La transnacional china Hutchison, accionista de la empresa Terminales Internacional del Ecuador (TIDE), nombró nuevos representantes en el país para dialogar con las autoridades de Gobierno a fin de mantener el contrato de concesión del puerto de Manta.

La información la dio a conocer ayer el subsecretario de Puertos, Transportes Marítimos y Fluviales, Álex Villacrés, quien manifestó que la concesionaria desautorizó al gerente de TIDE, Paul Gallie, y designó a los abogados Ignacio Albuja y Fabricio Peña para conversar con el régimen.

La intención de Hutchison, dijo Villacrés, es negociar con las autoridades del país para continuar con la concesión, luego de que Gallie envió la semana anterior un correo electrónico en el cual señalaba que TIDE se retiraría del puerto de Manta a las 17:00 del 28 de este mes, alegando que el régimen quería cambiar unilateralmente el contrato de operación.

El primer diálogo se efectuó la tarde del pasado martes, en Guayaquil, donde el ministro coordinador de Sectores Estratégicos, Galo Borja; la presidenta del directorio de Autoridad Portuaria de Manta (APM), Lucía Fernández, y otros funcionarios de Gobierno se reunieron con los nuevos delegados de la transnacional china.

Sin embargo, no se logró un acuerdo y ayer, a las 18:00, estaba prevista una nueva reunión, ahora en Quito, con la presencia del presidente de la República, Rafael Correa,  y funcionarios del Ministerio  de Transporte y Obras Públicas, al cual está adscrita la Subsecretaría de Puertos, para analizar las condiciones de los diálogos.

Fernández, en declaraciones emitidas en Radio Colón, afirmó -previo a la cita- que espera un acuerdo entre las partes para que siga la concesión y lograr las metas de crecimiento en el puerto, que permitirán beneficios para el país.

En horas de la tarde se conoció que las negociaciones serán lideradas por el ministro coordinador de los Sectores Estratégicos, Galo Borja, quien fue el que recibió la comunicación de Hutchison para resolver el tema.

Sin embargo, Villacrés adelantó que las conversaciones con Albuja y Peña deben realizarse sobre la base del incumplimiento de TIDE, pues en los dos años de concesión la empresa tiene 6 atrasos, por las cuales ya ha recibido 2 multas y hay cuatro expedientes sancionatorios abiertos.

Los incumplimientos más preocupantes son el retraso por 10 meses en la construcción del puerto pesquero artesanal y la reducción del volumen de carga. En el segundo tema, según información oficial, en 2006 (antes de la concesión) el puerto movilizó 35.000 contenedores de 20 pies (teus) y el año anterior llegó apenas a 3.000 teus.

Según el criterio del Gobierno, estos atrasos han provocado pérdidas económicas al puerto de Manta. Por ello se debe renegociar las condiciones del contrato a fin de resarcir al Estado y evitar la terminación de la concesión por incumplimiento de las cláusulas contractuales.

Otros aspectos por definirse es si el Estado, a través de la APM, realizará el aporte de 55 millones de dólares para ejecutar parte de las obras de infraestructura en la terminal marítima, y quién administrará esos recursos.

Según el Gobierno, esos recursos se destinarán a la construcción del puerto para la flota pesquera y artesanal, que no tiene relación con la remodelación y ampliación de los muelles de aguas profundas. Sin embargo, TIDE justificó el retraso de las obras en la no entrega de ese dinero.

Ante ello, el régimen propuso asumir la construcción del puerto adicional y que la concesionaria se encargue solo  de los trabajos de la terminal de transferencia de carga.

Pero el contrato de concesión señala que el aporte de la APM será administrado por un fideicomiso, en el cual participarán la misma autoridad portuaria, la Corporación Andina de Fomento –prestamista del dinero-, la Comisión Especial del Puerto de Transferencia y la empresa operadora.

El fideicomiso, dice el documento, solo desembolsará los recursos cuando la concesionaria haya construido las obras de infraestructura.

Adicionalmente, el dinero no saldrá del presupuesto del Estado sino que lo pagará la APM de los propios recursos que genere la operación del puerto. Esa participación  convierte a la autoridad portuaria en socio de TIDE, con una participación del 5% de las acciones.

Mientras tanto, las actividades en la terminal marítima ayer se desarrollaron con normalidad. El ingreso y salidad de camiones con contenedores no registró ningún inconveniente.

Además, los trabajadores  contratados por la concesionaria explicaron que a pesar de la incertidumbre continúan con las labores, pues hasta el momento no hay información oficial sobre lo que pasará con la concesión.

Asimismo, una fuente de TIDE aseguró que Paul Gallie continuaba como el representante legal de la empresa y que no había recibido ninguna notificación sobre cambios en el manejo administrativo.