La designación de notarios para cada uno de los 10 bancos declarados en liquidación, en junio, es una de las resoluciones que adoptó la Junta Bancaria el lunes pasado para culminar el proceso actualmente paralizado.

Los bancos en liquidación son Popular, Solbanco, Bancomex, Préstamos, Finagro, Azuay, Unión, Tungurahua, Progreso y Crédito.

María de Lourdes Andrade, integrante de la Junta Bancaria, dijo que desde ayer la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) debía iniciar contactos para designar a los notarios, que deberán  entregar la documentación  respectiva a cada liquidador, información que cuenta con papales de respaldos, según constataron los funcionarios de la Superintendencia de Bancos en la AGD, en el momento en que los bancos terminaron la fase de saneamiento.

Con la entrega de la documentación se estima que el proceso de liquidación de los diez bancos culmine en febrero del 2009, tras lo cual la AGD  terminará sus funciones.

La Junta también decidió cerrar la página de la salida de 237 empleados de la AGD que fueron liquidados y de los cuales solo tres han reembolsado los recursos que recibieron como liquidación, para reincorporarse en el  cargos.

El tema deberá ser resuelto a través de las instancias judiciales. Según Andrade, las personas liquidadas no podrán ser nuevamente contratadas. Así, la decisión prohíbe que los contratos con ex funcionarios ya realizados (seis) por algunos liquidadores queden sin efecto.

En tanto, la AGD opera con funcionarios públicos en comisión de servicios. Por ejemplo, colaboran ocho de la Superintendencia de Bancos, 10 de la CFN, además de otros funcionarios del Banco Central y de la Presidencia de la República. 

Con respecto a los bienes que la entidad recibió como dación de pago, serán valorados y pasarán a un fideicomiso que será administrado por la CFN.
Además, del que deberá conformarse con los bienes incautados al grupo Isaías por el caso Filanbanco.

De otro lado, tras acoger una demanda de la inmobiliaria Esmasa C.A., propiedad del grupo Isaías, el juez Noveno de lo Civil de Pichincha, Julio Muñoz, citó a confesión judicial a todos los miembros de la Junta Bancaria, por la resolución en el que el órgano directivo determinó las pérdidas de Filanbanco, en 661,5 millones de dólares, en febrero de este año.

La demandante es Emma Lucila Zúñiga Brito, quien costa como presidenta de la Esmasa, empresa que fue también incautada por la Agencia de Garantía de Depósitos  el 8 de julio pasado.