Mediante providencia emitida ayer por la Primera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, los ex superintendentes de Bancos, Juan Falconí Puig y Jorge Guzmán Ortega, fueron llamados a juicio en calidad de cómplices en el caso de peculado que se sigue por la fusión entre los bancos La Previsora con Filanbanco, que contribuyó para la quiebra de la segunda institución mencionada.

Al resolver uno de los dos casos pendientes del caso Filanbanco, los jueces Fernando Casáres Carrera, Oilar Sacoto y Gerardo Morales Suárez, conjuez permanente, confirmaron además la responsabilidad de los ex gerentes de las dos instituciones bancarias, Álvaro Guerrero Ferber, de La Previsora, y Carlos Hidalgo, del entonces banco estatal, Carlos Hidalgo, quienes resolvieron una fusión que terminó con la liquidez de las dos instituciones financieras.

De acuerdo con los jueces, de no haber existido la fusión, Filanbanco -que estaba con administración estatal- habría mantenido sus niveles de operatividad, por lo que responsabilizan de lo sucedido a los ex gerentes y a las autoridades.

Según la providencia, en la parte referente a la culpabilidad encontrada en las dos ex autoridades de control, señala que Guzmán, superintendente de Bancos desde el 17 de junio de 1999 al 31 de enero del año 2000, aprobó la asociación de los bancos, originando que Filanbanco S.A. pierda la estabilidad patrimonial, por lo que considera que cooperó indirecta y secundariamente a la ejecución del delito de peculado.

Mientras que Falconí, superintendente hasta noviembre del 2000, aprobó la fusión, que se concretó el 5 de julio de ese año, pese a conocer que la fusión, deterioraba la situación financiera de Filanbanco.

El banco cerró un año después -el 17 de julio de 2001-.

Por otra parte, dice la providencia, Falconí no cumplió las conclusiones del informe presentado el 5 de junio del 2000, por el señor Intendente Nacional de Supervisión de Entidades Financieras.

Por esas conclusiones la Sala llamó a juicio a Falconí y Guzmán y se ratificó en el auto de llamamiento a juicio para Guerrero e Hidalgo.

Además, la Sala decidió devolver el proceso al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, “quien dictará las medias cautelares reales y personales en contra de los imputados llamados a juicio, según dispone el artículo 232 del Código de Procedimiento Penal”.