• 15 Abr 2013
  • Cartas al director
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  • Sin Radio La Luna, los derechos sin voz y sin eco

    El 12 de febrero del año en curso se publicó mi comunicación con el título MÁS TELÉGRAFOS SEÑOR DIRECTOR. Hoy quiero aprovechar su espíritu democrático para que se haga conocer mis opiniones en la presente relacionado con los titulares. Es para despertar la conciencia y el recuerdo en la ciudadanía de Quito y rincones del país la importancia que tenía Radio La Luna, que con acertada dirección del señor asambleísta Paco Velasco, cantidad de ciudadanos cargados de espíritu patrio podíamos participar con nuestras propuestas y sugerencias en bien de todo el Ecuador, también denunciando y rebatiendo todo lo negativo de la oposición al gobierno del señor economista Rafael Correa, quien desde un principio nos convenció de que no nos fallará como un gran gestor y ejecutor de extraordinarias obras a la vista, muy significativas para el desarrollo y del Buen Vivir como objetivo de la Revolución Ciudadana.

    Desafortunadamente nos quedamos asombrados al ver que el momento menos pensado se hizo caso a la oposición para desaparecer Radio La Luna y nuestros derechos se quedaron sin voz y sin eco, porque los políticos derechosos retardatarios aliados con los grupos de poder económico cubiertos con el poncho rancio del neoliberalismo apagaron las voces denunciadoras de los tentáculos corruptos. Al momento los ecuatorianos que siempre  hemos estado colmados de fervor cívico para ayudar a construir, solo esperamos de El Telégrafo para participar con nuestras propuestas y sugerencias al Gobierno y asambleístas de AP que esperamos se nos escuche con lealtad a los ecuatorianos de a pie, por eso les dimos el voto a efecto de que se cristalicen reformas en la Constitución en lo relacionado con el artículo  60 del Registro Oficial No. 52 del jueves 22 de octubre de 2009, que dice los ciudadanos están facultados a presentar en la Corte Constitucional el Recurso Extraordinario de Protección dentro de los 20 días de la última sentencia dictada por el organismo judicial inferior para reclamar derechos, cosa que nos parece contradictoria a lo que generalmente sabemos que los derechos laborales de los empleados públicos y privados nunca prescriben en base también a lo que la misma Constitución dice en su artículo 11 y sus numerales, y el artículo 424 que señala supremacía de la Constitución.

    Otra aspiración sería de dar mayores atribuciones al Ministerio de Relaciones Laborales, Ministerio de Justicia de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, de ser posible nombrar veedores en estas instituciones a fin de que sus resoluciones se cumplan inmediatamente sin dar cabida a influencias políticas de compadrazgo ante los jefes empleadores para valerse de artimañas y alegar prescripción de derechos. Los ministerios y organismos anotados se excusan de no tener atribuciones de coacción para ejecutar y que los ciudadanos que se sienten afectados deben demandar, lo que significa más perjuicio económico y amontonamiento de procesos en los juzgados que es igual al sinónimo de tortuguismo en la justicia.

    Asimismo se han creado otros organismos con nombres rimbombantes como fiscalías con Soluciones Rápidas donde los ciudadanos acuden a denunciar actos de delincuencia, pero el fiscal termina en la resolución dando la razón al delincuente. Comisión de la Verdad y Transparencia, donde tengo duda de que las denuncias contra algún alto funcionario del Gobierno tengan el seguimiento y el efecto  adecuado, porque lastimosamente el presidente Rafael Correa, por más que quiera sanar la Administración Pública y la justicia, no puede estar detrás de cada uno de sus colaboradores, que muchos harán a sus espaldas cosas tránsfugas abusando de la confianza. En la Contraloría existe un departamento de Asuntos Éticos y Participación Ciudadana, pero nada que ver con el nombre, es solo un departamento burocrático, donde los jefes  reciben hasta  con mala cara a los insistentes denunciantes. Entonces surge una pregunta. ¿Quién controla las actitudes de los funcionarios de la Contraloría y al Contralor?, porque igual prima la influencia política y el amiguismo.

    Por las razones señaladas queremos recobrar la esperanza de que nuestros asambleístas legislen con impulso y muchas ganas para seguir el cambio de la patria, empezando por las reformas a la Constitución para que las instituciones y departamentos respondan a su nombre defendiendo los derechos ciudadanos. Es prioridad aprobar la Ley de Comunicación en la que sin duda se castigará el abuso de la Libertad de Expresión que ha estado en manos de la prepotencia aliada con los grupos de poder para mentir, difamar, tergiversar la noticia y de esa manera no dejar avanzar.

    Antelando mi reconocimiento por el espacio que nos brinda en su Diario a los ciudadanos honestos, no dejo de resaltar la añoranza de Radio La Luna y quizá hubiera otra emisora  igual o quizá el Canal de la Asamblea, la TV pública o algún otro medio de comunicación nos permitan exponer nuestras denuncias y nuestras propuestas positivas con voz y con eco.

    Atentamente.
    Luis Calvas Ríos
    170233377-2

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