Sopla viento en contra para la democracia popular en América Latina. La derecha genocida que calza botas y la que se desfigura bajo la forma de partidos políticos aprovechó la última semana los efectos sociales de la crisis económica en el mercado laboral, la debilidad de poder y los propios errores estratégicos de los gobiernos de Honduras y Argentina para usurpar y ganar terreno en ambos países, respectivamente.

El presidente de la (por el momento) ex República de Honduras, Manuel Zelaya, fue secuestrado en pijamas por un grupo comando de militares apoyados por los poderes Legislativo y Judicial, y luego expulsado a Costa Rica.  Zelaya impulsaba una legítima consulta ciudadana no vinculante para la reforma constitucional, validada por los sectores populares y rechazada por la Justicia y el Congreso.

Zelaya, que preside desde 2006 el segundo país más pobre de Centroamérica, con casi 30 por ciento de desempleo y una hipertrofia del sector servicios, ha dicho en Managua que regresará a Tegucigalpa “por voluntad propia, con la protección de la sangre de Cristo, de Dios y el pueblo”. Lamentablemente, hará falta más que eso para recuperar el poder usurpado.

Precisamente, la comunidad internacional ha respondido en forma rápida y enérgica contra el golpe de Estado en Honduras. Los gobernantes de facto han aislado el país para que los ciudadanos, que se desangran en las calles, no se anoticien del repudio americano y mundial que tiene el gobierno cívico-militar.
El sentido común y la historia de muerte de las dictaduras en América Latina llevan a condenar la repentina toma del poder por las armas en Honduras.  Sin embargo, ¿fue esta agresión un hecho aislado o es un comportamiento extremo de un rebrote de los sectores conservadores en la región? Y una segunda cuestión: ¿Se puede iniciar una profunda y legítima reforma socialista con mero voluntarismo, sin considerar el peligro objetivo de las fuerzas que se opondrán?

Los mandatarios de Venezuela, Ecuador y Bolivia conocen que hace falta más que buenas intenciones para encauzar la nación en un proyecto de redistribución de la riqueza y desarticulación de las corporaciones judiciales, económicas y mediáticas. Y que un yerro táctico puede ser muy costoso, no sólo para la continuidad política del mandatario, sino para el pueblo que lo legitima.

Un ejemplo de que los sectores conservadores han retomado su actividad es Argentina. La nación sudamericana ha quedado a medio camino de una reforma política y económica que mejore las prácticas republicanas y la calidad de vida de los ciudadanos pobres. La centro-derecha, encabezada por un magnate sustentado en el poder económico, propinó el domingo un duro revés al gobierno de la presidenta Cristina Fernández. Lo hizo nada menos que en el corazón del peronismo, el Conurbano bonaerense, una zona geográfica que tradicionalmente fue hontanar de votos para el justicialismo.

América Latina lucha por estos días contra los efectos de la crisis económica internacional que amenaza las fuentes de trabajo de su población activa. Esta situación no debe ser menospreciada por los líderes de la región. No sólo por la principal cuestión, humanitaria, sino también desde la estrategia política. Las personas tienden a buscar un culpable y a encontrar “un salvador” cuando pierden su fuente de ingresos y están por caer en la pobreza.

El fascismo aprovechó en Europa los efectos sociales de la Gran Depresión para tomar el poder, con el visto bueno de los sectores conservadores, pero también con el apoyo popular en las urnas. La responsabilidad histórica de los gobernantes que han iniciado una profunda transformación social en sus países exige una mirada general, sobre los procesos, y no sólo sobre la coyuntura.