• 06 Nov 2011
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  • Las playas son cada vez más “estrechas”

    El crecimiento desordenado de cabañas y edificaciones se evidencia en varios balnearios del país. También existen inmuebles con cierta exclusividad para el acceso a la playa, que debe ser de uso público.

    Decenas de cabañas y locales para la venta de comida se extienden a lo largo del balneario del cantón General Villamil Playas, en la provincia del Guayas. Foto: Pilar Vera |  El Telégrafo
    Decenas de cabañas y locales para la venta de comida se extienden a lo largo del balneario del cantón General Villamil Playas, en la provincia del Guayas. Foto: Pilar Vera | El Telégrafo

    Redacción Actualidad

    La construcción de cabañas y otras edificaciones ha restado espacio a las playas, en los últimos diez años. A ello se suma la “invasión” del comercio: quioscos, carretas y carretillas, juegos y aparatos de diversión acuática. Y no hay playa que se libre de este fenómeno, sobre todo en los períodos vacacionales. Por eso la queja de poblaciones como la del cantón General Villamil Playas, único balneario de la provincia del Guayas.

    La situación preocupa al alcalde de dicho cantón, Michel Achi, quien ha planteado al Ministerio del Ambiente  crear una “zona protegida” de una milla náutica y 14 kilómetros de extensión, desde el espigón hasta el estero de Data.

    Achi señala que el objetivo es establecer un reordenamiento y limitar la capacidad de carga del balneario. “No podemos  permitir que se nos instalen baterías sanitarias a lo largo de toda la playa, cuando no tenemos alcantarillado, y las descargas de aguas servidas vayan directamente al mar. Hay que establecer nuevas reglas del juego”, comenta la autoridad cantonal.

    El funcionario afirma que, de aprobarse el planteamiento, en coordinación con instituciones del sector público, operadores turísticos y comerciantes artesanales, se trazará un plan para regular los múltiples servicios que se prestan en la playa. De tal forma que se reordenará a los vendedores ambulantes, los restaurantes y locales comerciales.  

    Si bien en el balneario es tradicional desde hace décadas que muchas cabañas y restaurantes brinden su servicio, el aumento de estas edificaciones frente al océano ha hecho que el Municipio no conceda más permisos de construcción,  explica Achi.

    Una de las zonas más conflictivas, según dice, se presenta en el sector de El Arenal,  donde un tramo de los casi 40  kilómetros del perfil costero que tiene Playas está en disputa. En esa zona, a escasos metros de la orilla, se levantan edificaciones de madera, cuyos propietarios son los ribereños que reclaman ante los juzgados la posesión de los accesos de aluviones (área cercana al mar).

    Ante la negativa de la Alcaldía de conceder los permisos, estas personas recurren a los jueces, que amparados en el artículo 666 del Código Civil, los facultan a construir a una distancia de 8 metros de la línea de más alta marea, menciona Achi.

    Exclusividad en playas

    A lo largo de la vía Data-Posorja también se observan viviendas terminadas y con vista al mar, cuyos propietarios tienen cierta exclusividad en el uso de las playas, ya que  desde la calle no existen suficientes caminos para acceder al balneario. Sobre la arena, en cambio, se ve la acumulación de desperdicios y basura que ha sido arrastrada por el mar.   

    El jefe de la Capitanía de General Villamil Playas y Posorja, teniente Nilton Sánchez, comenta que este tipo de playas privadas también hay en Salinas y Olón, pero el problema es que todo está respaldado con documentos, ya que en administraciones anteriores existían disposiciones que  daban facultades al Ministerio de Defensa para otorgar  este tipo de permisos. 

    El director de Protección Ambiental Marino Costera de la Dirección  Nacional de los Espacios Acuáticos (Dirnea), capitán de corbeta Vicente Jácome, por su parte, afirma que las playas del país son parte del territorio nacional y pertenecen a los bienes de uso público.

    “Las playas privadas no existen en el Ecuador. Nadie es dueño de la playa, a menos que tengan catastrados los linderos; pero aun así, las concesiones de playas y bahías no facultan a la gente a adueñarse de ellas, que son de uso público”, enfatiza  el funcionario.   

    El artículo 614 del Código Civil establece que el uso  y goce del mar y sus playas, de los ríos y otros, y generalmente de todos los bienes nacionales de uso público, estarán sujetos, además de las disposiciones de este código, a las leyes especiales y las ordenanzas generales o locales que sobre la materia se promulguen.

    Jácome explica que esta disposición va en concordancia con el Código de Policía Marítima emitido en 1960, que en su artículo 80 menciona que las playas no podrán ser objeto de adjudicaciones o concesiones de carácter estable, a fin de evitar que pierdan su calidad de bienes nacionales de uso público. Solo se exceptúan las concesiones hechas por el Congreso Nacional sin haber mediado reclamo de  terceros y las que provengan de sentencia judicial de última instancia, agrega el texto.

    Además, explica que hacer respetar el uso público de las playas y evitar que sean privadas es competencia de los municipios, que deben fijar un área de influencia.

    Al respecto, el alcalde de Playas resalta que durante su administración, desde 2009, “no se ha vendido ningún metro cuadrado de acceso por aluvión; todas las construcciones que se ven ahí se hicieron en administraciones anteriores”.

    El director de la Dirnea indica que a la Armada solo le compete el control de las playas hasta donde sube la más alta marea, lo cual varía de acuerdo con la pendiente. Esta institución es la encargada de regular las concesiones de zonas de playas y bahías, permanentes o temporales, para astilleros, muelles, pilotes y camaroneras, mediante acuerdo interministerial.

    “Lamentablemente en el país no hay un ordenamiento territorial en la parte costera, el hecho de que existan edificios cerca de la playa va en perjuicio del turismo, porque causa un impacto ambiental considerable”,  dice Jácome.

    Con él coincide el oceanógrafo José Luis Santos, quien expresa que siempre que se construya en las playas va a haber un impacto ambiental, ya que son zonas donde se presenta erosión y sedimentación. Aclara que estos son procesos naturales, pero cuando se hacen construcciones en la zona costera, aumentan. Por ello señala que no es aconsejable levantar edificaciones cerca de la playa sin un estudio previo.