• 06 May 2012
  • Guayaquil
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  • Legalización causa pugna en Monte Sinaí y la cooperativa Janeth Toral

    Miles de familias en el noroeste de la urbe intentan formalizar sus terrenos, pero no se atreven a hacerlo directamente por temor a represalias de dirigentes y moradores. El censo que realiza el Cabildo porteño no ha cubierto todos los asentamientos.

    Los asentamientos populares del noroeste del puerto principal  aún registran nuevas familias que llegan a construir sus casas, pese a que el Gobierno lo prohibió el año pasado. Foto: Miguel Castro |  El Telégrafo
    Los asentamientos populares del noroeste del puerto principal aún registran nuevas familias que llegan a construir sus casas, pese a que el Gobierno lo prohibió el año pasado. Foto: Miguel Castro | El Telégrafo

    Redacción Guayaquil

    La noche del sábado anterior, Lorena Perea, habitante de la cooperativa Janeth Toral, perdió su casa luego del temblor que se sintió en toda la urbe y que tuvo su epicentro en la provincia de Santa Elena. Todo lo que se destruyó  era producto de casi 11 años de sacrificios, pero -por lo menos-no hubo pérdidas humanas que lamentar.

    “No pensé en otra cosa que salir de ahí junto a mis hijos”, comentó Perea. La pérdida de sus vivienda no hizo más que recordar la precariedad en la que les toca vivir debido a que tienen ciertas limitaciones en cuanto a servicios. Ella, como casi las 2.500 familias del sector, aún no ha sido censada por el Municipio de Guayaquil.

    Perea, quien mantenía un pequeño bazar como modo de obtener el sustento diario, ha sido visitada por miembros de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Actualmente, junto a  sus tres hijos, está recibiendo posada en casas vecinas.

    “Yo no quiero ser reubicada, si pueden ayudar a reconstruir mi casa, sería lo mejor”, acotó Perea, quien conoce que delegados del Ministerio de Vivienda llegarían hasta el lugar, aunque ignora si la situación legal del sector podría ser algún impedimento burocrático.

    Juan Vera, quien lleva 13 años viviendo en la Coop. Janeth Toral, explicó que, aunque tienen “luz verde” para legalizar la situación de este lugar, nadie se anima a hacerlo por temor a represalias. “En el Municipio está sentado el trámite para la legalización, pero nadie va porque inmediatamente es señalado como dirigente que hace las cosas para beneficio propio”, aseguró Vera.

    Los habitantes aseguraron que el Municipio de Guayaquil ha censado las viviendas del sector de Monte Sinaí -que tiene aproximadamente 5 años de creación- cuando Janeth Toral tiene casi 15 años como asentamiento popular. “Pasamos desapercibidos para las autoridades y todas las empresas de servicios básicos”, lamentó Vera.

    Para  tener luz, el vecindario se organizó para comprar el cableado y el transformador, en función de acceder al servicio desde los postes de la avenida Casuarina. En cambio, el agua potable deben adquirirla a los tanqueros.

    Varios moradores señalaron a Juan Manuel Bermúdez, ex intendente de Policía de Guayas en el gobierno de Gustavo Noboa, como uno de los responsables de que en el lugar exista desconfianza por la legalización de tierras.

    “Un conjunto de viviendas se estaba organizando para llegar hasta el Municipio y lo que hizo este señor (Bermúdez) fue abrir una zanja con maquinaria pesada para evitar el paso de los tanqueros hasta allí”, dijo un habitante del sector desde hace 14 años y que prefirió mantener el anonimato.

    Bermúdez renunció a su cargo de intendente en mayo de 2000, tras los cuestionamientos que surgieron por los allanamientos realizados a los domicilios del periodista Darwin Herrera y de la doctora Blanca Ruiz, donde no se encontró algún elemento incriminatorio. “Lo que requerimos es que el Municipio venga directamente para poder arreglar nuestra situación”, solicitó el ciudadano.

    En la cooperativa Talía (Monte Sinaí), en cambio, sus habitantes son aún más desconfiados y omiten sus nombres en el momento de compartir lo que conocen sobre la legalización de las centenas de familias que allí viven.

    Los rumores de que Cabildo o el Gobierno van a desalojar son constantes, según Martha, quien lleva casi un año en el lugar. “No podemos hacer nada para arreglar nuestras viviendas, desde hace casi un año, cuando se prohibieron las invasiones”.

    Aunque la mayoría de las familias del lugar lleva más de un año en Talía, Martha no niega que en el sector hay gente que ha hecho caso omiso de la orden de las autoridades y ha levantado viviendas durante el año pasado. “Sin embargo, tampoco estamos hablando de un grupo grande, sino de pocas personas en extrema necesidad que buscaron un techo...”.

    Los moradores, según Juan, quien lleva casi dos años en Talía, están divididos en cuanto a los acercamientos con las autoridades para legalizar su situación. “Hay grupos que prefieren arreglar las cosas con el Municipio y otros con el Gobierno”, aseguró Juan. Para este efecto, acotó, existen compromisos firmados por el ex gobernador Roberto Cuero.

    También se mantuvieron conversaciones con gente allegada a miembros del Concejo municipal, aunque no hubo un ofrecimiento formal.

    Durante la semana pasada, además, se buscaron acercamientos con la gobernadora Viviana Bonilla, pero no recibieron respuesta hasta el lunes por la tarde. “Hasta donde conozco, estos terrenos son propiedad del Estado, pero sería mentir si digo que sabemos bastante sobre legalización de terrenos”, admitió Juan.

    Hasta el cierre de esta edición, trascendió que una delegación del Municipio de Guayaquil visitó el sector de Talía para conversar con los moradores y atender sus peticiones.