La ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga, manifestó que una vez conocida la realidad del sector camaronero, que fue explicada en una reunión del viernes pasado al presidente de la República, Rafael Correa, se viene un proceso de regularización de aproximadamente 45.000 hectáreas de camaroneras que funcionan de forma ilegal en el país.

Aguiñaga explicó que el proceso de regularización tomará en consideración el año de 1999, pues las camaroneras que funcionan sin permiso antes de esta fecha serán legalizadas y sancionadas, pero las que se construyeron luego de ese año no serán regularizadas y deberán asumir la reforestación de las áreas de manglar destruidas para la instalación de las piscinas donde se crían las especies.

Las autoridades toman como fecha tope 1999, porque ese año se prohibió la construcción de más camaroneras, lo cual se ratificó en el artículo 54 del Libro de Gestión de los Recursos Costeros que señala: “No se autorizará por parte de ninguna entidad u organismo del Estado, la construcción de nuevas piscinas o la ampliación de las camaroneras existentes en el ecosistema de manglar y su zona de transición”.

Adicionalmente se obligará a pagar a las camaroneras que llevan años adeudando la tasa por uso de terreno, las cuales también serán sancionadas por incumplir la ley.

 “La regularización va a ser con costo, con ciertos parámetros, entre esos, sanciones duras que se van a poner para tratar de ejemplarizar por una actividad que creció al margen de la ley, y algunas de ellas fueron y se establecieron en zonas donde había manglar”, expresó la Ministra.

Dijo que el proceso duraría más de un año, ya que las empresas tendrían que hacer algunos pasos previos para la regularización, entre esos todos los temas relacionados al cumplimiento de las normativas ambientales, el cual empezaría una vez que el presidente de la República, Rafael Correa, firme el decreto ejecutivo del mencionado programa de control.

Además, el Régimen analiza aumentar la tasa por uso del terreno para la producción camaronera, que actualmente es de 2,25 dólares por hectárea. La intención es cobrar ahora 25 dólares por hectárea, tomando en consideración que el sector genera más de 500 millones de dólares anuales por las exportaciones del marisco.

Según la actualización del estudio multitemporal de manglares, camaroneras y áreas salinas de 2006, hasta ese año había 175.748 hectáreas en el país, y aplicando la nueva tasa el Estado recibiría alrededor de 4,4 millones de dólares (ni el 1% del total de ingreso anual de la actividad).

Ese mismo estudio revela que desde 1999 (cuando se prohibió la construcción y ampliación de piscinas de camarón) hasta 2006, la actividad camaronera creció 495 hectáreas, específicamente en la provincia de El Oro, pues en Esmeraldas, Guayas, Santa Elena y Manabí, se redujo la extensión de terreno.

En cambio, la cantidad de manglar bajó en ese mismo período, pues en 1999 había 149.556 hectáreas y en 2006 esa cifra llegó a 148.230. El Oro se convirtió en la provincia que más manglar perdió y el resto de la Costa recuperó espacio para este ecosistema.

Guayas y Santa Elena tienen las reservas más grandes de manglar con 105.000 hectáreas entre las dos.

La Ministra recordó que la función de esta cartera de Estado es regular el uso del manglar, es decir, velar para que esta actividad productiva se realice cumpliendo la normativa ambiental, sin perjudicar los recursos naturales de dichos sectores.

Por su parte, la Armada realiza su trabajo de control a través del censo de las camaroneras asentadas en playas y bahías que inició el pasado viernes.