Desde que los empresarios miraron a los manglares como lugares aptos para instalar piscinas para la reproducción de camarón, las comunidades de estas zonas lograron beneficios, pero también perjuicios.

En el primer caso, las poblaciones lograron nuevas plazas de empleo para sus moradores, en las áreas de guardianía, cosecha de camarón en piscinas, mensajería, entre otras actividades.

“Es lo primordial en este caso, ya que en parte nos ayudó a solventar los gastos de los hogares”, asegura Eugenio Ramírez, quien lleva 59 años viviendo en la parroquia Costa Rica, cantón Santa Rosa, provincia de El Oro.

“Fui guardián de algunas  camaroneras, y todos me conocen, pero me salí con mi hijo de la compañía, porque habían muchos asaltos y era peligroso”, dijo Ramírez.

Por tal razón, ahora con su hijo se dedican a la pesca artesanal. Salen al mar dos veces al día, a las 17:00 y las 23:00, y eso cuando la marea se los permite. Y los pocos peces que capturan, los comercializan en Huaquillas, y logran semanalmente entre 100 a 150 dólares.

Mientras que la parte perjudicial está relacionada con la destrucción del manglar, daños al ecosistema y desaparición de varias especies marinas, lo que ha afectado considerablemente las actividades de los pescadores artesanales de la zona, expresa Gregorio Vera, que a sus 75 años recolecta las pocas conchas que trae el mar a la orilla.
Vera recuerda que hace 25 años había más hectáreas de manglar, tanto en las islas cercanas como en la misma parroquia, al igual que mariscos como conchas, cangrejos, moluscos, etc. “Aquí hubo protestas, pero ya está destruido el mangle y ahora es tarde para remediar el daño”, dice con nostalgia.

Ante ello, Flora Urbina, teniente política de la parroquia, en la que habitan 320 personas, manifiesta que antes tenían más comodidades para vivir y trabajar sin inconvenientes, tanto así que en su infancia recogía en 30 minutos entre 400 a 500 conchas, pero ahora es difícil, por la tala de manglar que hicieron las camaroneras.

“Siempre tenemos ese problema, y eso que hemos reforestado nuestras áreas de manglar una y cuatro veces y, sobre todo, donde nunca hubo manglar”, señaló.

Con esta realidad, el anuncio del Gobierno de regularizar la actividad camaronera asentada en los manglares, playas y bahías tiene en expectativa a los comuneros.

175.748 hectáreas de camaroneras fueron registradas hasta 2006, según un estudio realizado por el Clirse.

Líder Góngora, presidente de la Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar (Condem), asegura que solo se tiene que cumplir la ley. “Eso significa que las áreas utilizadas por las camaroneras de forma ilegal, deben revertirse al Estado y ser recuperadas como manglar, a través de la reforestación”, dice.

Recuerda que desde 1978, cuando gobernaba el país la dictadura militar, se emitió un decreto supremo que prohibió la entrega de más concesiones para esta actividad productiva, pero no se respetó y las piscinas se fueron extendiendo, principalmente en las zonas de manglar.

Por ello, para precautelar su medio de subsistencia, varias comunidades pidieron la concesión de estas zonas para protegerlas y trabajar.

Eso hicieron en la parroquia Urbina, cuando en 2002 el Ministerio de Ambiente le entregó en concesión 579,7 hectáreas de manglar.

Sin embargo, semanas atrás denunciaron a la Capitanía de Puerto Bolívar la tala ilegal de 10 hectáreas de manglar en sus áreas concesionadas. En el lugar se pretendía construir una camaronera de 15 hectáreas.

“Ellos estaban acostumbrados a comprar sus terrenos y se extendían más de lo permitido. Y eso nos tiene desabastecidos en la producción de mariscos y de otras especies”, asegura la Teniente Política.

Además, Góngora resalta que el manglar genera más plazas de empleo que las camaroneras. Según datos de la Condem, una hectárea de manglar permite trabajar a 10 familias; mientras 100 hectáreas de una piscina de producción de camarón, requiere  4 personas (entre administrador y trabajadores).

“El manglar permite una vida digna para una familia”, manifiesta Góngora, tras asegurar que las camaroneras no han logrado el desarrollo de las zonas cercanas, pues las poblaciones más pobres de la Costa están asentadas junto a las piscinas de camarón que generan millones de dólares.

Por ejemplo -señala- en Muisne existe una población que no tiene servicios básicos ni un puente óptimo para llegar a la ciudad, y queda a lado de una piscina de setecientas hectáreas.

Igual situación existe en la comunidad de Costa Rica, donde el agua, la energía eléctrica y la vigilancia policial son los requerimientos más indispensables.

Los habitantes comentaron que al día tienen energía solo ocho horas, pero de manera saltada, de 06:00 a 08:00, de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 18:00.

El abastecimiento de agua se lo realiza a través de tanque, pero el líquido es usado para otros menesteres, menos para el consumo humano, porque es salada.

El agua para consumir la traen desde el cantón Santa Rosa, “pero eso nos cuesta dinero, y a veces no tenemos”, dice Jaime Vera, miembro de la asociación de pescadores.

“Los problemas económicos -explica Rodrigo Feijó, representante de la Asociación de Pescadores de Pitahaya, que la integran 40 socios- de esta comunidad se deben a que la mayoría son pescadores y las capturas han bajado”.

Dice que antes la captura de peces le representaba a cada pescador ingresos superiores a 50 dólares diarios, ahora solo llegan a 5 ó 10.

“Hoy solo se pesca, en los mejores casos, una gaveta o, a veces, 10 ó 15 libras de pescado, cuando antes se cogían de 4 a 7 gavetas”, explica Feijó.

Por ello, Góngora cree que las zonas camaroneras sin permiso deben regresar al Estado para generar más trabajo, porque  a pesar de estar taladas pueden ser recuperadas, aunque será difícil por la infraestructura que se construyó y por las sustancias que se usan para la cría del crustáceo.

Explica que, en las mejores condiciones, el manglar crece un metro cada año, y acá será a menor ritmo.

A más de la reversión de las tierras, asegura que los culpables deben ser sancionados económicamente. Mientras los que tienen su documentación en regla pueden seguir laborando con normalidad.

Por Gabriel Moreira y Fausto Lara