Los furgones policiales para el transporte de detenidos en el condado de Maricopa, en Arizona, llevan pintado en su carrocería un ruego para que los ciudadanos denuncien, entre sus vecinos, a los inmigrantes sin papeles. La llamada está escrita en un cuerpo de letra tan grande que parece del todo improbable el pasar junto a uno de esos vehículos y no apercibirse del mensaje. “No entres ilegalmente”, se lee en una leyenda impresa encima de una reproducción de la clásica señal de stop.

Invitar a la delación de los irregulares de una manera tan vistosa constituye una más entre las muchas ocurrencias del sheriff local, Joe Arpaio, quien es conocido en Estados Unidos tanto por sus prácticas “imaginativas” (obligar, por ejemplo, a los reclusos a vestir ropa interior rosa; a modo de escarnio) como por su insobornable celo a la hora de forzar el cumplimiento de la ley. Más en concreto, la migratoria.

Del ingenio de este hijo de italianos, como de la inquina con la que persigue a los ilegales, habla la curiosa interpretación que Arpaio, conocido como “el sheriff  más duro de América”, hace de la legislación que pena el tráfico de personas. La norma le vale al jefe policial, de cuya jurisdicción depende un amplio territorio que limita con la frontera mexicana, como un subterfugio para acusar a los espaldas mojadas de traficar con ellos mismos.

Como contó recientemente un reportaje de la red de emisoras públicas NPR que retrataba a este funcionario convertido en toda una celebridad en su país, en su “caza al inmigrante” Arpaio acostumbra a ir más lejos que sus colegas. Mientras que en los distritos vecinos, por poner otro ejemplo, existe una directiva que establece que a los presos no se les debe preguntar por su ciudadanía o su número de seguridad social, en los dominios del sheriff de Maricopa esos datos proporcionan, por el contrario, un efectivísimo recurso para “identificar” a quienes carecen de un permiso de residencia.

Al igual que suele ocurrir con la mayoría de asuntos que dividen agriamente a la opinión pública, como la tenencia de armas o el aborto, el debate entorno a la inmigración se presta a un planteamiento maniqueo.

En vez de atacar el fondo del asunto, los debatientes, ya sean autoridades o grupos de presión, se entretienen señalando con el dedo a los buenos y a los malos. Hacerlo supone una estrategia más efectista; a la que se puede sacar mucho rédito sin comprometerse.

Las maneras y la chulería de Joe Arpaio, que se ufana de no permitir el uso del español en sus oficinas argumentando que en Estados Unidos sólo se habla inglés, lo convierten en un personaje con todas las opciones de triunfar en el casting para elegir al malo de la película. Pero frente a la hipocresía general, la figura nefasta de este sheriff  que ha sido objeto de varios documentales y libros, tiene la “virtud” de hacer visible lo errada e inconsistente que se revela la política migratoria de Washington.

La actuación del sheriff, que para más inri ocupa un cargo al que se accede por votación popular, está amparada por la ley. Sus abusos, por más excesivos que se antojen, son posibles porque el sistema normativo y la justicia estadounidenses los toleran.

En algún momento Estados Unidos deberá plantearse seriamente si, como pretenden hacer creer los grupos de defensa de los derechos humanos que ponen en la picota a Arpaio, a la nación le preocupa la cruda circunstancia que padecen los 13 millones de inmigrantes indocumentados que residen dentro de sus porosas fronteras.

Esto último lo quisiera poder escribir uno a modo de pronóstico. Aunque viendo la deriva que está tomando la política de migraciones yankee, que cada vez empuja un poco más a los extranjeros hacia la economía subterránea; después de comprobar la forma como cierta prensa y algunos candidatos republicanos han demonizado a los inmigrantes durante la campaña para la presidencia, uno ha de reconocer que antes que una proyección lo anterior es, en realidad, una simple expresión de deseo.