• 20 May 2013
  • Justicia
  • Visitas: 2878
  • Punto de vista

    Una política pública para medios alternativos en solución de conflictos

    Hólger Paúl Córdova V.

    Un tema pendiente de la reforma judicial ha sido la implementación de una política amplia y contundente para desarrollar los medios alternativos de solución de conflictos. Me ocuparé de aquellas acciones que podrían ser impulsadas por el Consejo de la Judicatura y que permitan profundizar el trabajo de los centros de mediación y arbitraje en el país, para lo cual sugeriría algunas medidas para discutirlas:

    a) Promover instrumentos estratégicos de cooperación con los gobiernos autónomos descentralizados e instituciones que respaldan su accionar, como la Asociación de Municipalidades del Ecuador, el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales, el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales, entre otros, para reorientar la gestión local hacia la búsqueda de nuevas formas de justicia informal y políticas de mediación comunitaria que permitan diversificar la solución de controversias sociales y convertir esta aspiración como uno de los ejes clave del desarrollo territorial;

    b) Es indispensable una reforma legal al sistema procesal en materias como inquilinato para que estas causas, antes de acudir a la justicia ordinaria, obligatoriamente recurran a medios alternativos para el arreglo de sus conflictos jurídicos y, en caso de no encontrar una respuesta transigible, se acuda a la instancia jurisdiccional. En el caso de materias como laboral y de la familia no se podría establecer una disposición así, pero se definirían unas pautas mínimas para que ciertos casos agoten primero su atención ante instancias de mediación. Esta reforma contribuiría a descongestionar la administración judicial en materias que sí pueden acogerse a mecanismos más expeditos y ágiles para su resolución;

    c) Es pertinente crear un sistema de medios alternativos con la finalidad de que el Consejo de la Judicatura pueda dictar regulaciones y que todas las instancias alternativas de solución de conflictos puedan ejecutar políticas básicas con miras a optimizar su funcionamiento. En el caso de los centros de mediación y arbitraje, existen instituciones públicas y privadas que cuentan con estos espacios que merecen un desarrollo equilibrado y uniforme, por lo que la creación de un sistema permitirá establecer un inventario con una evaluación técnica de las condiciones en las que funcionan estos espacios, con el propósito de buscar su fortalecimiento, según el análisis de su infraestructura, de los profesionales que colaboran y otros aspectos. Quizá sea     necesario fusionar algunos para mejorar su gestión, dotarles de oficinas para su funcionamiento, aprovechando ahora que existen nuevas edificaciones en la Función Judicial, o hacer que algunos se dediquen a capacitación de otros centros; y, en el caso de los centros privados, convendría revisar las materias y temáticas tratadas para fortalecerlos con asesoramiento técnico-metodológico;

    d) La Escuela Judicial debe crear programas de capacitación y formación para mediadores y árbitros en todo el país, en los que consten las juezas y jueces actuales, pero también para impulsar nuevos mediadores y árbitros que respondan a la visión moderna de un Estado Constitucional de Derechos y Justicia;

    e) Potencializar a los consultorios jurídicos gratuitos de las universidades con espacios para la mediación y arbitraje. Aquello no significaría que se cambie la naturaleza institucional de estos consultorios para que se dediquen solo a eso, sino que las instituciones de educación superior incluyan, en sus obligaciones legales  buscar actividades de vinculación con la sociedad, la creación de instancias alternativas de atención a conflictos;

    f) Revisar con las escuelas de derecho de las universidades  la necesidad de ofertar carreras y programas sobre mediación, arbitraje y sus áreas afines, así como desarrollar líneas de investigación en estos aspectos.

