Dificultades para conseguir documentos en el Banco Central y pruebas de que el Estado ha pagado más de lo que debía por deuda externa fueron algunos de los datos que revelaron  ayer  dos miembros de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC).

Franklin Canelos y Alejandro Olmos (argentino), vicepresidente y miembro de la CAIC, respectivamente, participaron ayer en el Encuentro Nacional de Facultades de Economía, que se desarrolla en la Casona Universitaria de Guayaquil, para analizar algunas situaciones respecto a la deuda ecuatoriana  El evento culmina hoy con el análisis del Banco del Sur.

La CIAC está integrada por 9 expertos ecuatorianos y 6 internacionales quienes están encargados de auditar la deuda externa pública desde 1976 hasta el 2006. El informe final del trabajo será entregado en septiembre próximo al presidente de la República, Rafael Correa. Ya se han entregado tres informes previos.

Canelos aseguró que entre las sorpresas del trabajo hay pruebas que revelan que en 1992, durante el Gobierno de Sixto Durán-Ballén, el Ecuador renunció al derecho que tenía para que se prescribiera una deuda por 7.000 millones de dólares. 

Canelos dijo que esto fue algo inaudito “nos quedamos terriblemente sorprendidos. Se beneficiaron los acreedores de manera impresionante, suponemos, aunque no tenemos pruebas, que parte de los bonos de esa deuda, estaba en manos de las autoridades de esa época”.

La Comisión analiza tres partes importantes de la deuda nacional: la sucretización (traspaso de la deuda privada de casi 2.000 millones de dólares al sector público) en la década de los años 80; el plan Brady y los bonos Global, que están vigentes.

Mientras que Olmos, miembro internacional de la Comisión, se quejó por las dificultades que han tenido para conseguir documentos en el Banco Central.

“Hay una estructura de hace muchos años en el banco, herencia de (Ana Lucía) Armijos (ex ministra de Finanzas y ex gerenta del Central), y diría que en el Ministerio de Finanzas también quedan algunos funcionarios que responden a las políticas de otras épocas. Esto lo puedo demostrar con documentos”, añadió.

“El fraude (de la deuda) es tan grande que el Ecuador, que si habláramos de realismo jurídico, el país no debe nada sino que le deben al Ecuador, fundamentalmente los bancos acreedores. El problema es que se ha llegado al extremo gravísimo de que el Procurador General del Estado, en todos los procesos de endeudamiento, no representó la voluntad del país sino de los acreedores”, dijo Olmos.

Comentó que concluida la auditoría las decisiones las tomará el presidente Correa, sin embargo, la CAIC puede hacer sugerencias como iniciar procesos judiciales penales y civiles, así como dejar claro que se han violado la Constitución y leyes.