Una Constitución no es, en sí, una referencia directa y mecánica de la realidad existente, su función es, en tanto instrumento social y político, prefigurar una nueva “realidad”, pero esa perspectiva de futuro, ese proyecto, debe coincidir con los procesos socio-políticos reales. Desde este punto deberá ser valorada la pertinencia de la nueva constitución elaborada en Montecristi.
La lógica, más o menos permanente, de los sectores de poder ha tenido por objetivo sacar del ámbito de la política la construcción de las estructuras del Estado y llevarlo al plano técnico, a una cuestión de especialistas, desplazando o controlando así a los sujetos sociales gestores de los procesos de cambios en movimiento. Esto no ha sido patrimonio de la derecha, lamentablemente algunas izquierdas también utilizaron este recurso para evitar ser desbordados por la sociedad, a nombre de un “realismo político” que, en muchos casos, dejaron amargas experiencias: la derrota de “la gloriosa” de 1945 es el ejemplo más dramático.
“La Asamblea Constituyente abrió espacios de movilización social contínua…”
Del actual proceso, en el que hay que reconocer que el presidente Correa tuvo la capacidad política de provocar una salida al estancamiento en que había caído la resistencia antineoliberal (desatado por el primer levantamiento indígena de 1990) habrá que hacer un balance del por qué estos dos procesos no se juntaron, la movilización social fue desplazada fundamentalmente a dos espacios: los diálogos con los gabinetes itinerantes y las elecciones, ambos plenamente controlados por el Gobierno. La Asamblea Constituyente abrió espacios de movilización social contínua, tanto en las mesas itinerantes, como en Ciudad Alfaro. En medio de contradicciones se iba configurando un centro social de la política, con niveles variados de autonomía respecto del Gobierno; la sociedad buscaba formas de irrupción directa en el Estado. Pero este fue cortado con el desplazamiento-renuncia de Alberto Acosta de la presidencia de la Asamblea, y la redacción de la nueva Constitución devino en acto técnico, escenario político de la derecha por excelencia, presionado además por el tiempo. Salieron las organizaciones sociales y entraron los asesores jurídicos del presidente. La negación del kichwa como segundo idioma nacional es ejemplo de aquello.
La nueva Constitución no debe ser valorada únicamente como texto, también debe ser sopesada como instrumento constituyente, más allá de los ocho meses de funcionamiento de la Asamblea, en relación con el rumbo que tomen el Gobierno y los movimientos sociales. Es necesario puntualizar esto, ya que a lo largo del texto de la nueva Constitución se habla de la participación ciudadana, pero la ‘ciudadanía’, como actor político, hasta ahora solo se ha expresado el día de las votaciones; por lo que cimentar el Estado en algo que no existe todavía, deja los instrumentos de poder, los aparatos del Estado, en manos de quienes lo controlan o tienen el poder real.
Los procesos de transformación pueden profundizarse si son sostenidos desde la incorporación de la mayoría de la sociedad y sus sujetos reales, de lo contrario corre el riesgo de convertirse en caricatura.