• 08 Ene 2013
  • Justicia
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  • Decenas de otros casos no encuentran justicia

    25 años de impunidad y pesar cumple caso de hermanos Restrepo

    La desaparición de Carlos Santiago y Pedro Andrés es un caso sin resolver y se ha convertido en el referente de cientos de denuncias de violaciones a los Derechos Humanos que se suscitan en el país.

    Instantes en que se realizaba la exhumación de unos restos humanos no identificados en el cementerio de El Batán, en Quito. Foto: Fernando Sandoval |  El Telégrafo
    Instantes en que se realizaba la exhumación de unos restos humanos no identificados en el cementerio de El Batán, en Quito. Foto: Fernando Sandoval | El Telégrafo

    Redacción Judicial

    Un día como hoy hace 25 años, los hermanos Santiago y Andrés Restrepo, de 17 y 14 años, fueron detenidos, torturados y asesinados por miembros del Grupo de Investigación Criminal (SIC). Desde el día de su desaparición, sus padres: Pedro Restrepo y Luz Elena Arismendi, los buscaron incansablemente por centros de detención, hospitales y morgue, sin encontrar respuesta.

    Posteriormente, la Policía intervino directamente en el caso, y durante años, tanto policías de tropa como oficiales, fueron los encargados de desinformar a los familiares sobre el paradero de los dos jóvenes. Con el tiempo y la investigación de varios documentos policiales, que en un inicio fueron declarados como secreto de Estado, se esclareció lo que sucedió entre el 8 y 11 de enero de 1988.  

    A las 09:00, los jóvenes salieron de su casa ubicada en Miravalle, al nororiente de Quito, en un Jeep Tropper, cuando circulaban por las calles Río Coca y Av. Shyris, para recoger a un amigo, fueron interceptados por miembros de la Brigada de Automotores del SIC.

    Horas después de la detención y por la ausencia de Santiago y Andrés, familiares y amigos iniciaron la búsqueda en el Centro de Detención Provisional, pero en ese lugar les negaron que los menores hubieran sido llevados hasta allá.

    En las horas que transcurrieron sin noticias, la subteniente de Policía Doris Morán  fue la encargada de infiltrarse en la familia Restrepo Arismendi para mantenerlos vigilados, con el pretexto de que estaba a cargo de la investigación para dar con su paradero.  

    Bajo ese falso objetivo engañó a la familia, asegurando que tenía informantes en varias partes del país, que le facilitaban las pistas de lo que sucedía con los menores y en manos de quienes estaban. Sin embargo, al mismo tiempo falsificaba pruebas en contra de ambos.

    Cinco días después de la desaparición, el 13 de febrero de 1988, se encontraron los restos del vehículo de los jóvenes en la quebrada Pacha, desde ese momento, aunque no se hallaron los cuerpos, la Policía sostuvo que los hermanos Restrepo se accidentaron y perdieron la vida.

    En agosto de ese año, la familia decidió denunciar públicamente y desde marzo de 1989 realizaron protestas pacíficas frente al Palacio de Carondelet reclamando una explicación de lo que pasó con sus hijos. En 1990 en el gobierno de Rodrigo Borja se  creó la Comisión Nacional de Investigación, junto con el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia.

    Ese organismo concluyó que la responsabilidad de la muerte y desaparición de los hermanos Restrepo recaía en manos de la Policía. Los informes detallaron que el 8 de enero en el Partidero a Tumbaco se desarrollaba un control vehicular, Santiago, quien manejaba, no tenía licencia y habría intentado huir. Luego de una persecución, él y su hermano fueron detenidos y llevados al SIC, donde fueron torturados y asesinados.

    Entre los policías que participaron constan Guillermo Llerena, Trajano Barrionuevo, Camilo Badillo y Hugo España que ocultaron lo sucedido. En la noche del 11 de enero habrían llevado los cuerpos de los jóvenes hacia la laguna de Yambo.

    En 1992, la Policía Nacional conformó la Comisión de Defensa Institucional ante el caso Restrepo y pidió que se los enjuicie por calumnias a la institución. En el año 1994, Luz Elena Arismendi, madre de los menores desaparecidos, murió en un accidente de tránsito.

    El 15 de noviembre de 1994, la Corte Suprema de Justicia dictó 16 años de prisión para Guillermo Llerena y Camilo Badillo, como autores de la detención, torturas y asesinato de los menores; a Trajano Barrionuevo, Juan Sosa y Doris Morán, a ocho  años de reclusión, como cómplices; y a Gilberto Molina y Hugo España a 2 años, como encubridores. Ninguno cumplió la pena completa, sino solo la mitad.

    En diciembre de 2011, restos humanos sin identificación, enterrados por la Policía,  fueron exhumados del cementerio El Batán, al norte de Quito. Luego de realizarles los  exámenes forenses antropológicos, en octubre de 2012, se determinó que no pertenecían a ninguno de los menores desaparecidos.

    Las diligencias para encontrarlos aún continúan, en medio del dolor y congoja de los deudos.