    Para muchas de estas acciones que cambien el modelo de gestión en los medios alternativos no formales se requiere también, de forma urgente, reformar el Instructivo para el Registro de Centros de Mediación, que inicialmente fue concebido más como un instrumento de inscripción de estas instancias bajo el cumplimiento de algunas exigencias de infraestructura y de personal, pero poco se ha hecho por vincular la organización de estos espacios con los problemas procesales de juzgados y tribunales, según las materias, las provincias y sus deficiencias, para aprovecharlos en la descongestión de causas que sí podrían ser canalizadas por estos medios. La reforma de este Instructivo debe ser repensada en términos de otorgarles un mayor protagonismo, bajo exigencias técnicas sí, no muy abiertas ni tampoco restrictivas, que en el largo plazo permitan desjudicializar a la sociedad y a los operadores jurídicos, en la perspectiva de acudir menos a litigios procesales, y de encausar las prácticas y las costumbres hacia medios simples y más cercanos a los individuos.    

    Hace varios meses se presentó el proyecto de Código Procesal Unificado en Materias No Penales, que en el caso del libro correspondiente a métodos alternativos de solución de conflictos, en lo que respecta a mediación y arbitraje, desconocía o ignoraba los avances que en la actualidad ya tenemos con la Ley de Arbitraje y Mediación en el país, planteando algunas cosas que significarían un retroceso. Ese Código fue expuesto a un proceso de socialización, que habría que insistir en el seguimiento sobre su último contenido.

    Hay que añadir una estrategia esencial en la reforma judicial: una política pública para reforzar y mejorar los medios alternativos a la justicia ordinaria. Bajo esa mirada, cabe discutir algunos temas relevantes: ¿Avanzamos hacia un enfoque de exigencia técnico-profesional a las y los mediadores y árbitros del país que lo pueden asumir la Escuela de la Función Judicial o las universidades del país? ¿El personal que integre los centros de mediación debe ser con estricto apego a certificados académicos de qué tipo (grado, posgrado, capacitación formal) o lo pueden asumir las y los estudiantes universitarios en proceso de formación? ¿Se puede gestionar un programa de voluntariado para todo aquel que quiera colaborar como mediador/a para esta Función del Estado? ¿Bajo qué parámetros evaluar la infraestructura de los centros y si conviene o no modificar las exigencias actuales para estos y, si es así, en qué niveles? ¿Han sido adecuadas las técnicas, métodos y procedimientos utilizados por los centros del país? ¿Cómo apoyar a los actores involucrados para generar un mapa en el que puedan juntarse colaborativamente actores sociales, institucionales y profesionales en libre ejercicio? ¿Cuáles serían las reformas procesales necesarias para fortalecer los medios alternativos de solución de controversias? ¿Es suficiente con la facultad, prevista en la Ley, de que un juez ordinario pueda disponer que se realice una audiencia de mediación en cualquier estado de la causa o sería mejor ampliar esa facultad a que disponga directamente el inicio de un proceso alternativo y termine con el que estaba en marcha, o a su vez, mejor disponer su trámite en un medio alternativo antes de iniciar un proceso en casos muy específicos? ¿Cuál es la razón para que sea la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador la encargada de registrar los centros de arbitraje -según la Ley-? ¿Se ha propuesto el Consejo de la Judicatura la tarea de recoger los indicadores generados por los centros? ¿Cómo funciona el seguimiento o verificación del Consejo a los centros? ¿Existe ya una organización realizada por el Consejo para la clasificación de centros en pre procesales e intraprocesales? ¿Cuánto ha apoyado el Consejo de la Judicatura en la proliferación de investigaciones en esta materia? ¿Es acaso el momento de pensar cómo articular la gestión conflictiva de algunas entidades bajo el perfil de mecanismos de mediación y arbitraje que renueven el servicio público? ¿Cuándo sería posible iniciar con este diagnóstico para convertirlo en un plan estratégico y de desarrollo institucional para una política que transforme los centros de mediación y arbitraje –considerando que hay una referencia en el Plan Estratégico del Consejo pero sin acciones concretas–? ¿Es suficiente con las medidas institucionales planteadas en este análisis para abarcar una verdadera política pública de promoción y fortalecimiento de estos medios?

    Las respuestas hay que construirlas, pero debe empezar a darlas el Consejo de la Judicatura.