El Gobierno Nacional trabaja en tres frentes, luego de la decisión del presidente de la República, Rafael Correa, de suspender los contratos que la compañía brasileña Norberto Odebrecht tenía en el país por los daños detectados en la central hidroeléctrica San Francisco y las irregularidades en los procesos contractuales.

El primer frente es terminar jurídicamente los contratos que entidades estatales suscribieron con Odebrecht para la construcción del proyecto multipropósito Baba, de la segunda fase del sistema de riego Carrizal-Chone, de la central hidroeléctrica Chone y el aeropuerto de Tena.

Gabriel García, de la compañía Hidrolitoral y encargado del proyecto Baba, aseguró que el Primer Mandatario ordenó a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República la redacción de un decreto ejecutivo en el cual se declaren en emergencia las obras entregadas a la constructora brasileña.

El documento también establecerá un plazo de 30 días para que Odebrecht y las entidades estatales que la contrataron terminen los contratos de mutuo acuerdo, pero si  no hay consenso –en ese tiempo- se iniciará la terminación unilateral por parte del Estado, explicó García.

Por ello, Xavier Valencia, presidente de Corporación de Manejo de Recursos Hídricos de Manabí (CRHM) –propietaria del sistema de riego Carrizal-Chone-, manifestó que espera la firma del decreto ejecutivo para concluir la terminación contractual.

Sin embargo, reconoció que ya están analizando los aspectos jurídicos para cerrar el contrato.

Mientras que el directorio de Hidrotoapi, propietario de la central Toachi-Pilatón, ya declaró la terminación del contrato y ahora busca las vías legales para oficializarlo. En cambio, en el aeropuerto de Tena, la situación continuará similar porque la obra está contratada con el consorcio Tena, que lo conforman Odebrecht, Ekron y Corporación América.

El segundo frente es continuar el avance de las obras. En los casos de Baba, Carrizal-Chone y el aeropuerto de Tena no habría problemas, pues las entidades estatales han mantenido el ritmo de las construcciones.

García manifestó que el proyecto Baba lleva un avance del 46% y que la obra continúa con los trabajadores de Odebrecht y las subcontratistas. Por su parte, Valencia no se atrevió a decir el avance, pero dijo que ya entregó el 40% del costo para la segunda fase del Carrizal-Chone.

El problema se generaría en Toachi-Pilatón, en el cual Hidrotoapi entregó, según el ministro de Sectores Estratégicos, Galo Borja, 122 millones de dólares de anticipo y apenas se ha ejecutado 7 millones en obras.

Por ello, Borja no descartó declarar en emergencia a la obra, para evitar su paralización. “No sé si habrá tiempo para una licitación, quizás declaremos una emergencia que es lo correcto para poder contratar a una empresa de prestigio que termine las obras, ojalá haya la tecnología nacional y hacerla con los ecuatorianos”, manifestó Borja.

Y el tercer frente es recuperar el dinero que se reclama a Odebrecht por la central San Francisco. Por una parte, está la indemnización de 200.000 dólares diarios desde la paralización de la hidroeléctrica y, por otra, la devolución del premio de 17 millones por la entrega adelantada de la obra.

Paralelamente, el país reclamará por el crédito 242 millones que el Banco de Desarrollo de Brasil entregó para financiar la central hidroeléctrica. El dinero se entregó a Odebrecht, pero lo tendrá que pagar Ecuador, aseguró semanas atrás Ítalo Centanaro, presidente del directorio de Hidropastaza (propietaria de San Francisco).