Senado italiano fija leyes contra indocumentados
El organismo aprobó medidas que vinculan la inmigración ilegal a la delincuencia y la reprime con prisión y expulsión.
EFE
ROMA/ITALIA
El Senado italiano aprobó ayer una de las leyes previstas por el Gobierno conservador de Silvio Berlusconi incluidas en su política de mano dura contra la inmigración y que recoge, entre otras medidas, la de facilitar la expulsión de los indocumentados del país.
La ley fue aprobada por 161 votos a favor, 120 en contra y la abstención de los 8 senadores de la Unión de Demócratas de Centro y Democristianos (UDC). El Partido Democrático (PD), principal de la oposición, no dudó en catalogar la norma de anticonstitucional, además de discriminatoria por vincular la delincuencia a la inmigración.
Entre las medidas, que el Gobierno califica como “paquete de seguridad”, destaca la de considerar la inmigración ilegal como un agravante, lo que incluye un castigo con penas de seis meses a cuatro años de prisión para los que se nieguen a abandonar el país de forma voluntaria y el endurecimiento de un tercio de las penas previstas en caso de condena de un inmigrante ilegal.
Además, será más fácil expulsar a los irregulares condenados, ya que podrán ser repatriados cuando tengan penas superiores a dos años y no diez años como en la actualidad, o a quienes no puedan demostrar sus fuentes de ingresos.
La nueva ley establece, además, la confiscación del apartamento para quien lo alquile a los “sin papeles”, así como una pena de cárcel entre seis meses y tres años.
El Gobierno ha incluido en este conjunto de medidas el empleo del Ejército en la seguridad ciudadana, con la movilización de tres mil soldados que patrullarán las calles, por un período de seis meses y prorrogables solo otro medio año.
La presidenta de los senadores del Partido Demócrata, Anna Finocchiaro, estimó que el endurecimiento de las penas para los clandestinos era anticonstitucional ya que vulnera el “principio de igualdad” de los ciudadanos inscrito en la Constitución.
La ley también contiene medidas más severas para luchar contra la criminalidad, atendiendo a la promesa de garantizar una mayor seguridad formulada por la derecha, que explotó los delitos cometidos por los extranjeros durante su campaña electoral.
Se autoriza la expulsión inmediata de personas sin papeles consideradas peligrosas, la condena a cadena perpetua a quien mate a un policía, endurecimiento de las penas para los delitos de mafia y ningún descuento para violadores, conductores borrachos o traficantes de droga.
Otro artículo de la ley estipula el registro de la huella digital obligatoria para los niños gitanos que viven en la península sin documentos.
La iniciativa fue presentada por el ministro del Interior Roberto Maroni, quien es, además, segundo de la xenófoba Liga Norte, decisiva en la victoria de la alianza Pueblo de la Libertad, de Berlusconi, en los comicios de abril pasado.
El texto incluye una disposición para suspender durante un máximo de 18 meses los juicios por infracciones pasibles de menos de tres años de cárcel y cometidas hasta el 2 de mayo de 2006.
Esta enmienda durante su primera redacción desató una gran polémica entre los magistrados ya que suspendía decenas de miles de procesos.El texto inicial preveía aplazar un año todos los juicios sobre hechos pasibles de menos de 10 años de cárcel cometidos hasta el 30 de junio de 2002, incluido un juicio en curso en Milán por corrupción contra el primer ministro Berlusconi y su ex abogado David Mills. Pero inmediatamente después del voto de los diputados a favor de una ley que garantiza la inmunidad judicial a Berlusconi, el gobierno accedió a modificarla.
Berlusconi se blinda y evade juicios
El Senado de Italia también aprobó una controvertida ley de inmunidad que permitirá a su primer ministro, Silvio Berlusconi, y otros tres altos funcionarios del Gobierno evitar los procesos judiciales mientras estén en el poder. La medida alcanza también al presidente de la República, Giorgio Napolitano, quien ahora debe poner la firma final para que la norma entre en vigor una vez publicada en el boletín oficial.
La nueva medida, que ya consiguió el visto bueno de la Cámara de Diputados el pasado 10 de julio, se ha aprobado a pesar de las protestas de los partidos de oposición italianos, de centro-izquierda, que se encuentran muy debilitados.
La oposición ha acusado a Silvio Berlusconi, de 71 años, de crearse una ley a su medida para librarse de casos pendientes, como en el que se le acusa de haber ordenado el pago de 600.000 dólares al abogado inglés David Mills como recompensa por no revelar, durante dos juicios en los que participó en calidad de testigo, informaciones sobre dos empresas de Il Cavalieri, abiertas según la fiscalía para lavar dinero negro. (Agencias)