido, confieso, una Constitución “reglamentaria” que exorcice las salidas al estilo “Plan Bolonia”. Encontramos, así, una paradoja: la autonomía de la Universidad prescrita constitucionalmente no garantiza su soberanía, conquista suprema que garantizaría la prosperidad del pensamiento y el nuevo humanismo repartida equitativamente, como anhela Jacques Derridá, en la “Universidad sin condiciones”.