Las autorizaciones de contratos en España a extranjeros se redujeron el año pasado un 59,6 por ciento respecto a 2006, un porcentaje aplicable a las personas procedentes de América Central y del Sur, según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

El Boletín de Estadísticas Laborales de ese Ministerio publica el dato de que el año pasado se autorizaron en toda España 331.625 contratos a extranjeros, frente a los 822.682 de 2006.

En el caso concreto de autorizaciones a nacionales de Centro y Sudamérica en 2007 fueron de 170.624, frente a las 423.598 registradas el año precedente.

La cifra supone otro retroceso después de que 2005 fuera el año con más autorizaciones de trabajo a centro y sudamericanos, con 509.218.

En 2007 el país latinoamericano que más autorizaciones de contratos en España tuvo fue Ecuador, con 40.008, frente a las 158.538 registradas en 2006.

Le siguieron Colombia, con 39.594 autorizaciones (80.659 el año anterior) y Perú, con 29.667 (39.329 en 2006).

No obstante, las cifras de estos países latinoamericanos son superadas en 2007 por las autorizaciones a trabajadores marroquíes (55.010) y rumanos (45.691).

Todos estos datos se refieren a las autorizaciones concedidas a los extranjeros que pretenden realizar en España una actividad lucrativa por cuenta propia o ajena.

Para ello, necesitan obtener la correspondiente autorización de residencia y trabajo, que se expide de forma unificada por parte de las correspondientes unidades del Ministerio de Administraciones Públicas o del Ministerio de Trabajo y por el de Interior, en la esfera de sus respectivas competencias.

Una ley del año 2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, exceptúa de la obligación de obtener autorización de trabajo a los extranjeros en situación de residencia permanente, así como para el ejercicio de determinadas actividades en él reseñadas.

La bajada en el número de autorizaciones de trabajo se advirtió en todas las regiones españolas y en todos los sectores de actividad, en especial en el de servicios, donde se registró una caída del 63,07 por ciento en el número de contratos, y en la construcción, donde este descenso se situó en el 60,10 por ciento.

También bajaron las contrataciones en el sector agrario, en un 58,36 por ciento, así como en la industria, en un 52,43 por ciento.

Estas estadísticas se han conocido en un momento en el que en el seno del Gobierno español se debaten medidas para hacer frente a las dificultades económicas y al creciente índice de desempleo.

La vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Teresa Fernández de la Vega, defendió ayer, viernes, la utilidad y la eficacia de contratar a los inmigrantes en sus países de origen y añadió que se harán los contratos de este tipo "que se necesiten".

De ese modo salió al paso de la polémica generada por el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, quien poco antes había asegurado que en 2009 la contratación de extranjeros en su país de origen estará limitada a los convenios internacionales firmados por España o a contratos de especialización.

Corbacho dijo que no le parecía "razonable" recurrir a la contratación en el extranjero en un momento en el que en España se ha llegado a una cifra de 2,5 millones de desempleados.

Por su parte, Fernández de la Vega incidió en la importancia de que los trámites de contratación se ajusten a las necesidades del mercado laboral y aseguró que el Gobierno busca "siempre" el equilibrio entre la contratación en origen y las necesidades de la economía y del mercado de trabajo español.